Ayer en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) se llevó a cabo el sorteo del mes que servirá de base para definir a los funcionarios de casilla.
De dicho sorteo resultó que sea el mes de febrero el que se utilice. La ley establece que el Consejo General deberá sortear un mes del calendario, que junto con el siguiente, sirva de base para sortear a los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla el próximo primero de julio.
Eso quiere decir que con dicho mes en las juntas distritales se insaculará a 13 por ciento de quienes integran la lista nominal de cada sección electoral para invitarlos a participar y posteriormente a capacitarlos.
Este sorteo, elección tras elección, se repite. Pero, a pesar de ello, no debemos asumirlo como un procedimiento meramente burocrático o de trámite, ya que representa un momento clave en la construcción de la cadena de confianza que supone la organización de todo un proceso electoral: la definición de quienes recibirán y contarán los votos.
No es cosa menor que a tan sólo cinco meses de la jornada electoral más grande de nuestra historia, nadie pueda saber quiénes serán los ciudadanos que contarán los votos el día de la jornada electoral. Ello tiene un propósito. No es ni una casualidad ni una omisión de los legisladores. Se trata de que nadie sepa con anticipación quiénes cumplirán esa función y, en consecuencia, los puedan someter a presiones o intromisiones indebidas de actores políticos, económicos o sociales.
Esta forma de seleccionar y designar a quienes recibirán y contarán los votos, no ocurre en otros países. En otras naciones, en las que el sistema electoral no se basa en la desconfianza, se sabe con mucha antelación quiénes son los funcionarios que estarán en las casillas y en no pocos casos las personas que cumplen ese rol son funcionarios gubernamentales y casi siempre son los mismos, ya que es una actuación que se repite periódicamente.
Sin embargo, en México esto no es así. No lo es por una razón profunda: la necesidad de inocular la confianza en las elecciones. De ahí que en cada proceso electoral se insacule y capacite a millones de ciudadanos para que cuenten los votos en una sola ocasión. Esta renovación del ciclo de selección y capacitación constituye uno de los eslabones centrales de la cadena de confianza mencionada. Esto explica que en 2018 serán insaculados 11.5 millones de ciudadanos y ciudadanas que serán visitados en sus domicilios por el INE y que, de entre ellos, al final surgirán los 1.4 millones de funcionarios y funcionarios de casilla que recibirán y contarán los votos el primero de julio próximo.
Consulta el artículo en La Jornada
RESUMEN
