Hace algunos días la doctora Betilde Muñoz-Pogossian, Directora de Inclusión Social de la OEA presentó en el INE la conferencia: Desigualdad y democracia: La inclusión social y acceso a Derechos Humanos en las Américas, abordando algunas de las problemáticas económicas y sociales que se viven en la región y que representan un obstáculo para el pleno desarrollo de las sociedades y la democracia.
Actualmente la mayor parte de las naciones en América Latina y el Caribe han apostado por regímenes democráticos, ya que estos suponen un sistema de equilibrios y contra pesos enfocados en obtener el bien común, es decir, que todos y todas tengan acceso a los mismos derechos y libertades, sin ningún tipo de distinción. A pesar de ello, ésta es la región con mayores niveles de desigualdad del mundo: de los 14 países más desiguales, seis pertenecen a Latinoamérica y según datos de 2018 de la CEPAL, existían en la región 62 millones de personas en pobreza extrema.
Es importante señalar que la desigualdad que se experimenta en los países americanos no deriva únicamente de la distribución dispar de los bienes económicos, sino que ésta, a su vez, es resultado de dinámicas que permiten actos de discriminación en contra de ciertos sectores de la población, incrementando así las desigualdades. El género, la raza, el origen étnico, la identidad o expresión de género, las capacidades físicas o la edad han sido pretextos para excluir o negar los derechos de diferentes comunidades, incluidos los derechos políticos y de acceso a la justicia. Por lo que entonces no solo hablamos de un hemisferio desigual, sino de uno injusto.
Así, las asimetrías socioeconómicas se replican en los espacios de impartición de justicia y político-electorales. En la arena política, uno de los principales problemas es la subrepresentación de las mujeres, las comunidades indígenas y las personas afrodescendientes, o bien, las dificultades de las personas mayores, la comunidad trans o las personas que viven con una discapacidad para ejercer su voto. La doctora Muñoz-Pogossian compartió algunas cifras relevantes que son muestra clara de estas problemáticas.
En Latinoamérica y el Caribe las mujeres representan en promedio el 50 por ciento de la población, de los padrones electorales y de las militancias de los partidos políticos, no obstante, su presencia en los espacios políticos no es proporcional. Por otra parte, el número de personas indígenas en América Latina según la ONU es de 50 millones de personas, siendo Perú y Guatemala los países en dónde la población indígena alcanza el 50 por ciento, pero en los Congresos solo representan el 6.2 por ciento y 12 por ciento respectivamente. La realidad de la comunidad afrodescendiente es similar: en los países con una gran población afrodescendiente, la subrepresentación es una constante, en Brasil sólo conforman el 8.6 por ciento de la Cámara baja y en Ecuador, donde el sistema es unicameral, son el 6.6 por ciento.
Varios estados de la región han implementado medidas para reducir las brechas de desigualdad y garantizar los derechos políticos de las mujeres, atendiendo las particularidades de los muchos sectores de la sociedad. En el caso de México, desde 2014 se instauró el principio de paridad en las candidaturas a Legislaturas locales y federales y recientemente, el Congreso de la Unión aprobó reformas Constitucionales para extender su obligatoriedad a los tres órdenes de gobierno. En el marco del Proceso Electoral Federal de 2018, el INE implementó medidas afirmativas que acompañaron el principio de paridad, por ejemplo, se estableció que las fórmulas femeninas encabezaran las listas de senadurías por el principio de representación proporcional. De forma tal que, en la actualidad, ambas cámaras están cerca de la paridad.
Para las elecciones de 2018 también hubo un gran avance en la representación política de las personas indígenas, después de que se implementara una acción afirmativa para que en los 13 distritos con al menos 60 por ciento de población indígena, los partidos postularan a hombres y mujeres que comprobaran tener un vínculo con su comunidad. Derivado de esta acción afirmativa fueron electos 10 hombres y tres mujeres, sin embargo, hoy 14 personas indígenas integran la Cámara de Diputadas y Diputados, ya que una mujer que se identifica como indígena fue electa en un distrito que no se encontraba considerado dentro de la cuota.
En el INE, todavía tenemos grandes retos de frente para garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de todas y todos, aún son necesarias acciones a favor de la comunidad afromexicana, las personas que viven con una discapacidad intelectual o no visible, para las personas mayores, entre otras. Pues como afirmó la Dra. Betilde Muñoz-Pogossian, la democracia no es compatible con la desigualdad, por lo que, implementar acciones para su erradicación es una tarea que nos compete a todas las autoridades.
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