La Comisión de Fiscalización presenta al Consejo General tres proyectos fundados en materia de fiscalización sobre prácticas de financiamiento irregular de Jaime Rodríguez Calderón durante la búsqueda de apoyo ciudadano para la candidatura independiente a la Presidencia.
La Unidad Técnica de Fiscalización del INE utilizando herramientas jurídicas a su alcance, como son la importante atribución constitucional de trascender los secretos bancarios, fiduciario y fiscal ha conseguido con toda diligencia reconstruir la verdad acerca de cómo se financió la recolección de firmas ciudadanas por Rodríguez Calderón.
Los hallazgos de la Unidad Técnica de Fiscalización y la contundencia de sus pruebas materiales permiten concluir, que se orquestó un esquema de financiamiento ilegal por 12 millones 800 mil pesos que se desplegó en, al menos, tres actos.
El primer acto consiste en el uso de recursos humanos de Gobierno de Nuevo León del que Jaime Rodríguez Calderón es Gobernador, ahora con licencia pero en funciones hasta el pasado 31 de diciembre.
El proyecto da cuenta de que 652 servidores públicos adscritos a 29 dependencias públicas, en vez de cumplir con su trabajo se dedicaron en días y horas hábiles a la recolección de firmas de apoyo para Rodríguez Calderón.
La identificación de ese uso de recursos humanos de la administración pública para Rodríguez Calderón se hizo cruzando la base de datos de auxiliares registrados por el propio aspirante con la nómina del Gobierno del Estado y como la APP del INE permite identificar día y hora de captura de cada apoyo se pudo verificar que ese trabajo se hizo en días y horas hábiles, no en vacaciones ni en fin de semana o de noche.
Lo incorrecto no es que un funcionario público tenga preferencias políticas o participe en actividades electorales, aquí el problema es la distracción de recursos humanos del gobierno para una causa electoral particular y, además, no recabaron firmas para el aspirante “X” o “Y”, sino para uno con una condición muy peculiar: el Gobernador, su jefe laboral.
Calculamos que se distrajeron recursos públicos en una suma de 4 mil pesos por auxiliar, de ahí que el monto de recursos utilizados de manera ilícita en este proyecto sea de 2 millones 608 mil pesos.
El segundo acto de la trama de financiamiento irregular consistió en la simulación de haber recibido recursos legítimos de ciudadanos en la cuenta bancaria de la Asociación Civil “Viva la Independencia”.
En su informe de ingresos y gastos como aspirante, Rodríguez Calderón declaró aportaciones por 17 millones y medio de pesos provenientes de 152 personas físicas, pero en la revisión del informe la Unidad de Fiscalización detectó 3 casos de personas que un día o dos antes de hacer la transferencia bancaria a la A.C., de El Bronco, había recibido las mismas cantidades por parte empresas mercantiles. Por eso hace dos meses este Consejo ordenó abrir un procedimiento oficioso.
De los 17 millones y medio que declaró Rodríguez Calderón, 15 millones, el 89 por ciento, venían de 82 aportantes con depósitos superiores a 100 mil pesos.
Se solicitó a la Banca, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los estados de cuenta de esos aportantes, recibimos ya información sobre 24 personas, a todas se les había ingresado dinero desde esas empresas por montos equivalentes a los que luego llevaron al aspirante, y de ellas, 23 personas no tenían ninguna relación laboral, mercantil o comercial con las empresas que, sin embargo, les regalaban cientos de miles de pesos los mismos que uno o dos días después ingresaban a la Asociación Civil.
Además, se ha documentado que casi la totalidad de esos ciudadanos tienen escasos recursos económicos y, sin embargo, donaban, otra vez entre comillas, cientos de miles de pesos.
Se trata de una triangulación para hacer a parecer a los ciudadanos como legítimos aportantes, cuando en realidad el dinero provino de empresas con las que esos ciudadanos no tenían relación alguna, recuérdese, en México la ley prohíbe a todos los actores políticos recibir dinero de cualquier persona moral de toda empresa mercantil; además, la ley les impele a los aspirantes a una candidatura independiente a no recibir, por sí o por interpósita persona, como aquí está demostrado, dinero de entes prohibidos.
La investigación revela que no se trata de empresarios que estén dando su propio dinero a un aspirante, sino de empresas con frecuencia con operación irregular sin capital, sin pagar cotizaciones a la seguridad social, con accionistas de escasos recursos económicos que utilizan a testaferro para ocultar que meten dinero a la política. Eso es ilegal, el monto involucrado en esta segunda trama al momento es de cuatro millones 494 mil pesos.
Llama la atención que la investigación devela que el propio Jaime Rodríguez Calderón hizo una aportación por 240 mil pesos a su (inaudible) el 28 de noviembre de 2017, pero que él también recibió antes, el día 24, recursos de una empresa privada, “Proyecciones y Desarrollos Inmobiliarios”, por una suma de un millón 119 mil pesos siendo aún Gobernador en funciones. Por eso daremos vista a los órganos de control del estado de Nuevo León, para que indaguen la legalidad de esa recepción de dinero de empresas en las cuentas personales del Gobernador en funciones.
El tercer acto involucra gasto no reportado y origen ilegal por seis millones 630 mil pesos de recursos para pagos auxiliares que no hicieron trabajo voluntario.
Una nota periodística de El Norte nos puso sobre la pista, así conocimos dos tarjetas, Saldazo Oxxo, a través de las que un par de periodistas recibieron pago como auxiliares de Rodríguez Calderón, en colaboración con la Banca, las empresas y con las autoridades financieras del país nos fue posible reconstruir el entramado completo, en total mil 35 personas registradas como auxiliares de El Bronco recibieron pago vía estas tarjetas que fueron fondeadas por tres empresas mercantiles: Grupo Comercial Gruten S.A de C.V., Altar 27-15 S.C. y Pizerra Construcciones S.A. de C.V. La Unidad Técnica pudo constatar que no existe evidencia de comprobantes fiscales digitales impresos emitidos por las personas morales a los auxiliares de Rodríguez Calderón que justifiquen una relación de tipo laboral con los destinatarios de las transferencias de los recursos, otra vez dinero ilegal y ahora gasto oculto.
En total se proponen sanciones económicas a la persona de Rodríguez Calderón por 739 mil pesos, pues la ley fija límites a las sanciones a personas físicas. Ahora bien, el monto de la multa no es lo central, el mensaje es lo relevante.
Es una mala noticia que se hayan dado estas prácticas en el proceso electoral en curso, más hubiera sido una noticia terrible que el INE no las hubiese detectado, documentado y sancionado oportunamente.
En tiempos de descredito de la política la crisis de las democracias no se supera destruyendo a las instituciones democráticas, sino precisamente actuando desde ellas con responsabilidad y sin sesgo alguno.
El mensaje es claro, cero tolerancia y cero impunidad a quienes financian sus actividades políticas de forma ilegal, el INE no se cejará la posibilidad de combatir la corrupción política no es una tarea para dejarse a la próxima generación, aquí y ahora es posible defender el juego limpio y rescatar las prácticas y los valores irrenunciables de la democracia.
Gracias.
Versión estenográfica de la intervención del Consejero Electoral Ciro Murayama, en el punto 9.8 de la Sesión Ordinaria del 28 de mayo de 2018, relativo al Procedimiento de Queja en materia de Fiscalización, Instaurado en contra del C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, Aspirante a Candidato Independiente al Cargo de Presidente de la República Identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/16/2018
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