El pasado 5 marzo, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Instituciones de Crédito y al Código Civil, con el fin de que personas entre 15 y 17 años puedan ser titulares al abrir una cuenta bancaria, aun sin la autorización de sus padres o tutores. La iniciativa, enviada por el presidente de la República, busca utilizar el sistema bancario para que esta población menor de edad pueda recibir salarios y apoyos (transferencias de dinero) del gobierno federal.
El debate en la Cámara de Diputados se centró en los riesgos en materia de seguridad y lavado de dinero que estas nuevas disposiciones implicarían. Por ello se añadieron artículos transitorios que ordenan al propio Congreso legislar con el propósito de evitar que ese tipo de cuentas se usen para que ingresen al sistema bancario recursos de procedencia ilícita. Todo ello debe llevar a los legisladores al análisis de la forma en que se proporcionará un medio accesible y seguro de identificación personal a los jóvenes que se quiere incorporar al sistema financiero.
Según datos de la Asociación de Bancos de México (ABM), 95 por ciento de los trámites bancarios que requieren un documento de identificación se realiza con la credencial para votar que expide el INE. Este porcentaje es similar para los trámites gubernamentales, a pesar de que su uso no es obligatorio. En los hechos, la credencial para votar cumple las funciones de medio de identificación oficial.
El uso de la credencial para votar como medio de identificación se ha ido perfeccionando. En 2004, el INE y la ABM establecieron un sistema de verificación de credenciales vigentes, para su utilización en sucursales al momento de realizar los trámites. Más recientemente, en 2015, el INE lanzó el sistema de autenticación de identidad en línea mediante la utilización de huellas dactilares, que permite acreditar fehacientemente y en tiempo real la identidad de las personas.
Actualmente, el sistema de autenticación de identidad en línea lo utilizan más de 20 instituciones, principalmente de carácter financiero, entre las que destacan los cuatro bancos más grandes de México. El número de usuarios institucionales ha aumentado año con año, al mismo tiempo que las consultas diarias han venido creciendo a un ritmo acelerado. La aplicación del sistema ha probado su eficacia en detectar y prevenir el robo de identidad. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores recientemente emitió ya una circular para hacer su uso obligatorio.
La falta de medios para garantizar el derecho a la identidad de los jóvenes entre 15 y 17 años, una población estimada en 7.1 millones de personas, es un obstáculo para su inclusión en el sistema financiero. La Cédula de Identidad Personal y el Registro Nacional de Menores, previstas en la Ley General de Población, permanecen en calidad de letra muerta. El intento por ponerlos en práctica durante el gobierno de Felipe Calderón naufragó.
Pero la experiencia dejó una importante lección: para avanzar rápido y a un costo razonable es necesario integrar lo que ya existe en un solo sistema y evitar caer en la tentación de construir uno nuevo desde cero. Esto se puede lograr con cambios legales que transformen al actual Registro Nacional de Población (Renapo) en una autoridad coordinadora de registros ya existentes. Así se podría aprovechar la infraestructura de atención al público que ya tienen instituciones como el INE, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Población para llegar a los jóvenes de entre 15 y 17 años e incorporarlos a un sistema nacional de identificación personal.
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