Muy buenas tardes. Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora; Magistrada Mónica Aralí Soto; Magistrado Indalfer Infante; Magistrado Reyes Rodríguez; César Lorenzo Wong, Presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana.
Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova. Señoras y señores, muy buenas tardes.
Agradezco la iniciativa y la convocatoria del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que, a través de su reconocido Centro de Capacitación Judicial Electoral, se lleve a cabo el curso presencial que hoy se inaugura, “Actualización en materia electoral sobre fiscalización y sus consecuencias”.
Permítanme comenzar por reconocer que una de las mayores fortalezas del Sistema Electoral Mexicano y de dos de sus instituciones insignia, el Tribunal Electoral y, en su momento, el Instituto Federal Electoral, fue asegurar el pleno respeto al voto. Así, el siglo XX mexicano cerró con una certeza: la del sufragio efectivo.
El diseño legal y la contribución institucional que aseguraron el ejercicio del voto y que cada sufragio se contara con pulcritud, permitió que fenómenos propiamente democráticos como la expresión de la pluralidad en los congresos y, por tanto, la división de poderes, se repitieran una y otra vez, y lo mismo puede decirse de la alternancia.
Así, los votos plurales fueron cambiando la naturaleza del régimen político mexicano para desmontar lo que Giovanni Sartori definió como un régimen de partido hegemónico para llegar a un vivo sistema de partidos.
En ese tránsito, el respeto al voto dio lugar a que el debate electoral y post-electoral se centrara ya no solo en los aspectos procedimentales sino cada vez más en el tema de las condiciones de la competencia, en particular, en el acceso al dinero por parte de los actores políticos y en la fiscalización.
Llegamos así a uno de los aspectos más complejos al que se enfrenta toda democracia contemporánea: al de la necesaria relación entre dinero y política, que es también una tensión estructural permanente; mientras todo actor político necesita financiamiento para sus actividades, los recursos en las economías de mercado se encuentran distribuidos asimétricamente y ello puede afectar el ejercicio democrático donde cada ciudadano vale lo mismo, cada voto cuenta igual, pero donde el dinero puede generar inclinaciones ilegítimas de la balanza.
Por ello las distintas naciones cuentan con regulaciones al financiamiento político-electoral, que en buena medida responden a su contexto político e histórico y que reflejan los principios de cada sistema; así, hay desde las regulaciones más liberalistas en uso del dinero, hasta las que ponen énfasis en la equidad, como es nuestro caso.
México ha diseñado uno de los modelos normativos más complejos y exigentes en materia de financiamiento, rendición de cuentas y fiscalización.
Los primeros pasos en 1996, señalaron desde la Constitución la preminencia del financiamiento público, los límites a los ingresos privados, la prohibición de dinero anónimo, desde el extranjero o de empresas mercantiles; por el lago de los egresos se incluyeron los topes de gastos de campaña y se creó la obligación de rendir informes de ingresos y gastos ordinarios y para cada campaña electoral, además de que se dispuso de una autoridad fiscalizadora permanente en las autoridades administrativas.
Fue en ese modelo de condiciones de competencia con equidad donde vivimos cambios relevantes como la pérdida de la mayoría del Congreso para un partido, así como la alternancia en la Presidencia de la República.
Fue también, hay que decirlo, donde experimentamos los primeros desafíos a la fiscalización y se revelaron y sancionaron las primeras tramas de financiamiento irregular de la democracia mexicana, como fueron los casos conocidos como “Pemexgate”, y “Amigos de Fox”, a inicios del siglo XXI.
Cabe recordar aquí la importancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para abrir brecha, a veces sobre roca dura en materia de fiscalización. Fue la Sala Superior la primera en reconocer al entonces IFE su atribución para solicitar información bancaria y hacendaria; aquella sentencia, histórica sin duda, dio lugar a que más tarde la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuviera oportunidad de conocer el caso, y desde 2007 es letra constitucional lo que la Sala Superior había señalado seis años antes, que los secretos bancario, fiduciario y fiscal no son oponibles a la autoridad electoral fiscalizadora.
El incremento de la competencia política, la alta litigiosidad que ha caracterizado a nuestro sistema electoral, llevaron a que en 2014 se reforzara la fiscalización; y quizá uno de los cambios más importantes de lo que fue el IFE a lo que es el INE, es precisamente la fiscalización, dado que ocurrieron tres cambios fundamentales: uno, se volvió una sola autoridad fiscalizadora en el país, eso pasó, por darles un ejemplo, que solamente de informes ordinarios de la operación de los partidos se pasara de nueve, analizara a nueve partidos políticos nacionales, a sus comités ejecutivos, a 33 auditorías por partido.
Así que si sumamos eso, 33 auditorías, la nacional, las 32 de las entidades por cada partido, más una treintena de partidos locales, pasamos arriba de 330 sujetos obligados cada año, sin contar las campañas.
El otro cambio significativo fue que en la Constitución se estableció la posibilidad de anular elecciones por exceso de gasto en contiendas altamente competidas, lo cual deriva el tercer cambio importante que es la reducción de los plazos de la fiscalización.
Mientras todavía en la elección pasada de 2012 la elección presidencial se calificó sin que se tomaran en cuenta los resultados de la fiscalización, ahora en 2018 por primera vez el INE tendrá que entregar sus conclusiones de la fiscalización antes que la Sala Superior, a quien le corresponde la calificación de la elección por mandato constitucional, se pronuncie.
En los meses que vienen vamos a vivir una de las etapas de fiscalización más intensas, y está ya ha empezado. Permítanme señalar que se llevó a cabo la fiscalización de las precampañas que incluyeron a ocho mil 101 precandidatos, tanto a nivel local como federal, más la fiscalización de la búsqueda de apoyo ciudadano de 287 aspirantes a nivel federal y mil 208 a nivel local.
Esto nos da un total de mil 495 aspirantes, que sumados a los precandidatos arrojan la suma de nueve mil 596 sujetos fiscalizados por el INE en los últimos meses.
Y quiero reconocer aquí, nobleza obliga, decisiones del Tribunal Electoral que han sido clave en materia de fiscalización. Por ejemplo, cuando el INE detectó que los actores políticos no estaban cargando sus operaciones de ingreso y gasto en tiempo real durante las campañas y que eso debilitaba la labor fiscalizadora, el Tribunal Electoral acompañó, respaldó, confirmó las sanciones para el reporte extemporáneo de ingresos y gastos.
En segundo lugar, ratificó la notificación electrónica. Si vamos a un universo de miles de candidatos, como es el proceso electoral que estamos viviendo, el que nosotros tuviéramos que acudir físicamente en todo el país a dejar notificaciones de fiscalización, haría muy difícil poder concluir en los plazos que la ley nos da.
El Tribunal Electoral, su Sala Superior, respaldó la notificación electrónica y eso permite que garantizando los derechos de los sujetos obligados, el derecho de audiencia y siguiendo el debido proceso, podamos llevar a cabo una fiscalización exigente.
Y otro ejemplo claro de respaldo del Tribunal Electoral al Instituto Nacional Electoral fue la confirmación del proyecto de homologación de calendarios que nos permitió, entre otras cosas, que la fiscalización de todas las precampañas en el país y de todas las actividades de búsqueda de apoyo ciudadano estuvieran concluidas antes de que el INE y los 30 Organismos Públicos Locales que tienen procesos electorales este año empezaran a registrar a los candidatos; es decir, la fiscalización de precampañas y apoyo ciudadano pudo concluir antes del registro dando certeza de que quienes obtienen su registro no tienen problemas con la etapa previa de fiscalización y esta contribución a la certeza se debe a la decisión de la Sala Superior del Tribunal.
Concluyo señalando que este curso que conjuntamente desarrollaremos en los próximos días permitirá profundizar más el conocimiento conjunto del sistema integral de fiscalización, de los criterios para llevar a cabo esta tarea que, desde el punto de vista del Instituto Nacional Electoral, no se trata de una actividad solamente punitiva sobre la conducta de los actores políticos, la fiscalización debe verse más bien como una herramienta al servicio de la rendición de cuentas, de la transparencia y en ese sentido de la democracia, en la medida en que los actores políticos rindan cuentas, sean transparentes con las fuentes de financiamiento de sus campañas y con el destino de sus egresos podremos tener una ciudadanía menos alejada de la política.
Termino con una reflexión más de índole política, la fiscalización es un instrumento para defender a la democracia y cuando digo defender a la democracia es para defender el sufragio y la importancia del voto, para que no sea dinero de origen ilegítimo y legal o el gasto excesivo lo que pueda afectar una contienda.
Pero por ello mismo debemos ser muy cuidadosos de que las denuncias que se imponen en materia de fiscalización que se interponen, no sean frívolas, tengan sustento porque no es legítimo descalificar elecciones auténticas, competidas, donde los votos se emiten en libertad y se cuentan con pulcritud señalando sin sustento gastos excesivos y quererse aprovechar de la disposición constitucional que contempla una posible nulidad de elecciones, quererse aprovechar de ese derecho de mala manera acusando al que gana de haber resultado triunfador por un uso excesivo de recursos. Cuando se hace sin sustento es también una manera de intentar debilitar el valor, la importancia del sufragio.
Yo confío en que entre las capacidades técnicas de la fiscalización del INE y la consistencia y robustez jurídica de las sentencias del Tribunal confirmemos que la fiscalización es eso, una herramienta al servicio del sufragio efectivo, confío en que así será y agradezco mucho la iniciativa de realizar este curso y de trabajar de manera muy coordinada entre ambas instituciones.
Muchas gracias a todos ustedes por su atención.
Versión estenográfica de la intervención del Consejero Ciro Murayama, durante la Ceremonia de Inauguración del Curso: “Actualización en Materia Electoral sobre Fiscalización y sus consecuencias”, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
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