El lunes 6 de agosto, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los dictámenes de la fiscalización de las campañas electorales de 2018. Con ello, concluyó una etapa más para hacer posible la renovación pacífica de los poderes públicos en el país.
Ésta es la primera vez, después de la Reforma Electoral de 2014, en que habiendo elección presidencial la fiscalización concluye antes de la calificación de los comicios.
Se trató de un reto institucional enorme, pues este año se fiscalizó a 17 mil 699 candidatos a cargos de elección federal y locales. Para tener una idea aproximada del universo de trabajo, baste decir que los partidos cargaron al Sistema Integral de Fiscalización más de medio millón de pólizas (593 mil 513) con sus operaciones financieras. En ellas hubo constancia de ingresos por 5 mil 334.7 millones de pesos y gastos por 5 mil 192.6 millones. En total, el INE revisó 10 mil 527 millones de pesos entre origen y destino de recursos involucrados en las campañas.
De la fiscalización se desprende que el 88% de los ingresos de las campañas provino del financiamiento público. Si hubo condiciones de la competencia adecuadas es porque México no tiene un modelo de contienda basado en las grandes aportaciones de los grupos de poder económico sino en la equidad. Esto es algo a valorar: aunque el financiamiento público reciba descalificaciones, sustituirlo mayoritaria o solamente por el privado o, peor aún, por el financiamiento de origen desconocido y opaco, puede ser peligroso.
Ahora bien, ¿cómo sabemos que lo declarado por los partidos se acerca a la realidad? Porque el INE no se conforma con los dichos de los actores. Sobre el territorio nacional, el personal del INE tomó fotografías y referenció con precisión 105 mil testigos de propaganda en vía pública. De gastos en internet y en redes sociales se obtuvieron 15 mil 273 razones y constancias. También se registraron 6 mil 999 testigos en medios impresos. Se levantaron 11 mil 188 actas de visitas de verificación en actos y casas de campaña. Los partidos y candidatos sabían que el INE los monitoreaba, los fiscalizaba, incluso que los incomodaba.
Gracias a la labor de recabar información propia, se detectaron 184.1 millones de pesos de gasto que no fueron reportados. Siendo así, el gasto no reportado representa el 3.54% del gasto del que sí se rindió cuentas. Es una mejoría considerable frente a otros procesos.
En esta fiscalización se comprobó que 53 candidatos (de casi 18 mil) rebasaron los topes de gasto de campaña, pero sólo cinco fueron ganadores (y ninguno a un cargo federal de diputado, senador o Presidente). De nuevo una lección que vale la pena aquilatar: gastar más no se traduce en más votos. Y el mensaje se ha entendido: presenciamos las campañas de menor contaminación visual. Para persuadir al elector hay que convencer, no que derrochar.
Cuando el INE encontró faltas en las obligaciones de los partidos, como gasto no reportado, no comprobado, ingreso de origen no acreditado, siempre sancionó. En total, se impusieron sanciones por 872.6 millones de pesos, que representan el 8% del dinero involucrado en las campañas.
Por partido las sanciones se distribuyen así: 89 millones de pesos al PAN; 186 millones al PRI; 66.9 millones al PRD; 107 millones al PVEM; 100 millones al PT; 36.7 millones a Movimiento Ciudadano; 28.4 millones a Nueva Alianza; 139.5 millones a Morena; 74.4 millones a Encuentro Social y 44.2 millones a partidos locales.
El propósito de la fiscalización es asegurar la legalidad en el uso del dinero en las campañas y disminuir el riesgo de que recursos de origen ilegal o el uso desproporcionado de los mismos puedan lesionar la contienda. Hoy se puede afirmar que México vivió un proceso electoral genuinamente democrático: es el voto, no el dinero, lo que define los resultados. Otra buena noticia para la democracia mexicana.
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