Muchas gracias, muy buenos días.
Es un verdadero placer recibir en ésta, la casa de la democracia, a seis días de la cita electoral más grande de nuestra historia, al señor Auditor Superior de la Federación, el Lic. David Colmenares, buen amigo y aliado estratégico de esta institución y, por supuesto, al Lic. Víctor Manuel Andrade.
Al Consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización, y, por supuesto, al Secretario Ejecutivo del Instituto, el Lic. Edmundo Jacobo. Saludo también con mucho afecto a la Consejera Pamela San Martín, integrante, entre otras comisiones, también de la Comisión de Fiscalización. Al Secretario Técnico de la misma, al Dr. Lizandro Núñez, así como a los demás miembros de la Junta General Ejecutiva, funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación y del propio Instituto Nacional Electoral.
Estamos a seis días de la Jornada Electoral más grande que hayamos vivido en nuestro país. Han sido meses de preparación, de revisión de los procedimientos, de innovación técnica, de desarrollo informático, de planeación institucional y de acuerdos interinstitucionales para darle viabilidad al modelo democrático surgido de la reforma de 2014.
El resultado de ese esfuerzo es que cada plazo de ley y cada actividad programada y logísticamente definida, se han venido cumpliendo puntualmente. La hoja de ruta que se trazó con base en la experiencia de más de un cuarto de siglo de organizar elecciones libres, ha servido para asegurar la legalidad del Proceso Electoral de 2018.
Esa experiencia es la que posibilita que hoy contemos con el Padrón Electoral más grande y actualizado que hayamos tenido en nuestra vida democrática. Los partidos políticos, coaliciones, candidatas y candidatos, por su parte, han contado con las prerrogativas que la legislación dispone para darle equidad a la competencia y asegurar que quienes aspiran a integrar los órganos de representación del Estado mexicano, puedan dar a conocer masivamente sus propuestas y prioridades para la configuración de las futuras políticas públicas de nuestro país.
Además, en estas elecciones, el pluralismo no sólo se ha recreado entre los contendientes, sino también se ha manifestado a través de los medios de comunicación.
Otra buena noticia de los comicios en curso es que las y los ciudadanos han respondido con entusiasmo a la convocatoria del INE para participar en las diferentes etapas del Proceso Electoral.
Ésta es la elección que requerirá una participación ciudadana, la más alta de nuestra historia, tanto en la etapa en su dimensión organizativa; es decir, el número de funcionarios de casilla, de representantes de partidos políticos, de observadores electorales de nuestra historia, pero también como ciudadanos, como votantes, como titulares del derecho político de decidir nuestro futuro en las urnas, al convocar al número más alto de electores, más de 89.1 millones que haya existido en la historia.
Ha habido una gran respuesta de las ciudadanas y los ciudadanos que nos han dejado a todos, autoridades, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, y, por supuesto, en primera instancia, partidos políticos y candidatos, una vara muy alta.
Esta respuesta es relevante no sólo porque nunca habíamos necesitado a tantas personas para integrar las mesas directivas de casilla como en esta elección, sino porque ello está ocurriendo a pesar de la desafección, del desencanto con la democracia que aqueja a los sistemas que han asumido esta forma de gobierno en el mundo. Nuestro país, en este sentido, no es la excepción.
Estamos ante la elección más grande de la historia, pues, y en el INE hemos venido trabajando también, para que sea la más fiscalizada de las que hayamos tenido. El sistema de fiscalización, renovado en 2014, genera y nos implica nuevos parámetros y nuevos desafíos institucionales y también logísticos, técnicos y operativos.
Hoy, además, el sistema de fiscalización para estas elecciones se nutre de la experiencia acumulada desde que se dio la Reforma 2014 y se instrumentó por el entonces naciente Instituto Nacional Electoral.
Tres procesos electorales, los de 2015, 2016 y 2017 han detonado una lógica incremental de robustecimiento de las facultades de fiscalización.
En primer lugar, el Instituto Nacional Electoral tuvo que construir y echar andar un sistema integral de fiscalización informático que funciona cada vez mejor. Vuelvo a insistir: la experiencia acumulada, proceso electoral tras proceso electoral, ha permitido que los módulos con los que se ha venido modernizando este sistema opere hoy de mejor manera que en el pasado.
En segundo lugar, la capacidad para hacer auditorias, compulsa de la información que los partidos políticos reportan al Instituto Nacional Electoral, y que tiene que ser en tiempo real, recuerden ustedes que la fiscalización, a diferencia del pasado, ya no corre por una cuerda diferente a la calificación de las elecciones, sino que constituye uno de los elementos fundamentales para la calificación de las mismas, y por lo tanto hoy tiene que estar concluida dentro de los 45 días posteriores a la Jornada Electoral de que se trate. Estamos hablando de un desafío inédito que el Instituto Nacional Electoral ha venido cumpliendo cada vez de mejor manera.
En tercer lugar, la identificación de los motivos de gasto en campo ha sido también una experiencia incremental. En cada elección, nuestro sistema de monitoreo de espectaculares, ese sistema en donde se reportan todos los testigos de gasto que nuestros auditores durante las campañas identifican a lo largo y ancho del país, ha ido mejorando no solamente su capacidad de captación de información, sino también, con ello, ha servido como un instrumento de compulsa fundamental para determinar el gasto no reportado durante las campañas.
En cuarto lugar, la sofisticación en los modos en los que solicitamos la información, a propósito de la posibilidad de trascender el secreto fiscal, fiduciario, financiero y bancario, también ha ido mejorando. Pasamos de una solicitud de requerimientos de solicitud de información genérica a tiros de precisión. Hoy sabemos, cada vez mejor, cómo funciona el sistema financiero y cuál es la información que de manera oportuna y precisa requerimos para cumplir con nuestra tarea de auditoría.
Y finalmente, la fiscalización ha pasado de una dimensión estrictamente contable a una dimensión, sin olvidar la primera también que echa mano, de manera intensiva de la inteligencia financiera, basada en modelos de riesgo. Es decir, en la identificación de patrones, de conductas, que implican financiamiento indebido, aplicación de las mismas en tiempo real para generar información que, como ha mencionado el Consejero Murayama, se ha traducido ya no solamente en la identificación de tramas de financiamiento indebido, sino además de su oportuna sanción.
En estas elecciones, la auditoría de gastos de campaña será la primera en la historia que instrumentará, precisamente, estos modelos de riesgo en la aplicación de la así llamada inteligencia financiera.
En este sentido, quiero aprovechar esta ocasión para agradecer al Dr. Lizandro Núñez, nuestro titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, que ha conducido y potenciado nuestra capacidad de auditoría y de detección de financiamiento indebido.
Otro aspecto de gran importancia que le permite al INE afirmar que todo está listo para la elección más grande de nuestra historia, es el circuito de colaboración institucional que hemos venido creando desde 2014 y robusteciendo día con día. El andamiaje democrático surgido de esa reforma reconoce que la recreación de la democracia es una obra colectiva, en la que todos tenemos distintos roles que cumplir.
En tal sentido, para que los procesos electorales lleguen a buen puerto, es necesario, además de una amplia deliberación pública sobre las propuestas de los contendientes, que los partidos, las coaliciones y los candidatos respeten las reglas de la competencia electoral, incluidas aquí las reglas de equidad, y, en particular, las reglas de financiamiento.
Las organizaciones de la sociedad, la academia, los gobiernos, las instituciones financieras, fiscales y hacendarias, así como las autoridades electorales, tenemos roles que debemos cumplir, especialmente para estar a la altura del compromiso cívico que ha demostrado la ciudadanía y al que me he referido.
La colaboración de las instituciones financieras y fiscalizadoras es particularmente relevante, porque nuestro modelo democrático ha establecido como premisas para el uso del dinero en la política, equidad en el financiamiento, predominio de los recursos públicos sobre los recursos de particulares, transparencia y legalidad en las fuentes de financiación de las campañas, y que los recursos públicos se utilicen con absoluta imparcialidad por quienes están, tienen la responsabilidad de su ejercicio para evitar una influencia indebida en las elecciones.
De ahí la importancia del convenio que firmamos el día de hoy con la Auditoría Superior de la Federación. Se trata de un mecanismo de colaboración, como se ha mencionado, que permitirá un intercambio oportuno de información útil para las labores fiscalizadoras que realizamos ambas autoridades en nuestras respectivas esferas de competencia.
Se trata de que el INE y la Auditoría Superior, con riguroso respeto de nuestros ámbitos de competencia y restricciones legales, establezcamos mecanismos de capacitación y coordinación, para que el personal involucrado en las tareas de fiscalización de ambas instancias conozca los aspectos esenciales del trabajo que se desarrolla por ambas partes, así como los procedimientos que se llevan a cabo y los objetivos que la Auditoría Superior y el INE tenemos mandatados para que, en caso de detectar alguna irregularidad que sea competencia de la contraparte, se comuniquen con celeridad y con el intercambio de información, que lo mismo supone.
Se trata, pues, de generar sinergias en materia de fiscalización, para que los límites competenciales de ambas instituciones no sean pretextos para favorecer conductas fraudulentas de evasión, corrupción o triangulación de recursos.
Para decirlo en pocas palabras, nuestro propósito es contar con un mecanismo de colaboración ágil, que facilite el intercambio de información sobre conductas irregulares detectadas durante la fiscalización que realiza el INE, o bien durante las minuciosas investigaciones que despliega la Auditoría Superior de la Federación y que, por su naturaleza, corresponden al análisis y dictaminarían de la contraparte en este convenio.
La corrupción y la impunidad que la alimenta, son dos de los grandes problemas nacionales. Se trata de dos elementos que erosionan la convivencia en democracia, la confianza en esta forma de gobierno y, al final, a la democracia misma.
La desconfianza que hoy caracteriza a las sociedades democráticas, que caracteriza a nuestra sociedad en buena medida, es producto de la dilagante corrupción que aqueja y erosiona el tejido social.
La democracia se sostiene en dos columnas fundamentales. La primera es la dimensión estrictamente formal electoral. No hay democracia, de los modernos, que no se funde en un sistema electoral que permita periódicamente la recreación pacífica de la disputa por el poder político y la definición de las políticas públicas evaluadas a través del voto ciudadano en las urnas.
Pero, por otro lado, no bastan las elecciones para hablar de democracia. Toda democracia requiere otra columna fundamental, que es un elemento definitorio de esta forma de gobierno desde sus orígenes. Me refiero a la columna de la rendición de cuentas.
No es casual que históricamente, en la teoría política, la democracia haya sido definida como el poder público ejercido en público y bajo la supervisión del público.
En México, lamentablemente nuestro proceso de transición implicó un desfase en la construcción de estas dos columnas. Por un lado, hemos tenido una venturosa atención, centrada en la dimensión electoral y, por otra parte, hemos tenido una construcción del pilar de la rendición de cuentas que ha avanzado a revoluciones diferentes.
No es casual que hace 28 años comenzamos la discusión de cómo construir un sistema electoral para la democracia, y hoy estemos todavía lamentablemente entrampados en echar a andar un Sistema Nacional Anticorrupción.
Creo que es tiempo, precisamente, para robustecer la democracia de que las revoluciones con las que funcionan ambos sistemas, el sistema electoral, por un lado, el sistema anticorrupción, por el otro, se sincronicen en aras de consolidar a la democracia que todavía tiene muchos pendientes, y que precisamente por ellos, genera en muchos desafección y desconfianza.
El Instituto Nacional Electoral tiene una función especial en cuanto órgano constitucional autónomo. Somos celosos de nuestra autonomía, pero sabemos que somos parte del entramado institucional del Estado mexicano, y como institución del Estado mexicano, y que ejerce una función de control, tenemos que fortalecer la relación con las otras instancias de control, y eso es justamente el propósito fundamental que está debajo del convenio que hoy hemos suscrito.
Fortalecer esta relación significa fortalecer a la democracia, significa robustecer los mecanismos para acotar, para vigilar, en suma, para controlar al poder. Y si hay algo que define a las democracias es precisamente, y las distingue de los sistemas autoritarios, es precisamente que en éstas el poder por definición es un poder acotado, vigilado, controlado.
Estoy convencido que el convenio que hoy firmamos contribuirá a la rendición de cuentas de quienes compiten por los poderes públicos y que ayudará a inhibir conductas parciales e ilícitas de quienes quieran ejercer recursos públicos e incidir, con ello, en el curso de las elecciones y, en general, en el funcionamiento de la democracia.
Para el Instituto Nacional Electoral este convenio constituye una herramienta para avanzar en la transparencia y rendición de cuentas de quienes buscan el poder político en las urnas, y más temprano que tarde provocará, esperamos, una mayor honorabilidad en el uso de los recursos públicos en beneficio de nuestra convivencia en clave democrática.
Mientras ello ocurre, lo que sí estamos ciertos es que este convenio contribuirá a que ejerzamos como instituciones del Estado mexicano nuestras funciones de control y, por ello, de exigencia democrática al poder público y a todos aquellos que se vinculan con el mismo.
Muchísimas gracias.
Versión estenográfica de la intervención del Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, durante la Firma de Convenio de colaboración entre el INE y la Auditoría Superior de la Federación, realizado en el vestíbulo del auditorio del Instituto
-o0o-