Permítanme intervenir en esta primera ronda.
Quiero hacer una reflexión, no centrada en el caso concreto, sino a propósito del caso concreto de mayor aliento, si se me permite.
La historia de la fiscalización de las campañas en México se remonta a 1994, entonces, ésta permitió por primera vez conocer oficialmente los montos de gasto realizado en las elecciones.
Entonces, el partido en el gobierno concentró el 80 por ciento del gasto en aquella elección Presidencia. Ello puso a la equidad en el centro de la ecuación de construir una democracia incluyente, plural y equilibrada.
Dinero y acceso a medios, constituyeron los dos ejes sobre los cuales, desde la reforma de 1996 se ha construido el sistema electoral democrático del país o, si se quiere, un financiamiento público generosos y predominante sobre los recursos privados, por un lado, y la puesta a disposición de los partidos de tiempos del Estado en la radio y la televisión, por el otro, han sido las dos palancas de la equidad en las contiendas electorales.
En ese sentido, la fiscalización no es un fin en sí mismo, sino una de las garantías que las fuerzas políticas, todas, han pactado para garantizar el respeto de esas reglas que fundan la equidad en las condiciones de la competencia.
La fiscalización del INE es un medio para conseguir concretar, por un lado, el principio democrático de la rendición de cuentas, es decir, el respeto a las reglas y los objetivos que las propias fuerzas políticas han consensuado y plasmado en la ley como reglas del juego; y por el otro, en garantizar que recurrir al juego sucio, al financiamiento paralelo o alternativo, el que corre por abajo de la mesa, no se convierte en un factor decisivo que altere la equidad en la competencia electoral.
El financiamiento público a la política en México es particularmente generoso, sumando los recursos que los partidos recibirán este año de la federación, 6 mil 800 millones de pesos, a los que obtendrán por la vía del financiamiento público, se rebasarán los 12 mil millones de pesos para financiar a la política en este año.
Es un monto muy alto que eventualmente tendrá que repensarse y racionalizarse en el futuro. Además, los partidos tienen derecho a montos de financiamiento privado por ciertos montos que hoy vamos a definir en el punto 6 del orden del día.
Por ello, resulta inaceptable que se urdan tramas de financiamiento paralelo. Ello es así al menos por tres razones. En primer lugar, porque ello rompe la lógica misma del juego democrático y vuelve a la política un juego sucio e indigno en donde la lucha por el poder, presuntamente justifica el recurso a cualquier tipo de treta y contribuye al grave y preocupante desprestigio y descrédito de la política y de la democracia que debería preocuparnos a todos.
En segundo lugar, porque abre la puerta a la dependencia de los partidos y de los gobiernos a los intereses particulares de quienes proveen esos recursos. Nadie hace aportaciones a la política y menos en grandes cantidades, pretendiendo hacer filantropía, sino que busca un beneficio a sus propios intereses.
Y en tercer lugar, porque ese tipo de financiamientos opacos y por ello ilegales, constituyen el primer eslabón de las cadenas de corrupción que ahogan a nuestra sociedad en el ejercicio de los gobiernos. El nuevo modelo de fiscalización derivado de la reforma de 2014, buscó reforzar esa lógica al establecerse un esquema de reporte de las operaciones de ingreso y gasto en tiempo real para los partidos, se buscó evitar que pudiera construirse una doble contabilidad y con ello burlar las reglas de piso pareja que buscan todas las normas en esta materia, el modelo ha tenido una fase de maduración en los tres años en los que se han consolidado el inédito sistema de fiscalización, se ha construido la capacidad de auditoría contable para resolver los dictámenes de las campañas en apenas 45 días después de ocurridas la jornada electoral, también se establecieron nuevos canales de comunicación con el SAT, con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con la Unidad de Inteligencia Financiera y con la Unidad de Lavado de Dinero. Y se fortalecieron los ya existentes
El siguiente paso es desarrollar y fortalecer las capacidades de inteligencia financiera y de fortalecer los modelos de riesgos que nos permitan desplegar las capacidades de rastreo de la ruta del dinero que no es reportado a esta autoridad electoral
Los hallazgos de esta investigación son justamente un buen ejemplo de esta segunda dimensión de la fiscalización, no la contable centrad en el encuadre de lo que los partidos reportan con lo que se detecta como ingresos y gastos, si no la que implica un ejercicio de investigación y descubrimiento de las tramas ocultas de financiamiento
Estamos frete a un caso que evidencia el financiamiento paralelo del que mucho se habla, y sobre el que mucho se especula y que hoy en INE documenta, y quiero ser enfático en este punto en Instituto Federal Electoral no pretende que este sea un caso aislado, este asunto representa la frontera que pretendemos imprimir a la fiscalización en adelante, una fiscalización que trascienda la mera dimensión contable, insisto ya suficientemente probada y consolidada y que hace mano de la rica información que el sistema fiscal y el sistema financiero nos proporcionan.
Que indaguen, que explote bases de datos, haga inteligencia financiera y nos permita desenmascarar las redes de financiamiento paralelo, las entidades fachada construidas exprofeso para burlar la ley y la rendición de cuentas e inyectar recursos por abajo del agua a las campañas, y eso lo vamos a hacer, no apostando a un futuro lejano, lo vamos a hacer desde ahora de cara a las elecciones del 2018.
Ello es así porque estamos convencidos de que esta será la mejor manera con la que esta autoridad electoral va a contribuir a un contexto en la que las y los ciudadanos podamos ejercer nuestro voto de manera libre y con ello, contribuir a la legitimidad de los gobiernos que resulten electos en las urnas.
El propósito, quiero ser claro, no es hundir a nadie, ni sancionar a los partidos políticos como si éste fuera un fin en sí mismo, sino recuperar la dignidad de la política democrática, entendida ésta como el juego limpio, como el juego transparente por el poder político cuya contienda se da en la luz y de cara a todas y todos los ciudadanos.
El juego democrático, entendido como intercambio franco y abierto, intenso y hasta ríspido de las ideas y de los proyectos y no el que está determinado por los flujos de dinero opaco, por debajo de la mesa y que, por eso, precisamente por eso, es un juego que permite a los ciudadanos votar en libertad, por quien ellos quieran, al final, a ese pequeño detalle, se resume la base de toda la democracia, y en el INE, estamos y estaremos trabajando incansablemente para ello.
Versión estenográfica de la intervención del Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, en el punto 1.1 de la Sesión Extraordinaria del 10 de enero de 2018, relativo al proyecto de resolución del procedimiento de queja en materia de Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos Nacionales
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