El uso de nuevas plataformas, aplicaciones ligadas a internet y a dispositivos móviles es un campo ampliamente discutido por las autoridades, en Francia, se ha adoptado una política que pretende detener y sancionar a quienes difundan información falsa (fake news) en el marco de un proceso electoral. El año pasado, la Asamblea Nacional francesa aprobó propuestas de ley que permitirán que partidos y candidatos recurran a instancias jurisdiccionales para frenar la difusión de “información falsa” durante los tres meses previos a la jornada electoral. Dentro de la normativa francesa no se usa el término “falsa información” sino “manipulación de la información”, puesto que solo existen sanciones en caso de que la difusión de tal información tenga como objetivo alterar los resultados de las elecciones.
En México las autoridades electorales desde hace tiempo hemos enfrentado los retos que significan el anonimato y la inmediatez del Internet y el social media en el ámbito político-electoral, en tanto implican un obstáculo para iniciar una investigación, identificar al sujeto que contravenga alguna disposición o bien, impedir la difusión de información falsa. En 2009 presenciamos un caso que puso en evidencia las complejidades del uso de redes sociales en la arena electoral: se difundió en YouTube un video titulado “Yo te vi robando”, contra el Gobernador de Veracruz, por lo que éste presentó una queja, ante el entonces IFE, en contra de un grupo denominado Acción Juvenil Veracruz 2009, presuntamente ligado a un partido político opositor. El otrora IFE declaró infundada la denuncia ya que, a pesar de las diligencias pertinentes, no fue posible relacionar dicho video con ninguno de los sujetos denunciados. Posteriormente, la Sala Superior del TEPJF determinó que resultaba sumamente difícil la adjudicación del video a los denunciados o a algún otro sujeto, debido a la naturaleza del portal, dado que no se establece ninguna medida de verificación de identidad.
Gracias al anonimato que facilitan las redes sociales, también se reproducen discursos de odio que fomentan la discriminación y violencia en contra de grupos en situación de vulnerabilidad. De acuerdo con el informe Violencia Política a través de las Tecnologías contra las Mujeres en México, durante el pasado proceso electoral, de mayo a julio de 2018, las redes sociales en donde las candidatas sufrieron mayores agresiones fueron: Facebook (52 por ciento) y Twitter (39 por ciento). En Facebook, por ejemplo, el 39 por ciento de las agresiones fueron expresiones discriminatorias; amenazas, desprestigio y suplantación de identidad ocuparon el 17 por ciento cada una, mientras que la difusión de imágenes íntimas o información personal representó 5 por ciento en cada caso. El 52 por ciento de las agresiones hacia las candidatas provino de un desconocido.
Sumado al anonimato, la rapidez con la que se propaga información favorece la difusión de datos falsos, siendo perjudicial para la democracia, ya que pueden afectar el resultado de una contienda electoral. En este sentido, la propuesta del INE en los pasados comicios estuvo enfocada en contrarrestar las fake news con información oportuna, verídica y confiable. Con el fin de promover la participación ciudadana durante las elecciones, brindar herramientas a la ciudadanía para combatir el contenido de baja calidad en la red y ejercer de manera informada su derecho a votar, el año pasado se firmaron convenios con las principales plataformas en nuestro país: Facebook, Twitter y Google. Tanto Twitter como Facebook impartieron talleres para un manejo más efectivo de los sitios web, colaboraron en la transmisión de los debates a través de sus plataformas y compartieron a usuarios buenas prácticas en el uso de redes sociales.
Los criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional, incluidos los relativos a propaganda electoral y fiscalización, han evolucionado para responder a las características del social media, convirtiéndose en un insumo fundamental al abordar los casos que se nos presentan. De esta forma, los desafíos que las redes sociales representan son un tema que no debemos dejar de explorar y analizar para trazar una legislación que respete el derecho fundamental a la libertad de expresión.
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