Sobre la resolución que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que propició la incorporación de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón a la boleta para contender por la Presidencia es necesario hacer tres consideraciones.
La primera es que se trata de una sentencia de la última instancia jurisdiccional en materia electoral, por lo tanto, la misma debe atenderse en sus términos. El INE es una autoridad administrativa que con independencia de nuestras eventuales coincidencias o divergencias con lo que resuelva el Tribunal, invariablemente debe cumplir las resoluciones jurisdiccionales. Así, aunque estamos frente a una sentencia que fue tomada con una votación dividida (cuatro contra tres), el INE debe atenderla. En lo personal puedo no estar de acuerdo con la decisión de la mayoría de magistrados (de hecho no lo estoy), pero las sentencias se acatan; ya le tocará a la opinión pública, a la academia, a los especialistas juzgar su contenido y sus alcances (en democracia se vale —y es pertinente— que las decisiones públicas se discutan).
En segundo lugar, quiero hacer un reconocimiento público al trabajo que realizaron tanto las áreas técnicas del INE que estuvieron involucradas en el proceso de revisión y validación de los apoyos ciudadanos para las candidaturas independientes, como los integrantes de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. Todas y todos, sin excepción, realizaron un trabajo pulcro desde un punto de vista técnico, absolutamente neutral desde un punto de vista político —sin filia ni fobia alguna— y de una manera profesional y dedicada. La votación unánime que emitió el Consejo General en su momento es una muestra de ese reconocimiento y de la confianza depositada en el trabajo realizado por ellos.
Ese trabajo implicó no solamente innovar tecnológicamente un mecanismo que ha llegado para quedarse (que sin duda tendrá áreas de mejora), sino que permitió también evidenciar con toda claridad, tanto a los aspirantes como a la ciudadanía, los apoyos válidos y generar los insumos para determinar los apoyos inválidos y que se sustentaron indebidamente en fotocopias, en diferentes tipos de simulaciones de credenciales para votar, así como en credenciales no válidas; apoyos todos ellos contrarios a las normas y que no debían ser contabilizados.
Todos esos actos indebidos siguen corriendo por los cauces legales y penales a cargo de la FEPADE, así como los administrativos a cargo del INE para determinar y deslindar responsabilidades.
En tercer lugar, desde ahora, en el INE ya estamos analizando los efectos que esta sentencia del Tribunal Electoral tendrá en los distintos temas y procedimientos por venir del proceso electoral 2018. De entrada, dicha resolución desencadenará una serie de adecuaciones institucionales a decisiones previamente tomadas, como el diseño y la impresión de las boletas electorales y de las diversas actas correspondientes a ser utilizadas en la jornada electoral; la distribución de los tiempos de radio y televisión; la distribución del financiamiento público, así como en el diseño y formatos de los debates presidenciales, entre otros.
El INE siempre ha asumido, con responsabilidad de Estado, que el ejercicio de sus atribuciones implica que se convierta en un ancla de estabilidad política. La resolución del Tribunal naturalmente impactará algunos aspectos del proceso electoral en marcha. Pero la imparcialidad, la independencia, la objetividad, apego a la legalidad, la total transparencia de nuestras decisiones y la defensa permanente de nuestra autonomía, con las que nos hemos desempeñado en el INE, y con la que seguiremos conduciendo el proceso electoral más grande de nuestra historia democrática, son los factores que nos permiten reiterar que la elección avanza puntualmente, en tiempo y forma, y conforme a lo planeado.
Ejemplo de ello es que el número de ciudadanas y ciudadanos que han aceptado ser funcionarios de casilla crece día con día, y que hoy ya más de 1.7 millones han aceptado ser funcionarios de casilla.
El trabajo del INE supone construir las condiciones para que las y los ciudadanos sean, como tiene que ocurrir en democracia, quienes con su voto informado y libre definirán el futuro político del país. El INE organiza las elecciones, pero son las y los ciudadanos mexicanos quienes, apropiándose del proceso electoral, hacen las elecciones y, con su voto libre, decidirán, ellos y nadie más, quienes nos van a gobernar.
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RESUMEN
