El pasado 12 de septiembre, el Consejo General del INE aprobó el Protocolo para la implementación de Buenas Prácticas en el Ejercicio de los Recursos del Gasto Programado: Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres, dado la necesidad de erradicar la simulación respecto al destino de los recursos públicos entregados a los partidos políticos para el fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres. Ya que, en muchas ocasiones, el reporte de gasto no suele corresponder en sentido estricto al monto presupuestado, o bien, este financiamiento se ha utilizado para cubrir otros gastos ordinarios.
Con este Protocolo, el INE pretende que los partidos políticos cuenten con una herramienta que los oriente para una correcta aplicación de los recursos etiquetados para estos fines, por lo que el documento ejemplifica puntualmente qué tipo de actividades se encuentran amparadas por el gasto programado y cuáles no; se enlistan diversas buenas prácticas tanto a nivel nacional como internacional con el fin de que, en su caso, puedan ser replicadas, y se enmarca la importancia de desarrollar los Programas Anuales de Trabajo a partir de diagnósticos integrales sobre la discriminación, desigualdad y violencia política contra las mujeres por razón de género, con el propósito de que se tomen las medidas adecuadas para combatirlas.
Desde el INE, estamos convencidas y convencidos de que éste es un momento idóneo para consolidar los avances en materia de igualdad, ya que, tras de las elecciones del 1 de julio pasado, el Congreso de la Unión, como nunca antes en nuestra histórica democrática, estará más cerca de alcanzar una integración paritaria, dado que, para el caso de la Cámara de Diputadas y Diputados, las mujeres tendrán el 48.2% de los espacios en dicho órgano legislativo, y 49.2%en el Senado.
Al respecto, cabe mencionar que los niveles al alza que hemos obtenido en la representación política de las mujeres en los últimos años, particularmente en los órganos legislativos federales, si bien son logros plausibles, ciertamente no se han dado de manera natural por el tránsito de un sistema de cuotas de género a un sistema paritario; sino que estos cambios, en esencia, son el resultado de varias estrategias complementarias, que si bien incluyen la aplicación de dichos modelos evolutivos de cuotas y ahora de paridad, también se han nutrido de medidas adicionales como el de la obligación que tienen los partidos políticos para capacitar y promover los liderazgos de las mujeres al interior de sus estructuras.
Y es que, en este contexto, diversos estudios han señalado que muchas de las barreras que deben superarse en materia de igualdad, tienen origen en ciertas dinámicas y malas prácticas que se reproducen principalmente al interior de los partidos políticos. Ejemplo de lo anterior es que la subrepresentación histórica de las mujeres en los espacios políticos, no ha encontrado una justificación real en la falta de interés de las mujeres para competir en las elecciones, ni mucho menos por una presencia minoritaria de mujeres en la base militante de los partidos políticos. La razón parece ser más banal, y se refiere a una falta de voluntad de las instituciones políticas para promover candidaturas de mujeres, así como sus liderazgos incluso en sus propias estructuras partidistas.
En atención a estos escenarios, desde 2008 y hasta 2014, los partidos políticos con registro federal han tenido la obligación de destinar anualmente un mínimo del 2% de su financiamiento público ordinario para actividades de Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo de las Mujeres
A partir de la Reforma Política-Electoral de 2014, este porcentaje se incrementó a un mínimo del 3%, siendo el INE la autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de ese gasto programado, tanto para el caso de las fuerzas políticas nacionales, así como para los partidos políticos locales, estos últimos en función de los porcentajes de sus normativas respectivas.
Debemos tener en cuenta que aún hace falta mucho más para revertir el escenario cultural que sigue viendo con malos ojos la presencia de las mujeres en la política y en los puestos de toma de decisiones, y que, en consecuencia, impone a las mujeres diferentes barreras que les impide que puedan desarrollarse al interior de los partidos políticos.
Por eso, la tarea que realiza el INE respecto a la fiscalización del financiamiento público etiquetado para el fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres, ahora más que nunca resulta crucial para la consolidación de una democracia incluyente y paritaria en el país, no sólo a nivel nacional sino también en el ámbito local, a efecto de enfrentar estas prácticas de simulación, en el entendido de que el correcto ejercicio de los recursos públicos para estos fines es una vía indispensable para garantizar su acceso al espacio público y al ejercicio de sus derechos político-electorales en condiciones de igualdad en nuestro país.
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