Lo primero que, desde mi punto de vista debe resaltarse, es que la gran mayoría de los sujetos obligados cumplieron con su obligación de rendición de cuentas. De los 624 informes esperados, se entregaron 620 y en los cuatro casos omisos hubo reporte de operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización.
Durante sus actividades de auditoria, la Unidad Técnica de Fiscalización revisó 10.5 mil millones de pesos en ingresos y 9.5 mil millones de pesos en egresos.
Otra forma en la que se puede medir el nivel de cumplimiento, de las obligaciones de fiscalización, de los partidos políticos es la tasa de reporte de ingresos y egresos. De todos los recursos que entraron a los partidos políticos, no informaron a la autoridad, sólo del 0.03 por ciento de ellos y de todos sus gastos no reportaron a la autoridad fiscalizadora, el 0.31 por ciento.
Es decir, los partidos políticos muestran un cumplimiento con las disposiciones de la autoridad, orientado a que los ciudadanos conozcan de dónde provienen sus ingresos y en qué los gastan, es algo que creo que no debe dejar de reconocerse.
De la revisión que hizo la Unidad Técnica de Fiscalización y de las aclaraciones que hicieron los partidos, en respuesta al oficio de errores y omisiones que se les notificó, se proponen sanciones a este Consejo General por un total de 327.2 millones de pesos.
Hay que señalar que la fiscalización de los informes se hizo para todos los partidos y no se incluyen sanciones, sólo en el caso del Partido Nueva Alianza, debido a que el Tribunal Electoral ya confirmó la pérdida de su registro, en consecuencia, al no haber financiamiento público y estar en proceso de liquidación, se considera que no tiene ya la capacidad económica.
En el caso del Partido Encuentro Social, aún está pendiente la confirmación por parte del Tribunal Electoral del acuerdo de pérdida de registro, aprobado por el Consejo General.
Y en el proyecto de dictamen se presentan sanciones que se aplicarían en el momento en que quedara firme el acuerdo del Consejo o cambiar a la situación jurídica del Partido Encuentro Social.
En este proyecto de dictamen, se propone sancionar 38 conductas distintas. Cuatro de ellas, concentran el 50 por ciento del total de las multas propuestas. Los comités ejecutivos nacionales, concentran el 13 por ciento del total de las sanciones, mientras que, para los partidos políticos nacionales con acreditación local, los partidos políticos locales, corresponde el 80 por ciento, 87 por ciento, perdón, de las sanciones restantes.
Las dos conductas con las multas más altas, son la n o comprobación de ingresos y el reporte de gastos en un informe distinto al fiscalizado.
Para los comités ejecutivos nacionales, la conducta más sancionada es el reporte de gastos en un informe distinto al fiscalizado, mientras que los partidos nacionales con acreditación local y partidos locales, es el egreso no comprobado.
En todos los casos, la Unidad Técnica de Fiscalización, ha capacitado a los partidos políticos para que puedan mejorar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de fiscalización.
Adicionalmente a las sanciones, del dictamen se derivan varios tipos de vistas. Por ejemplo, hay 23 vistas al servicio de administración tributaria por proveedores con operaciones con partidos por más de mil 500 UMAS, que no se localizaron en el domicilio que indican en las facturas que expiden y que no tuvieron cambio de domicilio. Y 283 por no enterar impuestos a la Secretaría de Hacienda.
Igualmente, se proponen 55 vistas a la Secretaría Ejecutiva del INE por proveedores y aportantes con aportaciones de más de mil 500 UMAS, que no respondieron a los requerimientos formulados por la Unidad Técnica de Fiscalización.
Estas vistas lo que buscan es proteger los mecanismos para realizar la fiscalización de los recursos de los partidos políticos.
También hay 89 vistas a los OPLES, porque los partidos nacionales con acreditación local o partidos locales, no realizaron todas sus tareas editoriales.
Respecto a los saldos d ellos partidos durante el ejercicio 2017, quisiera hacer algunos comentarios. En primer lugar, resaltar que por primera vez el Informe Anual Ordinario, incluye un estado de resultados consolidados de los partidos políticos nacionales. Es decir, tomando en cuenta los ingresos y los gastos de sus capítulos estatales, en el que los ingresos, egresos y saldos de los comités ejecutivos estatales y el nacional se consolidan en un solo reporte.
Estos estados de resultados contribuyen a la transparencia y a la rendición de cuentas de los sujetos obligados que operan predominantemente con recursos públicos.
En segundo lugar, el proyecto que presenta la Comisión de Fiscalización, propone la transferencia de saldos por dos conceptos: Impuestos por pagar posteriores a 2015 y gasto no ejercido en capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, igualmente posteriores al 2015.
El propósito es que antes de sancionar debemos asegurarnos que los recursos de los partidos por esos dos conceptos lleguen a su destino final, que son las haciendas públicas y las actividades que propicien el desarrollo político de las mujeres.
Durante este año los partidos deberán cubrir los saldos, es decir, durante el 2019, es lo que propone el proyecto, que se hayan identificado por estos conceptos que provienen del 2017. Si no lo hicieran se les sancionará ahora como se está sancionando por los impuestos pendientes de pago y el gasto no ejercido en el desarrollo político de las mujeres, ambos de 2015.
Para concluir quisiera agradecer la dedicación y el profesionalismo de la Unidad Técnica de Fiscalización y de sus direcciones de auditorio, riesgo y resoluciones y normatividad.
Muchas gracias, Consejero Presidente.
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