Resulta obvio que la elección más grande de la historia mexicana supone una enorme intensidad y una inevitable polémica en torno a los diversos asuntos y vicisitudes del proceso electoral. Difícilmente podría ser de otro modo; nunca antes habíamos experimentado como sociedad una disputa por el poder político en las urnas tan extendida como ahora, visto el inédito número de cargos públicos federales y locales en juego.
Además, ello ocurre con el desafío adicional de organizar esta elección y dirimir las controversias que se generan con reglas nuevas, complejas, en ocasiones excesivamente abigarradas y en otras poco claras. Y todo ello frente a una actividad política intensa y compleja que en ocasiones juega al límite y en otras es poco leal con los valores democráticos o incluso con las reglas pactadas.
En estos días esa polémica ha llevado a cuestionar incluso el empaque, consistencia y capacidad de la institucionalidad electoral.
Eso habla de una sociedad atenta a las decisiones de las autoridades electorales y preocupada por su destino político y por el futuro de nuestra democracia. Una sociedad que acompaña, discute y crea contextos de exigencia que siempre son bienvenidos. Una sociedad que defiende lo que nos ha costado mucho construir. Han sido muchos esfuerzos, recursos, compromisos políticos y exigencias incansables desde la sociedad que expresan su compromiso con la democracia y con la lucha por la reivindicación de sus derechos y libertades. Así ha venido ocurriendo, al menos, desde 1968.
A esa sociedad compleja, diversa y plural es a la que se debe el INE. Más allá del sano debate público, que es indispensable como contexto de exigencia a las instituciones electorales, es la sociedad la destinataria de nuestras normas y nuestras decisiones.
Por ello, pensando en la certeza que nos exige la sociedad para la competencia democrática, es que hoy debemos señalar que el proceso electoral en curso avanza, y avanza bien. Todas las etapas previstas del proceso, todas las secuencias de actividades programadas proceden tal y como estaban planeadas.
Estamos ante el proceso electoral más ciudadanizado que hayamos vivido: el INE ha visitado en sus domicilios a casi 11 millones de personas insaculadas, de las que 2.1 millones fueron capacitadas para instalar y operar las casillas (51% más de las que necesitamos); se cuenta con 1,992 consejeros locales y distritales, y con 45 mil capacitadores y supervisores electorales (sin filiación partidista) y cada uno con un teléfono inteligente para contar con la red más grande de asistencia y de vigilancia durante la jornada electoral. Se han acreditado a dos mil 543 observadores electorales, a 89 visitantes extranjeros y se estima en 7 millones de representantes de partidos y de candidatos independientes que podrán vigilar que la votación transcurra conforme a la ley. Además, tendremos el mejor Padrón Electoral y Listado Nominal de nuestra historia, con una cobertura de 99.2% y el que ha recibido menos observaciones de los partidos políticos (384,235).
Institucionalmente, el INE cuenta con una Junta General Ejecutiva cohesionada y profesional, que ha demostrado con hechos su capacidad técnica y neutralidad política; contamos también con la experiencia, conocimientos e imparcialidad que ha distinguido al Servicio Profesional y al personal de la Rama Administrativa durante más de dos décadas, y con un Consejo General que en su diversidad y pluralidad estriba su riqueza y cohesión, así como su alineamiento con nuestro compromiso público para, de cara a la sociedad, hacer de esta la elección más libre y transparente de la historia del país.
Por todo ello es que el proceso electoral avanza con paso firme y decidido a la cita electoral.
Todos quienes tenemos el privilegio de integrar el INE estamos juntos en la defensa irrestricta de nuestra autonomía frente a cualquier intento indebido de incidir en nuestras decisiones, y en la convicción de no permitir que no sea otra voluntad más que la de los ciudadanos, expresada en las urnas, la que decida el futuro del país.
Las condiciones están dadas para que las y los ciudadanos ejerzan libre y autónomamente su voto. Corresponde a los partidos y candidatos, por un lado, y a los gobiernos, por el otro, estar a la altura de la ciudadanía, los unos exponiendo sus diagnósticos y propuestas y ajustándose a las reglas; los otros, respetando la ley y evitando intromisiones indebidas en el proceso. Nosotros, en el INE estaremos atentos para garantizar que así ocurra y con ello estar a la altura de las expectativas de la sociedad mexicana.
Consulta el artículo en Excélsior.
RESUMEN
