Estamos ante una de las indagaciones más complejas que han enfrentado el IFE y el INE sobre una trama de financiamiento irregular a la política, a pesar de que desde 2007 la Constitución permite a la Autoridad Fiscalizadora Electoral trascender los secretos bancario, fiduciario y fiscal, esta investigación se enfrentó con múltiples obstáculos, pero al final hay caso y proponemos las sanciones correspondientes.
Los hechos son estos: en 2012 el IFE investigó la queja conocida como MONEX entre sus actuaciones la entonces Unidad de Fiscalización se propuso indagar si se habían hecho pagos mediante tarjetas a los representantes de casilla del PRI, integrante de la Coalición “Compromiso por México” del total de representantes que ascendió a 412 mil ciudadanos y siguiendo una metodología del INEGI se buscó entrevistar a una muestra representativa que abarcó a más de dos mil personas en noviembre de 2012; era en efecto como buscar una aguja en un pajar ,pero la aguja apareció. Dos ciudadanos, Raúl y Nabor, ambos de apellido García residentes de Veracruz, militantes del PRI declararon haber recibido pagos de dos mil pesos a través de sendas tarjetas del Banco Bancomer por su labor como representantes de casilla.
Por otra parte, en la misma indagatoria sobre la queja MONEX, el PAN denunció la existencia de 16 tarjetas de otras instituciones bancarias que habrían sido utilizadas para dispersar recursos a favor de la Coalición “Compromiso por México”.
Para conocer si, en efecto, tras esas tarjetas si había dado algún ilícito electoral, la Unidad de Fiscalizaciones siguió el procedimiento y dio inicio así hace casi cinco años, el 18 de enero de 2013 a la queja que hoy resolvemos; en total se partió con la tarea de indagar 18 tarjetas de las cuales 16 fueron emitidas por Bancomer, una por Banamex y otra por Santander tras rastrear en el Sistema Financiero sobre el origen y destinatarios de esas 18 tarjetas se identificó que 10 estaban debidamente acreditadas y no daban indicio de ilícito alguno, pero quedaron ocho, todas de Bancomer que son fruto de un contrato con la empresa llamada “Logística, Estratégica ASISMEX S.A. de C.V.” que supimos en las indagatorias sobre ASISMEX que se constituyó en 2010 como comercializadora y distribuidora, que entre octubre de 2011 y julio de 2012 periodo coincidente con el Proceso Electoral Federal recibió depósitos en tres cuentas de Bancomer por mil 394 millones de pesos que en el mes previo a la Jornada Electoral sus ingresos provenientes de siete aportantes fueron por 123 millones de pesos. Al buscar esos aportantes no se localizaron, o bien negaron relación con ASISMEX, además de ninguno de esos movimientos se localizaron facturas en el Sistema de Administración Tributaria y tampoco se ubicó ASISMEX en el domicilio asentado ante el SAT, una empresa en suma que se esfumaba, que no se localizaba, pero bajo cuya fachada fluyeron en 10 meses casi mil 400 millones de pesos a través del Sistema Bancario.
El 1° de diciembre de 2017, hace apenas 40 días y tras años de requerimientos de información a Bancomer, finalmente entregó al INE con la intermediación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues nos preocupaba que expirase la potestad sancionadora del INE en este caso, entregó Bancomer, finalmente, decía un disco con una base de datos que contiene la relación de personas beneficiarias de las tarjetas dispersadas por ASISMEX en 2012, entre las que se encuentran precisamente las 8 tarjetas origen de la investigación.
En el disco entregado por Bancomer se identifica a 30 mil 707 nombre únicos, dichos beneficiarios tienen depósitos de acuerdo a la información recibida por 70.5 millones de pesos.
Es importante resaltar que de los estados de cuenta que constan en el expediente se documenta que el 27 de junio de 2012, cuatro días antes de la Jornada Electoral del 1° de julio, ASISMEX realizó pagos por 63.5 millones de pesos, el mismo día que dispersó recursos a las tarjetas pertenecientes al lote donde se ubican las 8 tarjetas investigadas.
La Unidad de Fiscalización cruzó la base de datos entregada por Bancomer con nuestro registro de representantes acreditados por los partidos en la Jornada Electoral del 1° de julio de 2012 para ver si los beneficiarios de los depósitos de las tarjetas ASISMEX tenían relación con la operación electoral. Los hallazgos son interesantes, se detectó una coincidencia de 7 mil 311 casos únicos, sin duplicidad de nombre para identificar claramente un beneficiario de las tarjetas con un representante acreditado por partido político, a esas 7 mil 311 personas se les hicieron ingresos por 18 millones 441 mil pesos; 5 mil 613 representantes del PRI y Verde recibieron 15 millones 152 mil pesos; mil 26 representantes del PRD, PT y Movimiento Ciudadano recibieron pagos por 2 millones 58 mil pesos; 369 representantes del PAN tuvieron depósitos por 742 mil pesos y 243 representantes de Nueva Alianza recibieron depósitos por 489 mil pesos.
Estamos ante una trama de financiamiento paralelo irregular opaco para pagar la operación electoral el día de la votación del 1° de julio de 2012; una empresa con las características típicas de una empresa fachada o fantasma se fondea de recursos de empresas igual de irregulares y hace un contrato con una Institución Bancaría para dispersar recursos a miles de personas, realiza pagos a cuatro días de la Jornada Electoral y documentamos 7 mil 311 representantes partidistas como beneficiarios de esos pagos, esa es la infracción, financiamiento ilegal a la política y la sanción que proponemos es del 200 por ciento de los recursos ilícitos recibidos.
Permítanme defender nuestro razonamiento, está plenamente acreditado que dos tarjetas llegaron a manos de dos ciudadanos bien identificados, residentes en Veracruz que fueron representantes de casilla en 2012, quienes recibieron pagos por 2 mil pesos cada uno. Su remuneración se dio a través de las tarjetas Bancomer contratadas por ASISMEX y fondeadas precisamente el 27 de junio, nos dirán: “son sólo dos tarjetas”, sí pero de un solo lote identificado, sabemos cuándo las fondearon y quién lo hizo, esas dos tarjetas son, permítaseme la analogía, la huella de ADN, el cabello o la muestra de sangre que identifica al resto de la operación de la trama, mismo contrato, mismo aportante, mismo banco, mismo financiador, mismo origen de los recursos empleados, mismo mecanismo de dispersión del dinero, mismos depósitos, mismos montos, mismas fechas. Y todo ello coincidente con la Jornada Electoral del 1° de julio de 2012 porque para más abundamiento, esas tarjetas no volvieron a ser fondeadas, no se volvió a pagar a nadie después de esa única operación. Como puede verse, el INE sanciona la violación a la Ley con independencia del color del infractor; si somos rigurosos es porque esta Institución nació para honrar la legalidad y la democracia.
Versión estenográfica de la intervención del Consejero Electoral Ciro Murayama Rendón, en el punto 1.1 de la Sesión Extraordinaria, relativo al proyecto de resolución del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales
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