El Consejo General del INE sancionó ayer un esquema de financiamiento ilegal de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, durante la etapa de recolección de firmas, por 12.8 millones de pesos, que se desplegó en tres actos.
El primero consiste en el uso de los recursos humanos del gobierno de Nuevo León, del que Jaime Rodríguez Calderón es gobernador (ahora con licencia, pero en funciones hasta el pasado 31 de diciembre). En total, 652 servidores, adscritos a 29 dependencias, en vez de cumplir con su trabajo, se dedicaron en días y horas hábiles a la recolección de firmas de apoyo.
La identificación de ese uso de recursos humanos de la administración pública para Rodríguez Calderón se hizo cruzando la base de datos de auxiliares registrados por el aspirante con la nómina del gobierno del estado. Y como la app del INE permite identificar día y hora de captura de cada apoyo, se pudo verificar que ese trabajo se hizo en días y horas hábiles. No en vacaciones, ni en fin de semana o de noche.
El cálculo es que se distrajeron recursos por 4 mil pesos por auxiliar. De ahí que el monto de recursos utilizados de manera ilícita por esta vía sea de 2 millones 608 mil pesos.
El segundo acto de la trama de financiamiento irregular consistió en la simulación de haber recibido recursos legítimos de ciudadanos en la cuenta bancaria de la asociación civil Viva la Independencia.
En su informe de ingresos y gastos como aspirante a candidato independiente, Rodríguez Calderón, declaró aportaciones por 17 millones 592 mil pesos provenientes de 152 personas físicas. De ellas, 82 personas hicieron depósitos por más de 100 mil pesos.
Se solicitó a la banca, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los estados de cuenta de esos aportantes. Se recibió información sobre 24 personas. A todas se les había ingresado dinero desde esas empresas por montos equivalentes a los que luego llevaron al aspirante. Y de ellas, 23 no tenían ninguna relación laboral, mercantil o comercial con las empresas que, sin embargo, les “regalaban” cientos de miles de pesos, los mismos que uno o dos días después ingresaban a la asociación civil.
Además se ha documentado que casi la totalidad de estos ciudadanos tienen escasos recursos económicos y, sin embargo, “donaban” cientos de miles de pesos.
Se trata de una triangulación para hacer parecer a los ciudadanos como legítimos aportantes, cuando en realidad el dinero provino de empresas con las que esos ciudadanos no tenían relación alguna.
Recuérdese: en México la ley prohíbe a todos los actores políticos recibir dinero de cualquier persona moral, de toda empresa mercantil. Además les impele, a los aspirantes a una candidatura independiente, a no recibir por sí o por interpósita persona, como aquí está demostrado, dinero de entes prohibidos.
La investigación revela que no se trata de empresarios que estén dando su propio dinero a un aspirante a independiente, sino de empresas con frecuencia con operación irregular (sin capital, sin pagar cotizaciones a la seguridad social, con accionistas de escasos recursos) que utilizan a testaferros para ocultar que meten dinero a la política. Eso es ilegal. El monto involucrado en esta segunda trama, al momento, es de 4 millones 494 mil pesos.
Llama la atención que la investigación desvela que el propio Jaime Rodríguez Calderón hizo una aportación por 240 mil pesos a su AC el 28 de noviembre de 2017, pero que también recibió antes, el 24, recursos de una empresa privada, Proyecciones y Desarrollos Inmobiliarios, por un millón 119 mil pesos siendo aún gobernador en funciones. Por eso el INE dará vista a los órganos de control de Nuevo León para que indaguen la legalidad de esa recepción de dinero de empresas en las cuentas personales del gobernador en funciones.
El tercer acto involucra gasto no reportado y origen ilegal por 6 millones 630 mil pesos, de recursos para pagos a auxiliares que no hicieron trabajo voluntario.
Una nota periodística de El Norte nos puso sobre la pista. Así conocimos dos tarjetas Saldazo-Oxxo, a través de las que un par de periodistas recibieron pago como auxiliares de Rodríguez Calderón. En colaboración con la banca, las empresas y con las autoridades financieras, fue posible reconstruir el entramado completo.
En total, mil 35 personas registradas como auxiliares por El Bronco recibieron pago vía estas tarjetas que fueron fondeadas por tres empresas mercantiles: Grupo Comercial Gruten S.A. de C.V., Attar 2715 SC y Piserra Construcciones S.A. de C.V.
La UTF pudo constatar que no existe evidencia de comprobantes fiscales digitales impresos emitidos por las personas morales a los auxiliares del Bronco que justifiquen una relación de tipo laboral con los destinatarios de las transferencias de los recursos. Otra vez dinero ilegal y ahora gasto oculto.
En total se proponen sanciones económicas a Rodríguez Calderón por 739 mil pesos, pues la ley fija límites a las sanciones a personas físicas. Ahora bien, el monto de la multa no es lo central, el mensaje es lo relevante.
Es una mala noticia que se hayan dado estas prácticas en el proceso electoral en curso, mas hubiera sido una noticia terrible que el INE no las hubiera detectado, documentado y sancionado oportunamente.
