El modelo de fiscalización electoral está diseñado para auditar e impedir que los gastos de campaña no involucren dinero indebido ni montos excesivos que desnivelen el terreno de la competencia. En el 2018 se estrenó un escenario inédito porque nunca antes una contienda federal había sido coincidente con 30 locales y tampoco porque una misma autoridad electoral a nivel central había sido responsable, durante comicios presidenciales, de verificar el comportamiento de los recursos utilizados en todas esas contiendas.
El universo fiscalizable de este proceso implicó a 17,699 candidaturas que disputaron en las urnas 3,406 cargos electivos. La tarea del INE no sólo era cotejar la solvencia o veracidad de facturas sobre lo que reportan haber gastado en los informes presentados por los propios partidos o candidaturas independientes. Se realizaron, de forma adicional a la compulsa, monitoreos permanentes para detectar omisiones; es decir, contrastar lo que ocurría en campo y lo que se registraba formalmente, por ejemplo, con espectaculares, lonas, vallas, inserciones propagandísticas en medios impresos o eventos proselitistas que en caso de no tener un respaldo en los informes se tradujeron en sanciones económicas y se contabilizaron como parte del tope establecido para el gasto en cada campaña beneficiada. Este trabajo se logró concretar con 5,010 recorridos que registraron un total de 105,520 testigos de propaganda, además, 15,273 constancias que dieron cuenta de la propaganda colocada por los candidatos en internet, redes sociales y 6,504 testigos de propaganda en medios impresos.
Hoy no sólo son multas a partidos las consecuencias por rebasar esos topes, se afecta directamente a las candidaturas que incurren en ello porque los plazos legales ya no permiten que primero ocupen los cargos y luego se fiscalice y sancione. Eso explica que se hayan reducido considerablemente los casos en donde se cruzara ese límite, porque desde la reforma del 2014, gastar más del umbral dispuesto, en competencias cerradas, puede significar anulación automática del triunfo e impedimento a volver a participar en la elección inmediata.
Hace seis años no existían esas sanciones y se acreditaron 195 rebases en los topes de gasto en candidaturas federales, ahora sólo tuvimos cinco casos y ninguno de ganadores.
A nivel nacional, el INE puso lupa en las 593,513 operaciones que involucraron recursos, entrantes y salientes para campañas por más de 10,527 millones de pesos. De este monto, 5,334.7 millones corresponden a ingresos y 5,192.6 millones representan los gastos.
En el ámbito federal, se analizaron 165,703 operaciones que implicaron 2,686 millones de pesos entrantes a las elecciones de presidente, senadores y diputados, en tanto que los gastos asociados a estos procesos ascendieron a 2,618 millones.
En el ámbito local, auditamos 427,810 operaciones, de las que se desprendieron 2,648 millones de ingresos y 2,574 millones de pesos en gastos.
El avance en las herramientas informáticas que tiene la autoridad, las facultadas de investigación que no restringen secreto bancario, fiduciario o fiscal y, sobre todo, el personal especializado que trabaja con profesionalismo en esta tarea desde hace años, permitió que a 36 días de la jornada electoral tuviéramos claridad sobre operaciones, montos y actores, así como el comportamiento de los dineros que llegaron a las campañas y que pudieron verificarse, contrastarse y develar conductas indebidas que fueron sancionadas.
En una tarea titánica, el INE puso a prueba su capacidad técnica y también la aplicación escrupulosa de los criterios y disposiciones que en esta materia existen. Se revisó y se sancionó lo que se apartó de la norma, lo que intentó engañar a la autoridad y todo el gasto no reportado o encubierto.
Consulta el artículo en El Economista.
RESUMEN
