No deja de ser paradójico que el INE enfrente el mayor recorte de su historia cuando para 2019 presentó la solicitud presupuestal más baja de su existencia. Sin embargo, en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, sin mediar razonamiento alguno o la más mínima motivación, la Cámara de Diputados redujo al INE 950 millones de pesos, que representan ocho de cada diez pesos solicitados para los proyectos a desplegar en 2019.
El recorte se da en un año de crecimiento del gasto público: el Presupuesto de Egresos de la Federación aumentó 5.6% de 2018 a 2019. Así que en un contexto de expansión presupuestal, no hubo elementos objetivos desde la óptica de las finanzas públicas que sustenten la decisión de afectar de manera drástica el presupuesto, la operación y las atribuciones del INE. Por eso no podemos simplemente callar.
Corresponde, en primer lugar, impactar el recorte en la contabilidad del INE. De los 950 millones de pesos, el INE redujo en definitiva 331 millones reduciendo partidas propias. Pero quedan 619 millones que más que son el costo del trabajo de instalación de casillas que no pueden cancelarse en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas.
El INE no se plantea siquiera comprometer el ejercicio de los derechos como el trámite gratuito de las credenciales para votar, de las que se prevé entregar 15 millones en 2019.
Frente a una decisión que pone en riesgo atribuciones constitucionales para garantizar derechos políticos, el INE no va a actuar generando un problema político al no participar en las elecciones locales, que es la tesitura en la que lo colocó la decisión de la Cámara de Diputados, sino que va a utilizar dos instrumentos irrenunciables en democracia: el diálogo y el derecho.
El Consejo General del INE instruyó al secretario Ejecutivo gestionar ante la Secretaría de Hacienda una ampliación de los 619 millones de pesos faltantes. De momento esa cifra se impactó a la baja con cargo al capítulo 1000, de servicios personales, a ejercer en la segunda mitad del año. El INE no contempla despidos, disminuciones de percepciones, ni incumplir con el pago de impuestos. Con la decisión de impactar el recorte y de programarlo en el segundo semestre del ejercicio, se genera tiempo para que con las propias autoridades hacendarias se pueda alcanzar la suficiencia presupuestal mínima requerida por el INE para este ejercicio fiscal.
La segunda vía, complementaria, es la presentación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación de una controversia constitucional contra el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
Las razones son públicas: el recorte no fue fundado, no tuvo motivación, se aplicó cuando el presupuesto general creció, no tomó en cuenta la propia disminución presupuestal y salarial propuesta por el INE con base en el ejercicio de su autonomía.
Por fortuna, para esta situación inédita hay una vía explícita, prevista en el artículo 105 constitucional, que precisa que la Corte conocerá de las controversias que se susciten entre un órgano constitucional autónomo y el Congreso.
Los consejeros electorales consideramos seriamente que se está poniendo en riesgo la autonomía, la independencia y el cumplimiento de atribuciones las constitucionales del INE. Acudimos a la Suprema Corte con la solicitud de que, como máximo tribunal y desde la división de poderes, defienda la permanencia presente y futura del INE como un organismo autónomo indispensable en la vida democrática y republicana de México.
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RESUMEN
