Hoy somos 90 millones de personas que podemos votar en México, 52% son mujeres y 48% hombres. Una representación en cargos de gobierno o legislativos que reflejara ese mismo porcentaje sería lo natural, lo justo, y aunque hemos tenido avances notables, la historia y lucha de las mujeres por remontar una discriminación de centurias y machista todavía no termina de alejar conductas que denigran la actividad política, el respeto a la ley, a la Constitución y a los derechos humanos.
Fue hasta 1953 cuando se reconoció el derecho al voto para las mujeres en nuestro territorio; en 1996 se avanzó en la llamada “cuota de género” para propiciar que desde los estatutos partidarios hubiera más mujeres candidatas para ocupar cargos legislativos, aunque fue un avance mínimo pese a que en el 2002 se convirtió en obligación para presentar listas de candidaturas, era todavía una medida que se burlaba porque la cuota, al ser sólo de 30% el mínimo para postular de un mismo género, ese mínimo era ocupado siempre por mujeres y en postulaciones que además se hacían en territorios poco competitivos para el partido correspondiente, un mero trámite que se reflejaba en congresos que después de las elecciones se conformaban una y otra vez con un número abrumadoramente mayor de hombres.
La cuota de género ganó 10% más con la reforma 2007, quedando en 40% y ya no sólo 30%, el mínimo de candidaturas para un mismo género (lo justo sería 52% para mujeres si consideramos que ésa es la proporción de votantes).
Continuaron, sin embargo, las resistencias y entonces atestiguamos el episodio conocido como “juanitas” (debería de ser “juanitos”), en donde la fórmula respetaba ese porcentaje, pero se colocaba como suplente a un hombre y si la mujer candidata ganaba la forzaban a renunciar para que el suplente hombre ocupara la curul o el escaño. Tuvo que intervenir entonces el Tribunal Electoral para revertir esa simulación y luego en el 2014 se logró, primero, que estuviera prohibido postular suplentes de género distinto, segundo, que la cuota fuera paritaria entre hombres y mujeres (50-50), y finalmente se avanzó desde la autoridad electoral y en reglas para garantizar que la postulación no se hiciera únicamente en distritos donde el partido tuviera antecedentes de votación baja, se construyeron criterios para clasificar los distritos por niveles de competitividad e impulsar acciones favorables a la participación de las mujeres.
En el 2015, el Congreso vio efectos positivos, todavía insuficientes, gracias a ese proceso: en el 2015 la Cámara de Diputados tenía 42.2% de mujeres y 55.8% de hombres, pero en el Senado teníamos todavía la integración 2012, con 86 hombres (67.2%) y sólo 42 mujeres (32.8%), y apenas en la legislatura 2006-2012 había sido más ancha la brecha: 106 (82.8%) hombres y 22 (17.2%) mujeres.
Resulta increíble, pero a pesar de esa historia, en Chiapas fueron varios partidos políticos, de manera destacada los de registro local, quienes optaron este 2018 por nuevamente tratar de burlar el principio constitucional que ordena la paridad de candidaturas a cargos legislativos y ayuntamientos. Las reglas para asignar diputaciones de representación proporcional o regidurías en esa entidad obligaban a postular de manera paritaria e impedían que se anotaran como suplentes candidatos hombres en fórmulas encabezadas por mujeres. En caso de renuncia de una mujer y su suplente mujer, se asignaría el triunfo a otra mujer, la siguiente en la lista del partido incluida en la fórmula. Entonces llegó lo insólito, renunciaban todas las mujeres de la fórmula, la presencia completa de mujeres en esa fórmula. Es decir, las ganadoras eran engañadas o presionadas para renunciar y también todas las mujeres en la lista de representación proporcional o planillas de ayuntamientos para que sólo quedaran hombres disponibles y fueran ellos quienes pudieran ocupar el lugar vacante.
El órgano electoral de Chiapas alertó sobre el fenómeno que se replicó en decenas de casos y actuó con valentía para frenar esta situación, mientras el INE emitió un acuerdo para garantizar que si un partido tenía renuncia masiva de mujeres, el lugar lo ocuparía no un hombre, sino la mujer postulada por otro partido con la votación más cercana, siempre preguntando e informando antes las consecuencias de su renuncia a mujeres ganadoras postuladas por partidos que en lugar de sentirse satisfechos por el triunfo engañan a sus propias candidatas para intentar darle paso a hombres. Cerremos de una vez estas prácticas que son denigrantes y que se legisle en consecuencia. El Congreso tiene aquí un tema al que ya no le puede dar la vuelta.
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RESUMEN
