Arrancó ya con la intensidad del 2018, año de la mayor elección de nuestra historia.
Como era de esperarse tenemos precandidatos muy activos, convenios de coalición que buscan sumar adhesiones y posibilidades de triunfo, actores políticos reconocidos y con amplia base de respaldo y también con críticos y detractores como corresponde en democracia.
Si algo podemos decir desde hoy es que la incertidumbre legítima de unas elecciones auténticas está presente, sólo serán los ciudadanos con su voto quienes definirán victorias y derrotas el próximo 1º de julio. Hoy no hay ningún ganador ni perdedor predeterminado.
Un tema clave de nuestros procesos electorales es el de las condiciones de la competencia, de la equidad; dos grandes instrumentos están al servicio de este propósito, acceso a medios de comunicación sin costo para los actores políticos y amplio financiamiento público. Todos los partidos reciben en México recursos públicos ordinarios, mismos que pueden canalizar a sus precampañas y en esta etapa se multiplica su exposición en radio y televisión con cargo a los tiempos del estado.
El INE garantiza que esas prerrogativas se entreguen sin dilación y se repartan escrupulosamente como marca la ley.
Ahora bien, este modelo de equidad se redondea, se cierra con la necesaria rendición de cuentas por parte de los actores políticos. Es imperativo saber cuántos recursos públicos canalizan a sus actividades proselitistas durante las campañas y más adelante las precampañas, y más adelante las campañas, y cuánto dinero de origen privado están recibiendo, esto en el entendido de que es válido y legal recibir aportaciones de particulares, siempre que se trate de personas físicas, nunca morales, de que los donativos queden clara y expresamente registrados y que se respeten los límites a las contribuciones.
Además se necesita asegurar que por el lado del gasto excesivo u opaco no se desvirtúe el modelo de equidad, para eso sirve la fiscalización precisamente, para asegurar que el dinero que fluye a la actividad política se sujeta al marco legal y que los gastos no generan ventajas indebidas.
A nuestro sistema de equidad en las contiendas, se le robusteció en 2014 con la rendición de cuentas en tiempo real, estamos en las primeras precampañas presidenciales de la historia donde los precandidatos están legalmente obligados a reportar en tiempo real sus ingresos y gastos a través del Sistema Integral de Fiscalización. Se trata, hay que insistir, de una obligación que la ley les impone, no de una concesión unilateral de los actores políticos hacia el INE.
Por eso esta autoridad exige rendición de cuentas y llama la atención cuando no se cumple.
Llevamos ya 23 días de precampañas presidenciales, día con día los medios de comunicación, las redes sociales, nos permiten seguir en tiempo real las actividades proselitistas.
De eso tratan las precampañas, bienvenida sea la actividad política abierta a la luz del día, pero con ella debe venir también la rendición de cuentas, el reporte de ingresos y gastos, y hay que señalar que existe un déficit en la carga de operaciones y en el reporte de los manejos financieros a la autoridad de las tres principales precampañas que transcurren estas semanas.
El día de hoy se presenta por segunda ocasión el Informe de Ingresos y Gastos del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-18 de la Precampaña, aun cuando hay operaciones registradas en el Sistema Integral de Fiscalización los ingresos y gastos asentados no se corresponden con la intensidad de la actividad política desplegadas por los precandidatos de las tres coaliciones; hay ingresos por apenas 660 mil pesos y gastos por 5.1 millones; del total de ingresos poco más de 650 mil pesos corresponden al precandidato de Morena por concepto de transferencias de recursos federales y casi 7 mil pesos de aportaciones de militantes y simpatizantes que recibió el precandidato del PAN.
El precandidato del PRI hasta ahora no asentado en el Sistema Integral de Fiscalización de dónde provienen los recursos que utiliza en su precampaña.
Hay que insistir, se tiene que describir y documentar el origen del dinero que se está empleando durante la precampaña.
Hoy los gastos los tres precandidatos exceden en 4.5 millones de pesos los ingresos reportados, es decir, gastan sin documentar la fuente de los recursos que están utilizando.
Si observamos los gastos reportados por los precandidatos, de esos 5.1 millones: 842 mil corresponden al precandidato del PAN, 656 mil a Morena y 3.6 millones al precandidato registrado por el PRI y Nueva Alianza.
A grandes rasgos, se están gastando 223 mil pesos por día, pero de acuerdo a la clasificación del gasto, dos precandidatos Anaya y López Obrador sólo han reportado gastos operativos. Esto es, si nos atenemos a lo que informan a la autoridad no han gastado un solo peso en propaganda ya sea en internet, en espectaculares, medios impresos o gastos de producción en spot de radio y televisión, aunque hay spots pautados por el INE, porque los propios partidos los entregaron y los mandaron producir, hacer, y hay que recordar que, aunque algún precandidato no aparezca en un spot debe prorratearse el costo del mismo entre los distintos precandidatos de cada partido.
Otro tema que llama la atención es que ninguno de los tres precandidatos ha sumado a su contabilidad gastos por propaganda utilitaria, es decir, como si no se hubiera usado una sola playera, un banderín, una sola gorra cuando son elementos que se aprecian en todos sus actos de precampaña. Creo que estamos a tiempo de corregir y de nutrir la rendición de cuentas a través del Sistema Integral de Fiscalización.
A mí me parece que las precampañas podrían ser un ejercicio modélico de rendición de cuentas, se aspira a llegar al gobierno y uno de los temas centrales que preocupan en la discusión pública sobre la calidad de nuestra democracia es el uso de los recursos, la transparencia, la rendición de cuentas.
Este es el momento en el cual hay que iniciar con el fortalecimiento de esta cultura de la transparencia que permite reivindicar la política con mayúsculas, democrática, atenta a la exigencia del electorado. La fiscalización no es un capricho del INE, es un instrumento para recuperar la legitimidad de la actividad política de cara a la ciudadanía, aprovechémoslo oportunamente, que no se nos vuelva un bumerang de desprestigio, sino una oportunidad de cercanía con la gente. Gracias.
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