La reforma electoral de 2014 centralizó la fiscalización de gastos de campañas locales y federales, acortó los plazos para investigar y pronunciarse sobre esa revisión e incrementó las consecuencias en caso de acreditar que un flujo de recursos ilícito distorsione las condiciones de la competencia, que no se informen los dineros utilizados o estén por encima de los topes establecidos.
Ahora el INE resuelve antes de que se instalen los poderes. Saben candidaturas y partidos que rebasar topes o no presentar informes de gasto no implica únicamente multas, puede significar, en casos concretos donde existan resultados cerrados, nulidades e imposibilidad para competir en la contienda inmediata.
El nuevo modelo de fiscalización se convirtió en una apuesta por seguir la pista de los recursos casi en tiempo real, fortaleció además el monitoreo y auditoría que permite no solo recabar o acusar de recibido sobre lo que dicen actores políticos haber gastado, sino verificar con proveedores, detectar precios alterados, acudir a campo para identificar anuncios o actividades proselitistas no reportadas. En los casos en que se demostraron faltas se pusieron sobre la mesa multas considerables, pero es un hecho que hubo mayor cuidado en la contabilidad partidista.
Ese contexto explica el volumen de trabajo que ha tenido que desplegarse en las áreas técnicas de la autoridad electoral para concluir, el lunes pasado, con la fiscalización nacional que la ley ordena antes de que tomen protesta candidatas y candidatos ganadores, y que, por primera vez, se aplica en una contienda presidencial.
Los partidos y candidaturas tuvieron mayor cuidado en no violentar las reglas fundamentales del modelo fiscalizador, sabían los riesgos, particularmente en lo referente a los rebases de topes de gastos de campaña. En 2012, antes de la última reforma, cuando rebasar el tope solo implicaba multas y no había posibilidades de nulidad de elecciones por este concepto, se presentaron 195 rebases en los topes de gasto en candidaturas federales, mientras que en 2018 solo acreditamos en 5 casos, ninguno de candidatura presidencial. En el ámbito local los rebases locales fueron 47, pero frente a un universo de 17 mil 699 candidaturas que participaron el 1 de julio.
Nunca el IFE y ahora el INE había tenido ante sí el enorme reto de revisar, auditar y pronunciarse en tan poco tiempo sobre la fiscalización de ese universo de campañas que disputaron 3 mil 406 cargos de elección popular tanto federales como locales, incluyendo ahí 9 gubernaturas, que necesitaban de una fiscalización expedita.
La fiscalización de la elección presidencial 2012 concluyó un año después de la jornada de votación; en la de 2018 solo transcurrieron 36 días y un elemento clave que nos deja esta experiencia es apuntalar la obligación para que partidos y candidaturas independientes cumplan el reporte de sus gastos poco tiempo después de realizarlos, porque si el modelo logró inhibir rebases por eventuales sanciones de nulidad, el reporte extemporáneo puede inhibirse de igual manera y eso cerrará la pinza ante eventuales tentaciones de ingenierías contables.
De cualquier manera, el INE ejerció a plenitud sus facultades de fiscalización, revisó y auditó el dinero que entró a las campañas y la forma en la que fue utilizado. El ejercicio indica que hay rigor legal y técnico de la autoridad, que los criterios se aplicaron con justicia y con apego a los principios de la función electoral, pero también que no es el dinero lo que hoy define el resultado de las contiendas comiciales.
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RESUMEN
