Las autoridades electorales no podemos renunciar a realizar y presentar conteos rápidos la noche de la elección; sería un terrible error ignorar que el domingo 1 de julio habrá una sociedad atenta, ansiosa y demandante de conocer los resultados. Si cierran las casillas y deviene un silencio prolongado se lastimará de manera irreparable la certeza y la credibilidad, se abonará a la confusión general con autoproclamaciones de triunfo sin fuente oficial que las confirme o desmienta. Sin información oportuna de los resultados se dejaría al garete, por horas, el derecho a saber, a tener un referente oficial que muestre rangos y tendencias de votación sobre lo que han expresado los votos en las urnas.
Hace una semana, el Tribunal Electoral tomó una decisión, grave en sus consecuencias, que nos obliga a seguir un criterio de interpretación que obstaculiza la posibilidad de conocer resultados el mismo día de las votaciones. De aplicarse los argumentos de la sentencia sin alguna alternativa de solución que contrarreste su efecto, el INE no tendrá conteo rápido a las 22:30 horas del domingo que vamos a salir a votar, tal y como estaba previsto en un modelo que revocó la Sala Superior. El INE tendría que dar los resultados hasta la madrugada del lunes, dejando en oscuridad informativa sobre la contienda a todo el país. De ese tamaño es el dilema que debe discutirse y resolverse.
La reforma electoral del 2014 estableció la figura de la “casilla única” y por primera vez se aplica en el marco de una contienda presidencial. Antes una casilla abría tres urnas de elección federal y otra casilla las de los cargos locales, pero hoy eso se va a concentrar en el mismo sitio, en la misma casilla. Por eso son más elecciones a contar por los mismos ciudadanos, por los mismos funcionarios, aun cuando sean seis y no cuatro y por eso no es compatible esperar a que terminen de contarse todas las urnas de la misma casilla antes de proporcionar los primeros resultados de la elección presidencial.
El diseño de una “casilla única” implica ventajas, como permitir que en un mismo espacio concentre urnas de comicios locales y federales, facilitar con ello a la población de las 30 entidades donde se renuevan cargos locales y federales el mismo día, ejercer su derecho a elegir sin tener que acudir a un lugar para votar por Presidente, diputados y senadores; y a otro para hacerlo por gobernador, diputados locales y ayuntamientos.
No es una mala decisión del Congreso simplificarle las cosas al votante, pero representa un reto logístico y operativo para garantizar que al momento de contar todos los votos no se demore considerablemente la difusión de resultados en horas fundamentales para la certeza, las que hacen la diferencia entre ir a dormir sin incertidumbre o con zozobra, las que deben apostar por hacer valer de manera oportuna el derecho constitucional a la información y su principio de máxima publicidad.
Con la casilla única tendremos entidades en las que un mismo elector recibirá entre cuatro y hasta siete boletas para depositar en diferentes urnas. Antes, una elección federal sólo tenía en la misma casilla tres boletas. De ahí que el INE pidiera agilizar el llenado de acta de la elección presidencial y no esperar hasta que acaben todas las urnas de la casilla, pero el Tribunal concluyó que la rapidez para informar resultados no es tan relevante, aunque lo sea para el sentido común, aunque lo que sucedió en el 2006 así lo demostró, si bien la experiencia cotidiana camina en una dirección contraria a su decisión.
Sería un gravísimo error decirle a la población al término de la jornada electoral que no hay de otra, que como son muchas urnas las que se van a contar ahora debemos esperar hasta la madrugada, un día después si es necesario, antes de tener un primer conteo oficial con el rango de votación que han registrado candidatos presidenciales. Ahí está el dilema que el INE debe atender ahora.
No hay duda de las facultades que tienen las y los magistrados para interpretar las fronteras constitucionales y las leyes, pero si sus interpretaciones son incompletas, generarán inevitablemente riesgos que no podemos correr cuando tenemos enfrente el proceso electoral más complejo de la historia reciente en cuanto al número de cargos que van a definirse un mismo día y en cuanto a la complejidad política que revisten.
Dejar a la deriva la expectativa general que habrá el domingo 1 de julio para conocer qué dicen las urnas, sería un acto suicida en términos de certeza y derecho a la información. La ciudadanía tiene derecho a saber de manera oficial el mismo día de la jornada cómo se comportó el voto, a tener un punto de referencia y no sólo encuestas de salida privadas o de los propios competidores y los posicionamientos de éstos diciendo que ganaron.
La agilidad en el flujo de resultados enfrenta hoy ese reto mayúsculo en donde las instituciones debemos aportar soluciones y no obstáculos. En el INE respetaremos y acataremos todas las sentencias del Tribunal, pero es nuestra obligación exponer sus efectos, decirle a todos qué significan y que los protocolos diseñados por el INE y que buscan certeza, oportunidad y solvencia a la información de resultados electorales preliminares y de los conteos, no fueron aceptados por la mayoría de los magistrados porque consideran que es mejor esperar hasta la madrugada del día siguiente.
Quién, entonces, le pone con sus decisiones mayores obstáculos a la certeza, a la credibilidad y a la confianza, a la parte vital de los procesos electorales donde se deben conocer los resultados electorales. ¡Vaya cuestión!
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RESUMEN
