Muchísimas gracias.
Un placer estar aquí, en este Tribunal, en el que, tal vez, perdónenme el abuso, considero, siempre he considerado mi casa.
Muchísimas gracias, Magistrada Presidenta Janine Otálora; Magistrada, querida amiga, Mónica Soto; Magistrados Indalfer Infante y Reyes Rodríguez.
Magistrado César Wong, un gusto de compartir la mesa con usted.
Estimado colega del Consejo, Consejero Ciro Murayama, Presidente de la Comisión de Fiscalización.
Estimadas y estimados todos ustedes.
A 10 días, 11 si se incluye el día de hoy, de que iniciaron las campañas electorales, y a 82 de que ocurra la Jornada Electoral del proceso electoral más grande de nuestra historia democrática, no podía ser más oportuna la realización de este taller sobre las tareas de fiscalización y sus consecuencias.
Los partidos políticos nacionales y locales, las coaliciones, las candidaturas independientes y los simpatizantes de cada contendiente, han iniciado las labores de proselitismo para tratar de convencer a más de 89.3 millones de potenciales electores de favorecerlos con su voto.
Estamos hablando, como ustedes saben bien, de tres mil 406 cargos en disputa y de alrededor de ocho mil 300 candidatas y candidatos a los distintos cargos, incluyo aquí, por supuesto, las regidurías y las sindicaturas, que van a generar en su total 30 mil informes de ingreso y de gasto que deberán ser revisados.
Nunca antes habíamos tenido una movilización política tan grande y transversal a todos los ámbitos de elección, como la que se está viviendo en estas semanas y durante los próximos meses. Justo por ello, es importante recordar que cada evento, cada acto que realicen las coaliciones, partidos, candidatas y candidatos a nivel federal y local, debe ser reportado a Instituto Nacional Electoral y los ingresos y gastos que de ello deriven, deben ser registrados oportunamente en el Sistema Integral de Fiscalización dispuesto para tal efecto.
Se trata, para decirlo de una vez, sí, de la mayor movilización por el poder político que haya experimentado nuestra democracia, pero también significa que, como nunca antes, estaremos frente a la mayor movilización de dinero público y privado destinado a la competencia electoral.
En consecuencia, más de 13 mil millones de pesos de financiamiento público, a nivel federal y local, además del dinero privado que pueden recaudar lícitamente partidos y candidatos, tendrán, quienes contienden por el poder público, a su disposición para realizar durante estos meses sus actividades específicas, ordinarias y de campaña, incluyendo, decía, recursos federales y locales y cada peso invertido en las campañas debe ser reportado.
Ése es el reto, más cargos en disputa, más dinero invertido en la política, más candidatos que nunca antes y todo deberá fiscalizarse en menos de 40 días para que las salas, los tribunales correspondientes puedan cumplir con su trabajo de calificación de las elecciones.
Ése es el reto, decía. Si lo anterior además no fuera suficiente para dimensionar el mismo, agrego un dato adicional: la competitividad que ha cobrado carta de naturalización en las elecciones en nuestro país.
La experiencia de tres años de instrumentar el Sistema Nacional de Elecciones, demuestra que el nuevo modelo de la democracia mexicana ha contribuido a elevar la competitividad de las contiendas y que la alternancia sea en cada elección una opción real en manos de los electores.
Por supuesto, que la alternancia no hace democracia, pero que existan condiciones, la posibilidad real de la alternancia, es justo lo que define a los sistemas democráticos y el nuestro, en ese sentido, es un sistema vigoroso, vivo, que todos los días habla de la posibilidad de acceder al poder público ocurre sólo y nada más que a través de las elecciones.
La estandarización de las condiciones de competencia no sólo ha contribuido a disminuir el margen de la victoria entre el primero y segundo lugar, sino que ha permitido que el periodo entre 2015 y 2017 sea el lapso de mayor alternancia, el lapso trianual de mayor alternancia en la historia del país.
De ahí la importancia del curso de actualización que hoy estamos inaugurando, pero como ustedes saben y como se ha mencionado, resultados estrechos inevitablemente colocan un foco y una atención particular en las tareas de fiscalización que dejan de ser sólo un mecanismo de rendición de cuentas y que eventualmente actualiza una serie de previsiones establecidas en la ley y en donde el resultado electoral está vinculado también a la pulcritud en el ejercicio de los recursos.
Intercambiar información precisa sobre el funcionamiento del Sistema Integral de Fiscalización, del monitoreo de gastos que realizamos en el Instituto Nacional Electoral, sobre los distintos informes que presentan los contendientes y el enfoque de auditoría basado en modelos de riesgo, así como sobre los criterios relevantes emitidos por las salas del Tribunal Electoral y particularmente la Sala Superior en materia de fiscalización y las distintas derivaciones o consecuencias que tiene la fiscalización en cuanto tal, son aspectos que se abordarán en este curso y que reflejan el interés de ambas instituciones: Tribunal Electoral e INE, para contribuir a la certeza de los actos de las autoridades electorales antes, durante y después de la jornada electoral del próximo 1° de julio.
Confío en que el intercambio de información técnica y de criterios interpretativos y jurisprudenciales, tendrán un efecto favorable en la solidez técnica de los dictámenes que tendrá que emitir el Instituto Nacional Electoral y en la congruencia que tendrán que tener las resoluciones de todas las instancias jurisdiccionales electorales del país.
Estoy convencido de que el intercambio técnico que se dé durante este curso y el diálogo constructivo que de aquí se desprenda, con respeto a los ámbitos competenciales de cada institución, favorecerá elevar el contexto de exigencia a los partidos políticos y a los candidatos, para que reporten sus operaciones sin desfases.
Contribuirá también a superar los desafíos que impone el número de cargos a elegir, la cantidad de dinero que se invertirá en las campañas, el número de informes a fiscalizar y el escaso tiempo que las autoridades electorales tenemos para elaborar nuestros dictámenes, por un lado, el INE y por el otro lado los tribunales para resolver los recursos que se presenten.
Estamos hablando de un ejemplo claro de cómo el sistema electoral mexicano supone la interacción y la coadyuvancia de dos instancias electorales: las administrativas, por un lado y las jurisdiccionales, por el otro, en una lógica de complementariedad de en el ejercicio de cada una de nuestras respectivas competencias.
Permítanme concluir con una reflexión sobre el modelo de fiscalización. Hace 24 años las autoridades electorales no tenían atribuciones ni la capacidad técnica para revisar lo que habían gastado los partidos políticos en las campañas electorales.
En 1994, por primera vez la sociedad mexicana se enteró del dinero invertido en las contiendas por lo que los propios partidos políticos reportaron. Las facultades de auditoría, entonces, estaban restringidas a revisar lo que los partidos estaban obligados a reportar, nada más.
Pero hoy, en el marco del Sistema Nacional de Elecciones, las autoridades electorales contamos con un modelo de fiscalización robusto, que obliga al registro de operaciones prácticamente de manera cotidiana, así como de los movimientos de ingreso y gasto de cada fuerza política y contendiente.
Además, la experiencia que en los últimos meses hemos acumulado y que nos deja el haber rastreado la huella del dinero invertido en la política a través, entre otras, de empresas fantasma, así como la adecuación de las herramientas informáticas y de los enfoques de auditoría que utilizamos en la fiscalización, cada vez más centrados en la generación de modelos de riesgo, que no sólo en la revisión contable de lo que los partidos y candidatos reportan, nos permiten anticipar que vamos, juntos, Instituto Nacional Electoral y tribunales electorales, por supuesto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en primera instancia, a la elección no sólo más grande, no sólo probablemente más competida y compleja, sino también la más fiscalizada de la historia.
Tanto por los montos auditados y las operaciones contables reportadas, como por la capacidad de análisis financiero que nos proporciona el nuevo enfoque de auditoría y los acuerdos que hemos realizado con las distintas instituciones fiscales y financieras del país.
Ciertamente, la fiscalización no puede eliminar el peso relativo de la economía informal en nuestro país y la gran cantidad de recursos, en consecuencia, en efectivo que fluyen en la vida cotidiana, incluidas las campañas, pero sí puede contribuir a que nadie obtenga el poder político con base en dinero irregular.
Ése es el compromiso que hemos asumido las y los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral y que hoy construimos juntos con el enriquecedor diálogo procesal que involucra al INE y al Tribunal Electoral y a cada una de sus magistradas y magistrados. Muchísimas gracias.
Versión estenográfica de la participación del Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, durante la Ceremonia de Inauguración del curso: “Actualización en Materia Electoral sobre Fiscalización y sus consecuencias”, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
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