El día de ayer el Consejo General del INE conoció de un caso en el que se evidenció una red de financiamiento ilegal en las campañas de 2012 que benefició a varios partidos. Según la misma, una “empresa fachada” llamada Asismex recibió recursos provenientes de personas físicas y morales con los cuales fondeó, con más de 70 millones de pesos, a un lote de tarjetas bancarias que fueron utilizadas, entre otros conceptos, como pago a 7 mil 311 representantes de partidos políticos ante casillas. Esos recursos no fueron reportados al entonces IFE, por lo cual constituyen una red de financiamiento paralelo prohibida por la ley.
Más que abundar en el caso en específico, el mismo es un buen pretexto para hacer una reflexión más general sobre la fiscalización a la política en nuestro país.
La historia de la fiscalización de las campañas en México se remonta a 1994. Entonces ésta permitió por primera vez conocer oficialmente los montos de gasto realizado. Entonces el partido en el gobierno concentró el 80% del gasto en la elección presidencial.
Ello colocó a la equidad en el centro de las necesidades políticas y como pieza clave de la ecuación para construir una democracia incluyente, plural y equilibrada.
Así, el dinero y el acceso a los medios electrónicos de comunicación constituyeron los dos ejes sobre los cuales, desde la reforma de 1996, se ha construido el sistema electoral democrático del país. Por ello, un financiamiento público generoso (y predominante sobre los recursos privados) y la puesta a disposición de los partidos de los tiempos del Estado en la radio y la televisión, han sido las dos palancas de la equidad en las contiendas electorales.
En ese sentido la fiscalización no es un fin en sí mismo, sino una de las garantías que las fuerzas políticas —todas— han pactado para garantizar el respeto de esas reglas que fundan la equidad en las condiciones de la competencia.
La fiscalización del INE es un medio para conseguir dos objetivos: primero, concretar el principio democrático de la rendición de cuentas y, segundo, garantizar que el financiamiento paralelo —el que corre oculto por debajo de la mesa— no se convierta en un factor decisivo que altere la equidad en la competencia electoral.
El financiamiento público a la política es particularmente generoso: si sumamos los recursos que los partidos recibirán este año de la federación (6 mil 800 millones de pesos) con los que obtendrán por la vía del financiamiento de los estados, en 2018 se rebasarán los 12 mil millones de pesos que la sociedad destinará a financiar al sistema de partidos. Es un monto muy alto que eventualmente tendrá que repensarse y racionalizarse en el futuro. Ello, sin contar con los montos de financiamiento privado que por vías lícitas los partidos pueden allegarse.
Por eso resulta inaceptable que se urdan tramas de financiamiento paralelo. Ello es así por tres razones: a) porque se rompe la lógica misma del juego democrático y vuelve a la política un juego sucio e indigno, en donde la lucha por el poder presuntamente justifica el recurso a cualquier tipo de treta y contribuye al grave y preocupante desprestigio y de la democracia que debería preocuparnos a todos. b) Porque abre la puerta a la dependencia de los partidos y de los gobiernos a los intereses particulares que los proveen de esos recursos, nadie que hace aportaciones a la política —y menos en grandes cantidades— hace filantropía, sino que busca un beneficio a sus propios intereses. Y c) porque ese tipo de financiamientos opacos y, por ello, ilegales, constituyen el primer eslabón de las cadenas de corrupción que ahogan a nuestra sociedad en el ejercicio de los gobiernos.
El nuevo modelo de fiscalización derivado de la reforma de 2014 buscó reforzar esa lógica. Al establecerse un esquema de reporte de las operaciones de ingreso-gasto en “tiempo real” para los partidos (que tienen que informar al INE todo ingreso o gasto dentro de los tres días siguientes a que ocurra) se buscó evitar que pudiera construirse una doble contabilidad y con ello burlar las reglas de piso parejo que buscan todas las normas en la materia.
El modelo ha tenido una fase de maduración a lo largo de tres años. En este periodo se ha consolidado el inédito Sistema informático Integral de Fiscalización; se ha construido la capacidad de auditoría contable necesaria para resolver los dictámenes de las campañas en apenas 45 días después de ocurrida la jornada electoral; se establecieron nuevos canales de comunicación con el Sistema de Administración Tributaria, con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con la Unidad de Inteligencia Financiera y con la Unidad de Lavado de Dinero para intercambiar información de manera oportuna y se fortalecieron los ya existentes. El siguiente paso es desarrollar y fortalecer las capacidades de inteligencia financiera propias y de fortalecer los modelos de riesgo que le permitan al INE desplegar las capacidades de rastreo de la ruta del dinero que no le es reportado.
Los hallazgos de la investigación mencionada al inicio de este texto son justamente un buen ejemplo de esta segunda dimensión de la fiscalización; no la contable centrada en el encuadre de lo que los partidos reportan con lo que se detecta como ingresos y gastos, sino la que implica un ejercicio de investigación y descubrimiento de las tramas ocultas de financiamiento.
Estamos frente a un caso que evidencia el financiamiento paralelo del que mucho se habla y sobre el que mucho se especula y que hoy el INE está documentando.
El INE no pretende que este sea un caso aislado. Este asunto representa la nueva frontera que se pretende imprimirle a la fiscalización en adelante: una fiscalización que trascienda la mera dimensión contable —insisto, ya suficientemente probada y consolidada—, y que eche mano de la rica información que el sistema fiscal y el sistema financiero proporciona; que indague, explote bases de datos, haga inteligencia y que permita desenmascarar las redes de financiamiento paralelo, identificar a las entidades fachada construidas exprofeso para burlar la ley y la rendición de cuentas e inyectar, con ello, recursos por abajo del agua a las campañas. Y eso debe hacerse no apostando a un futuro lejano; debe hacerse desde ahora, de cara a las elecciones de 2018. Ello es así, porque esta será la mejor manera con la que el INE puede a contribuir a que las y los ciudadanos ejerzamos nuestro voto de manera libre y, en consecuencia, se abone en la legitimidad de los gobiernos que resulten electos en las urnas.
El propósito no es hundir a nadie, ni sancionar a los partidos políticos —como si éste fuera un fin en sí mismo—, sino recuperar la dignidad de la política democrática entendida ésta como el “juego limpio”, como el juego transparente por el poder político cuya contienda se da en la luz y de cara a las y los ciudadanos.
El juego democrático debe ser entendido como el intercambio franco y abierto, intenso y hasta ríspido, de las ideas y los proyectos y no el que está determinado por los flujos de dinero opaco. Esa es la base que le permite a las y los ciudadanos votar en libertad por quienes ellos quieran. Al final, a ese “pequeño” detalle se resume la base de toda democracia y es responsabilidad del INE trabajar cotidianamente para ello.
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RESUMEN
