La que tiene el INE es la base de datos más depurada, actualizada y confiable sobre personas mayores de edad en México. En los hechos, el Registro Nacional de Electores es el registro nacional ciudadano del Estado mexicano y la credencial para votar con fotografía es el instrumento que permite ejercer derechos políticos, pero también garantizar el derecho a la identidad, porque desde 1990 en que se creó el otrora IFE, se levantó un padrón electoral base cero, con certeza y confianza de que no votarían personas fallecidas o ninguna otra fuera de ese registro; también se garantizó que no se rasurarían registros según lo decidiera el gobierno en turno o cualquier actor político, fue un ejercicio censal que, desde entonces, mantiene controles para depurar y actualizar la información de forma permanente y con la administración de un órgano autónomo.
Cíclicamente hay voces que piden transferir ese registro ciudadano y todos los datos asociados (biométricos, como las huellas dactilares e incluso agregar el iris) a la Secretaría de Gobernación, para cumplir con lo que originalmente previó la Ley General de Población vigente desde 1992. Ahí se pedía crear una “cédula de identidad ciudadana” y, en tanto eso ocurría, el derecho a la identidad se ejercería con “padrones electorales” según su artículo cuarto transitorio. La realidad es que nunca se levantó un registro ciudadano en Gobernación ni se expidió la cédula; en contraste, el padrón electoral y la credencial para votar del INE ocupan esa función, porque a diferencia de otras experiencias en el mundo, aquí sí es un tema de confianza mantener el documento de identidad que sirve para votar, sin intervención o administración directa de gobiernos o partidos.
Por eso, la autoridad electoral ha sostenido, una y otra vez, que ya existe un documento de identidad ciudadana y que ese documento es la credencial para votar con fotografía asociada a datos biométricos que resguarda el padrón. Es decir, existe ya un registro de mayores de edad a cargo de una institución del Estado que es el INE,y, por ello, impulsar otra credencial distinta u otra base espejo, sin una ponderación racional, generaría riesgos considerables, no sólo porque expertos y organismos responsables de la protección de datos recuerdan siempre que con biométricos no es recomendable flexibilizar su consulta o tomar por varias vías un mismo registro, sino también por el enorme gasto que implica duplicidad de esfuerzos y padrones, así como otros riesgos a considerar en el ámbito comicial, por ejemplo, la afectación en el número de personas que actualicen su credencial para votar debido a que al mismo tiempo deben tramitar otra credencial para identificarse en manos de otra institución que no es la electoral.
Sigo sosteniendo que es un error poner a competir dos credenciales y que es un gasto inútil construir, actualizar y depurar dos bases de datos ciudadanas distintas en manos del mismo Estado. Si se optara porque fuera la misma base de datos, pero que ahora regresara su actualización y depuración, como en 1988, a manos de la Secretaría de Gobernación, estaríamos generando un problema de confianza ya superado, porque las listas de quién puede y quién no puede votar nuevamente se irían a la órbita del gobierno en turno.
Creo que hay puntos intermedios que pueden explorarse con diálogo constructivo, que sólo será posible si hay espacios de interlocución para escuchar razones técnicas y las consecuencias que implica retomar el impulso de una cédula de identidad diversa a la que ya existe con legalidad. La credencial de elector puede ser, sin duda, simultáneamente, instrumento de votación y de identidad, veamos cómo, y cómo incluimos a los menores de edad.
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RESUMEN
