Garantizar elecciones en paz es una responsabilidad compartida entre diversas instituciones del Estado mexicano. No es función del INE garantizar la seguridad pública federal o local, pero sí contribuir a que existan condiciones para que la organización de los comicios y su desahogo permitan instalar casillas y facilitar a cualquier persona, en todo el país, ejercer su derecho a elegir y depositar en las urnas su decisión soberana.
Para integrar las mesas de votación se sortea a nuestros vecinos y miles de capacitadores electorales acuden a sus domicilios primero a notificarlos y más tarde a prepararlos de cara a la recepción y conteo de votos. Esa actividad se realiza en campo, domicilio por domicilio, enfrentándose condiciones complejas dependiendo de la región, de la localidad o de la colonia. El personal del INE visita sitios alejados con poca iluminación, con climas cambiantes, colonias que tienen reportes de inseguridad o en las que habitan perros sueltos que suelen ser agresivos e incluso zonas de manifiesta inseguridad. De ahí que la experiencia acumulada por su propio personal, permita al INE detectar dónde es más o menos complicado visitar, reclutar y capacitar a voluntarios que instalarán las urnas, y esa hoja de ruta con el detalle de zonas es fundamental para apoyar la seguridad de los capacitadores.
Esa previsión logística se diseña e implementa cada proceso electoral, definiendo medidas específicas para las zonas de alto riesgo que hacen posible instalar prácticamente todas las casillas, pese a momentos de gran tensión y violencia en diversas entidades azotadas por el crimen organizado o por conflictos sociales diversos.
Sería un error bajar la guardia o minimizar esa complejidad focalizada que se enfrenta en algunas regiones del país para que las urnas estén funcionando el día de las elecciones. El INE no coloca “focos rojos” en ninguna región del país, pero sí colabora con otras autoridades para identificar posibles conflictos y atenderlos, a efecto de garantizar el voto ciudadano en condiciones de paz social. Los datos duros y las últimas elecciones locales y federales muestran que el aparato electoral ha logrado instalar la mayoría de las casillas en todas las secciones electorales y sin poner en peligro a voluntarios o capacitadores, pero eso no implica que no existan medidas de seguridad y estrategias logísticas en cada caso.
La inseguridad y violencia que padecen muchas zonas del país no han contaminado la instalación de casillas, pero sí es una preocupación permanente que no debe minimizarse, pero tampoco utilizarse para sugerir o maximizar riesgos que afortunadamente no se han manifestado todavía.
Este año hay 3 mil 407 cargos electivos en disputa. Ello implicará miles de candidatas y candidatos recorriendo amplias zonas de la República, junto con sus respectivos equipos de campaña, miles de capacitores tocando puerta por puerta para convocar a la gente seleccionada por sorteo que integrará las casillas el domingo 1 de julio.
Es fundamental en cualquier modelo de democracia tejer con solvencia el conjunto de condiciones para que la voluntad popular que se expresa en las urnas y se haga valer en paz, que el poder tenga un espacio de disputa pacífica.
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