VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y LAS SECRETARÍAS DEL BIENESTAR Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN MATERIA DE PROGRAMAS SOCIALES, REALIZADA EN EL AUDITORIO DEL INSTITUTO
Presentadora: Bienvenidas y bienvenidos a la Firma del Convenio de Colaboración que celebran en el Instituto Nacional Electoral, la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de la Función Pública.
Preside en este acto el doctor Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral; como testigo de honor la doctora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, Secretaría de Gobernación; la ingeniera María Luisa Albores González, Secretaría de Bienestar y el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral.
Agradecemos la presencia en este evento de funcionarias y funcionarios del Gobierno Federal y del Instituto Nacional Electoral, representantes de partidos y medios de comunicación que nos acompañan.
Para dar inicio, damos el uso de la voz a la ingeniera María Luisa Albores González, Secretaría de Bienestar.
Secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González: Hola buenos días.
De parte de la Secretaría de Bienestar traemos un mensaje, le daré lectura, con su permiso doctora Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, un gusto estar acá con usted.
Doctor Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral y el licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral y a todas y todos ustedes que se dan cita hoy y también, para ratificar el mensaje que queremos dar desde la Secretaría de Bienestar a nuestro país.
Primero decirles que es un gusto estar esta mañana con ustedes para ratificar que desde la Secretaría de Bienestar estamos comprometidos con la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas.
Queremos hacer realidad la esperanza de millones de personas, de mejorar sus condiciones de vida, de apoyar a los más necesitados y las más necesitadas y de que las familias vivan con bienestar y con tranquilidad.
Somos conscientes que el dinero de los programas sociales nunca más debe de utilizarse con fines políticos o electoreros, es una instrucción de nuestro Presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, no permitir actos de corrupción ni delitos electorales.
Tampoco vamos a solapar delitos cometidos por los servidores públicos y menos con los recursos destinados a atender a las personas que viven en situaciones vulnerables y de pobreza.
Tomaremos las acciones pertinentes en caso de identificar que algún servidor público está utilizando de manera incorrecta los recursos públicos durante procesos electorales, por lo tanto, reafirmamos que durante los procesos electorales que se llevarán a cabo, éste y los siguientes años se fortalecerán los mecanismos de control para el ejercicio transparente y correcto de los recursos públicos.
Se implementará un mecanismo para prevenir y evitar que las operaciones de los programas de bienestar influyan en el ambiente electoral.
En este sentido, vamos a poner a disposición del Instituto Nacional Electoral la información que se requiera en las entidades donde habrá procesos electorales, así como las reglas de operación de los programas de bienestar, con el fin de ser transparentes, tanto en el mecanismo de entrega de los apoyos, como de las personas responsables de los mismos programas en las entidades federativas.
Estos compromisos los vamos a formalizar con la firma de este convenio general de colaboración entre el INE, la Secretaria de la Función Pública y la Secretaría de Bienestar.
Es para mí un privilegio contar para la firma de este instrumento con la presencia de la doctora Olga Sánchez Cordero, Titular de la Secretaría de Gobernación.
Muchas gracias.
Presentadora: En este momento, procederemos a la firma del convenio.
(Firma del Convenio)
Presentadora: Para continuar, damos la palabra a la doctora Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación.
Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero: Muchísimas gracias.
Muy buenos días a todas, a todos ustedes, funcionarios, funcionarias del Gobierno Federal, del Instituto Nacional Electoral, muchísimas gracias, al doctor Lorenzo Córdova, Presidente de este Instituto por su anfitrionía.
También saludo muy afectuosamente a Edmundo Jacobo, muchas gracias Edmundo por estar aquí, por firmar este convenio y, desde luego, a mi compañera en el gabinete, la ingeniera María Luisa Albores.
Es un privilegio que distingue a la Secretaría de Gobernación, al actuar el día de hoy como testigo del convenio que celebra el Instituto Nacional Electoral y dos de las Secretarías de Estado: la de Bienestar y la de la Función Pública, quien ofrece disculpas por no estar presente el día de hoy, pero el día de ayer firmó el convenio y por cuestiones de agenda no está con nosotros.
Este convenio es con el propósito de asegurar que los programas sociales y los recursos que a ellos se destinan en el Presupuesto de Egresos de la Federación sean utilizados con estricto apego a la Constitución y a las leyes.
El artículo 134 de nuestra Carta Magna establece, y cito textual:
“…los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los municipios, y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México tienen, en todo tiempo, la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad —y subrayo— sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos…”.
Fin de la cita del artículo 134.
Esta norma es de orden general y no distingue el destino de los recursos públicos, sino que al establecer en positivo una obligación, la de aplicar con imparcialidad esos recursos, también establece dialécticamente una tajante prohibición: que los servidores públicos influyan en la equidad, en la competencia entre los partidos políticos.
Es en la operación de los programas sociales y en el uso de sus recursos en donde se han producido los problemas que bien conoce la sociedad y este Instituto Nacional Electoral, que lleva años tratando de evitar.
Hoy, con la firma de este convenio con este Instituto, el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador acredita con hechos su voluntad y decisión para desterrar de la competencia electoral cualquier influencia o injerencia indebida o ilegal de servidores públicos.
Los programas sociales que se diseñan y aplican en el Gobierno del Presidente López Obrador son y serán ajenos a cualquier sesgo o favoritismo partidista.
Por eso, me complace y me honra atestiguar la firma de este convenio que hoy suscriben mis compañeras y colegas, las Secretarias de Bienestar y de la Función Pública, así como los funcionaros del Instituto Nacional Electoral.
Muchas gracias al Instituto, muchas gracias a todos ustedes por su presencia, y qué bueno que estamos suscribiendo el día de hoy este convenio, mi querido Presidente Lorenzo Córdova.
Presentadora: Finalmente escucharemos el mensaje del doctor Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias.
Muy buenos días a todas y a todos.
Doctora Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación; licenciada María Luisa Albores González, Secretaria de Bienestar; señora Secretaria, le ruego extienda mi reconocimiento, saludos a la doctora Irma Eréndira Sandoval, Secretaria de la Función Pública que suscribe este convenio, que ha suscrito este convenio, y que hoy lamentablemente por cuestiones de agenda no nos acompaña.
Señor Secretario Ejecutivo, colegas del Consejo General, colegas del Instituto Nacional Electoral, funcionarios de las secretarías involucradas en este convenio.
Una de las preocupaciones más reiteradas y persistentes en el diseño de la democracia mexicana y en el trayecto de su instrumentación desde hace 30 años ha sido garantizar el desarrollo equitativo de las elecciones.
Para ello ha sido fundamental prevenir y evitar que recursos y poderes públicos o privados influyan de cualquier forma o sentido en los procesos electorales alterando de esa manera las condiciones de la equidad en la contienda.
Esta preocupación se ha materializado en las diversas disposiciones normativas que garantizan la imparcialidad, en primer lugar, como lo ha citado la Secretaria Sánchez Cordero en el artículo 134 constitucional, que sirve de parámetro de referencia en estos temas.
Uno de los ámbitos en los que se adquiere especial importancia a la prevención, el control, y la sanción al uso indebido de recursos públicos con fines electorales es el que tiene que ver con el uso de los programas sociales.
En un país como el nuestro, con las desigualdades y los niveles de pobreza que lamentablemente afectan a amplios sectores de la población, y constituyen uno de los grandes problemas nacionales que todavía debemos resolver.
El desvío de recursos públicos destinados a la población con mayores necesidades para fines político electorales representa, no sólo un acto ilegal, sino también una grave vulneración a los derechos sociales, y un ataque frontal a la vida democrática y a la cohesión social tan necesaria en nuestro país.
A este respecto, hay que recordar que la actual Legislativa aprobó, por cierto, una reciente reforma constitucional para considerar como delito grave el uso de programas sociales con fines electorales.
Y a penas el pasado martes, aquí en el INE, este Instituto firmó con la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, particularmente con su Titular, el doctor José Agustín Ortiz Pinchetti, un convenio de colaboración para coadyuvar en la prevención y sanción de conductas de este tipo.
El convenio que hoy firmamos se inscribe justo en esa misma lógica; como ya se ha referido, el objetivo es establecer un mecanismo de colaboración entre la autoridad electoral y el gobierno federal para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, las instituciones involucradas impulsemos una estrategia preventiva, y las acciones necesarias para evitar que la operación de programas sociales influya en cualquier forma o sentido en los procesos electorales federales, locales y concurrentes.
Buscamos con ello garantizar la correcta aplicación de los recursos públicos y generar las condiciones para el ejercicio de un voto libre, que es la condición indispensable para la vida pública democrática en el país.
Entre otros compromisos adquiridos, la Secretarías de Bienestar y de la Función Pública proporcionarán a este Instituto toda la información relacionada con el padrón de beneficiarios de los programas sociales en los estados en donde se celebren elecciones, así como el procedimiento de la entrega de los beneficios establecidos en dichos programas con base en las reglas de operación respectivas y la información necesaria sobre los servidores públicos encargados de distribuir los apoyos sociales.
Nos alienta que este convenio tenga como testigo de honor a la Secretaria de Gobernación, la doctora Olga Sánchez Cordero, su presencia y participación en este acto, y por supuesto también la presencia de la Secretaria María Luis Albores, y en ausencia, pero plasmada en el convenio, la doctora Irma Eréndira Sandoval.
Muestra el compromiso del Gobierno de México con la cultura de la legalidad, la transparencia, y la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, y en particular con el impulso de acciones para prevenir y evitar el uso político electoral de programas sociales.
El INE es la autoridad fiscalizadora de la política y las elecciones, y es garante de la equidad en las contiendas frente a partidos políticos y poderes, tanto el federal como los estatales y municipales.
Por eso, hace un par de semanas emitimos unos lineamientos que con base en la Constitución marcan una frontera infranqueable de la propaganda gubernamental, establecen la conducta imparcial a la que deben someterse los servidores públicos, desde el Presidente de la República, hasta los Presidentes Municipales en los estados donde hay elecciones, así como el uso no políticos de los programas sociales y, también, las conductas de actores públicos y privados que podrían traducirse en compra o coacción de votos.
En la vigilancia de esas conductas, el INE será, como ha ocurrido, implacable en la aplicación de las sanciones que corresponda.
Debo señalar que nos resulta muy satisfactorio que el convenio que hoy suscribimos tengan una vigencia, hay que subrayarlo, hasta el 30 de septiembre de 2024, es decir, los compromisos que hoy asumimos en este convenio de colaboración se extenderán hasta el último día de la actual administración federal.
Actualmente, vivimos en México una pluralidad en la que prácticamente todos los partidos políticos ejercen responsabilidades de gobierno a nivel federal, estatal o municipal.
Nuestra democracia en el plano electoral ha permitido tres alternancias en la Presidencia de la República en las últimas dos décadas, y a partir de la Reforma Electoral de 2014, hemos sido testigos y actores del mayor número de alternancias a nivel estatal y municipal, pero también en el plano federal, de toda nuestra historia como lo revelan los resultados y los cambios en el poder de las elecciones de 2015, 16, 17 y 2018.
Gobiernos de todo signo político administran hoy recursos y programas públicos en los distintos niveles de gobierno y, en consecuencia, todos los gobiernos y todas las fuerzas políticas tienen la responsabilidad de cumplir y velar por el cumplimiento de los principios constitucionales de equidad, imparcialidad y legalidad.
El acuerdo que hoy firmamos, por lo tanto, no tiene un destinatario único, nos atañe a todos, a las y los funcionarios de los poderes ejecutivos, y a las y los legisladores de los tres niveles de gobierno.
Atañe, por supuesto, a todas las autoridades electorales, locales y nacional, y obliga también a los partidos políticos, candidatos y candidatas que buscan la confianza ciudadana para representarlos en los distintos cargos públicos por los que contienden a través del voto.
Todas y todos debemos tener claro que no hay democracia cuando los programas sociales se usan con fines electorales, no hay democracia cuando los recursos que deben llegar a los más pobres se desvían para promover candidaturas y partidos, no hay democracia cuando se condiciona o restringe el ejercicio de derechos sociales.
Solo puede haber democracia cuando toda la ciudadanía, independientemente de su contexto, condición social y económica, y signo o ideología política, pueden ejercer en completa libertad su derecho al voto.
Solo puede haber democracia cuando la ciudadanía política materializada de forma destacada en el ejercicio del voto y en la participación electoral, se conjuga virtuosamente con la ciudadanía social, si se me permite la expresión, expresada en el ejercicio y garantía de los derechos sociales.
Celebremos que este convenio ratifica la convicción institucional de los signatarios por la equidad en los procesos sociales; la prevención en el uso electoral de programas sociales, y nos obliga a todos seguir preservando así la pluralidad política en el pleno ejercicio de los derechos sociales y políticos de todas y todos los mexicanos.
Por nuestra parte, en el INE, como lo corresponde en nuestra función y el mandato constitucional, estaremos vigilantes de que la equidad en la contienda prevalezca, y agradecemos que con este convenio el INE tendrá también acceso para garantizar y demostrar el uso imparcial de los programas sociales federales, locales y municipales.
Y en caso de no ser así, como ha ocurrido, ahí estará el INE también para velar por la equidad en la contienda.
Muchísimas gracias a las secretarias por, digamos, acto que hoy nos permite refrendar esta disposición colectiva por fortalecer nuestra democracia.
Presentadora: Es así como concluye este acto.
Gracias por su asistencia.
Que tengan muy buenos días.
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