La madrugada del martes, en una votación dividida, el Tribunal Electoral revocó la decisión del INE que negaba registro a Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón como candidato independiente presidencial. El fallo avalado por 4 magistrados ordenó dar por cumplido el requisito de apoyos ciudadanos de “el Bronco”, aunque no sumaran el umbral mínimo de ley, porque a su juicio solo le faltaba un 1.92% de firmas para lograr la meta. A juicio del Tribunal, si hubiera habido “mayor garantía de audiencia”, el aspirante habría subsanado las cifras que le faltaban.
El modelo vigente pide a los aspirantes a independientes acreditar respaldo de al menos 1% de la lista nominal de votantes, lo que equivale a 866 mil 593 apoyos de carne y hueso. El Bronco presentó 2 millones 34 mil 403 firmas, y en una revisión preliminar el INE le hizo saber cuántos nombres correspondían a electores con derechos vigentes, aclarando que habría revisiones con mayor detalle en las que, al igual que en otras candidaturas, se detectaron irregularidades diversas que incluyen simulación, duplicados, documentos distintos a la credencial para votar, fotocopias e incluso personas que ya habían fallecido, esto conforme al dictamen que presentan las áreas técnicas del instituto.
El INE no prejuzga si hay responsabilidad directa de un aspirante en las firmas falsas que entregan en su nombre, pero no podía sumarlas o darlas como válidas y por eso negó registro a quienes borrando esos apoyos no llegaron al mínimo de ley.
El equipo de Rodríguez Calderón acudió hasta en 12 ocasiones a ejercer esa garantía de audiencia que a juicio del Tribunal no existió. Logró recuperar un 8.4 por ciento de firmas clasificadas como inválidas, pero no fueron suficientes para cruzar el umbral. Es decir, le faltó el 1.92% para cumplir con el porcentaje exigido (equivalente a 16 mil 656 apoyos), y el criterio de la magistrada y los magistrados que pidieron subirlo a la boleta de todas formas, alude a que sería posible, en una revisión exhaustiva de todos los apoyos, que cambien las cifras y sí se completen pero no ordenó que se abriera otra audiencia como en el caso de Armando Ríos Piter, sino que dio por cumplido ese 1.92% a partir de una presunción de cumplimiento.
La sentencia invoca la idea de “confianza legítima”, es decir, considera que el aspirante confiaba en haber cumplido porque el INE le notificó en la etapa preliminar que más de un millón de firmas sí correspondían a nombres reales de lista nominal, y eso le habría generado una expectativa, confianza en que ya tenía suficientes respaldos pero que en la revisión a detalle (anunciada en todo momento) se invalidaron cientos de miles entre simulaciones, duplicados, fotocopias o fallecidos y eso cambió el escenario.
El INE ya acató la sentencia y tenemos hoy cinco candidaturas presidenciales. Rodríguez Calderón es candidato y va a tener todas las prerrogativas de ley y un trato igual en los debates, en todas las actividades y atención requerida por parte de la autoridad electoral para que cumpla con sus obligaciones y ejerza sus derechos plenamente.
Mucho se habla de diferendos entre autoridad administrativa y jurisdiccional. Son reales las tensiones cuando se presentan casos frontera como el que nos ocupa y eso es natural en un modelo de pesos y contrapesos, aunque todos debemos hacer un esfuerzo por no mandar mensajes equivocados a la ciudadanía cuando temas de alta trascendencia se resuelven volviendo literal eso de que la justicia es ciega. El diálogo entre instituciones necesita espacios de armonía en favor de un terreno de competencia que no permita normalizar conductas que en cualquier democracia serían reprobables.
Es un hecho que tanto el INE como el Tribunal ejercen sus atribuciones constitucionales, y que al resolver temas frontera lo hacen conforme a la ley, los reglamentos y los precedentes de cada caso: El INE seguirá organizando las elecciones del 1 de julio con responsabilidad, con apego a la constitución y con plena autonomía e independencia. Ahora se acató una sentencia de una mayoría de magistrados que genera polémica y duda. Será la opinión pública informada y la historia, quienes emitan el mejor juicio sobre lo acontecido.
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RESUMEN
