Tras el sismo del 19 de septiembre, diversos partidos políticos ofrecieron destinar parte de sus prerrogativas a los damnificados. El INE comunicó a éstos que no era legal que ellos entregaran directamente los recursos y se les señaló que el mecanismo idóneo consistía en la devolución del financiamiento a la Tesorería de la Federación. Los partidos políticos no son parte de la beneficencia, buscan el poder político, por lo que llevar dinero o cualquier material a la gente se considera en la ley una dádiva, lo que está expresamente prohibido por el artículo 209, párrafo 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
En el caso que nos ocupa, el pasado 20 de septiembre, Andrés Manuel López Obrador informó a través de un video en redes sociales que Morena apoyaría a los damnificados y, para ese fin, anunció la constitución de un fideicomiso. Tres días después, el Consejo Nacional de Morena tomó la decisión de crear el fideicomiso y destinar 50 por ciento de su presupuesto de campaña para apoyar a las víctimas de los sismos, e instruyó a los funcionarios públicos y legisladores del partido donar la mitad de su salario para el mismo fin.
El 25 de septiembre el Fideicomiso Por los demás, con número 73803, quedó constituido en Banca Afirme. Esto sería anunciado a través del boletín (017-285) de Morena del 3 de octubre del año pasado.
En diversas ocasiones, quien fuera dirigente y luego candidato presidencial de Morena anunció los avances en la operación del fideicomiso. Una fue durante el primer debate de abanderados a la Presidencia, lo que propició la queja del PRI, que solicitó al INE indagar si Morena destinó financiamiento público al fideicomiso, así como si se incurrió en fraude a la ley por la utilización del instrumento señalado para evadir las disposiciones constitucionales sobre financiamiento público y privado para los partidos. De lo reportado en el Sistema Integral de Fiscalización, así como del análisis a las cuentas del partido político y del fideicomiso, quedó descartado que Morena utilizara su financiamiento público para nutrir dicho fideicomiso.
Sin embargo, en el análisis de Por los demás, esta autoridad sí detectó fuertes irregularidades. Para empezar, es claro que el fideicomiso no nació entre particulares ajenos a Morena, sino que se trató de una iniciativa de su dirigencia ratificada por el máximo órgano colegiado de decisión, su Consejo Nacional. Además, cuatro de las seis personas integrantes del Comité Técnico del fideicomiso corresponden a los nombres anunciados por el líder del partido y todos guardan estrechos vínculos con Morena, pues han tenido acceso a cargos de elección popular postulados por el partido o forman parte de sus órganos de dirección. Por si fuera poco, el domicilio registrado del fideicomiso es el mismo que tiene la sede nacional de Morena en la colonia Viaducto Piedad en Ciudad de México. Así, el fideicomiso es creación directa del partido y operado por sus dirigentes, no hay duda de ello.
Valga apuntar también que de los 58 aportantes identificados como fideicomitentes, adherentes 49 de ellos, 84 por ciento son legisladores de Morena.
En lo que toca a la operación del fideicomiso, entre el 26 de septiembre de 2017 y el 31 de mayo de 2018 ingresaron 78.8 millones de pesos, de los cuales 44.4 millones, 56 por ciento de los recursos, fueron atípicos depósitos en efectivo, lo cual estaba incluso prohibido desde la celebración del contrato del fideicomiso, por lo que esos recursos debían haber sido rechazados. En vez de ello, el Comité Técnico asignó esas cifras entre los fideicomitentes, es decir, hicieron suyo ese dinero de origen desconocido y dispusieron de él.
Ningún partido puede manejar dinero opaco, cuya fuente no sea conocida y solo es válido el dinero privado que aportan, con plena identificación, personas físicas. Pero aquí ocurrió lo contrario, pues se documenta con fichas de depósito bancarias, con pruebas plenas, un modus operandi irregular para llevar dinero de origen desconocido al fideicomiso. Se realizan operaciones con diferencia mínima de segundos, casi siempre por 50 mil pesos, en las que se ingresan en siete días 44 por ciento de estos recursos en unas cuantas sucursales. Incluso acudimos a los videos de las cajas bancarias donde se aprecia un pequeño grupo de personas que se forman una y otra vez ingresando dinero en efectivo al fideicomiso. Fue una acción concatenada, orquestada, coordinada. Lo que esta autoridad no puede conocer es quién está detrás de esa suma de 44 millones de pesos en efectivo que recibió el fideicomiso. Damos vista a la Fepade para que investigue.
Del dinero en que sí se conoce al aportante, cabe señalar que 12.5 millones de pesos corresponden a 56 personas directamente relacionadas con Morena, o bien son legisladores de las bancadas del partido o fueron sus candidatos en este proceso electoral 2017-2018.
Por último, en lo que toca a los ingresos, en la investigación del INE se identifican recursos por 3.2 millones de pesos provenientes de empresas, entes impedidos por la ley para aportar recursos a los partidos.
En los egresos del fideicomiso, al 31 de mayo de 2018 habían salido 64.5 millones de pesos a través de cheques de caja que, al ser cambiados a efectivo, impidieron seguir el rastro del dinero. Aquí nos enfrentamos a algo similar al caso Pemexgate, cuando se cobró dinero en efectivo: no sabemos en qué se usó ni por quién. Y por ello no es posible determinar gasto de campaña. Eso sí, es preciso señalar que documentamos que por instrucción del Comité Técnico del Fideicomiso, las personas físicas que cobraron los cheques en su enorme mayoría, 80 por ciento tiene relación directa con Morena: son miembros de órganos directivos, están en su nómina o son militantes o candidatos. Lo anterior permite concluir que se trató de un grupo de personas organizadas y relacionadas entre sí alrededor del mismo partido político.
Como se puede ver no se trata de una conducta irregular aislada, sino de toda una trama de financiamiento paralela: se constituye una figura permitida, un fideicomiso, pero se incumple la obligación de informar a la autoridad; el fin de este fideicomiso, dar dinero a la población, es ilegal para un partido, después, se nutre de recursos en su mayoría de procedencia prohibida, como los de origen desconocido y los de empresas, luego se saca el dinero en efectivo sin dejar huella, lo que es contrario al manejo lícito de las finanzas partidistas. Estamos ante una conducta que tiene nombre: fraude a la ley, y el fraude siempre implica dolo. Por ello, se propone sancionar al partido con 197 millones de pesos que representa 250 por ciento de los ingresos recibidos en esta operación al margen de la ley.
Tolerar esta conducta implicaría fracturar las reglas del juego limpio con el dinero de los partidos, permitir la opacidad y el uso de cantidades millonarias de dinero de origen desconocido, lo que pondría en riesgo las condiciones de la competencia democrática.
Sin importar quién es el actor que comete estas conductas, el INE las detecta y sanciona. Ratificamos así nuestro compromiso con la legalidad en el uso de dinero que va a la política, y confirmamos la indeclinable autonomía de esta autoridad del Estado mexicano ante todos y cada uno de los actores políticos.
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RESUMEN
