Las instituciones públicas y quienes las integramos tenemos obligación constitucional de tomar decisiones inclinadas siempre a la interpretación o efecto más favorable para los derechos humanos de las personas. Luego de un debate al interior del Instituto Nacional Electoral (INE) se ha logrado dar un paso relevante en esa ruta, al establecer el protocolo para que la diversidad sexual y la identidad de género no signifiquen imposibilidad de ejercer el derecho a voto o deriven en discriminación el día de la jornada electoral, cuando una persona acuda a la casilla y lo haga con la apariencia o vestimenta que elija porque así le place o sencillamente porque esa expresión es la que refleja su identidad de género, coincida o no con la forma de vestir o arreglo que registró la fotografía o el nombre en la credencial para votar .
Es una realidad que todavía existen brechas pronunciadas de discriminación que nos alejan de la normalidad democrática a la que muchos aspiramos, en donde más allá de las urnas, exista un entono en el cual las diferencias de opinión, las preferencias sexuales, la discapacidad, género, creencias religiosas, situación económica o incluso el color de la piel no sean motivo para obstaculizar, violentar o limitar el ejercicio de derechos y libertades.
La medida adoptada por el INE implica capacitar a funcionarios de casilla, dejar claro que las personas trans (travesti, transexual o transgénero) pueden votar sin ningún tipo de restricción, que no requieren modificar la apariencia o el acta de nacimiento que fue base para colocar el género que muestra su credencial.
Se busca cerrar brechas de discriminación, acotar obstáculos para ejercer el derecho a voto, acercar a toda la población a las urnas y nivelar las condiciones de participación para un sector de la sociedad que ha enfrentado estigmas y diques injustos históricamente. Con el protocolo trans podemos abonar el terreno para una convivencia más tolerante, respetuosa y libre, aunque es sólo un paso en el marco de un problema sociocultural (a veces también político y religioso) complejo, con cifras preocupantes.
Hace un par de años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elaboró un informe en el que expuso cómo entre el 2013 y 2014 se registraron en América varios crímenes de odio en contra de la comunidad LGBT. Al menos 770 actos de violencia, incluyendo 594 asesinatos. En México, la Encuesta Nacional de Derechos Humanos, Discriminación y Grupos Vulnerables 2015, nos dijo que 40% de la población desaprobaba el matrimonio entre personas del mismo sexo (ya es un derecho reconocido por la SCJN), una cuarta parte de la población se pronunciaba en contra de expresiones de homosexualidad en público e incluso consideraba debían penalizarse, cuatro de cada 10 encuestados vio intolerable que se usara vestimenta del sexo opuesto o se solicitaran cambios de sexo.
Ante ese panorama las autoridades electorales han hecho su parte, primero estableciendo mecanismos para formalizar el cambio de identidad de género, diseñando un protocolo para garantizar respeto a su propio personal trans y ahora, generando herramientas para propiciar una jornada de votación sin discriminación a personas que ejercen su libertad.
Nadie debe padecer discriminación por asumir una determinada identidad de género u optar por una orientación sexual. El protocolo no resuelve el fondo de esa discriminación, pero es un paso de muchos que debemos dar como sociedad.
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