Muchas gracias.
Querida Doctora Jacqueline Peschard, bienvenida a esta, que su casa y muchísimas gracias por, a nombre del Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, haber, hemos hecho los esfuerzos para que hoy podamos haber suscrito esta Carta de Intención, que para nosotros es fundamental; como ya se mencionaba, entre otras cosas, porque esta elección por su complejidad, por sus dimensiones queremos que sea la elección más explicada de la historia y como suele ocurrir con las elecciones, sea el resultado de una movilización ciudadana, que es la que permite, justamente, que el pueblo, que la sociedad, que los ciudadanos se apropien de la elección.
Gracias, de verdad, Jacqueline.
Es inevitable en los días que corren que el dinero genere tensiones en la competencia democrática.
El dinero y su creciente dependencia de éste por parte de los actores políticos, de las fuentes de financiamiento para desarrollar campañas cada vez más sofisticadas, cada vez más costosas, ha provocado y esa es la tensión histórica que subyace a la relación entre dinero y política, que las instancias de representación política si no se cuida las tensiones que están intrínsecas en esa relación terminen siendo dependientes de intereses privados.
Eso es más grave todavía en los contextos crecientes de desigualdad, de pobreza y necesidades institucionales que en el mundo poco a poco están ganando terreno.
Además hoy esa tensión entre dinero y política ocurre en un contexto preocupante que entre otras cosas se explica precisamente por esa tensión, por la manera irresuelta en la que la misma se procesa, en un decaimiento, en una caída en la percepción sobre el apoyo a la democracia, entendida como la forma de gobierno que es preferible a cualquier otro.
Así lo revelan paulatinamente, periódicamente, constantemente distintos mecanismos de medición de la opinión pública.
El último, preocupante, sin lugar a dudas, es justamente el Latinobarómetro, que hace apenas unas semanas nos ha revelado cómo el apoyo por la democracia ha caído dramáticamente en el último año en todos los países del continente, en toda la región, y particularmente en México.
En un año, de 2016 a 2017 el apoyo de la democracia pasó de 48 por ciento a 38 por ciento. En el mismo sentido, de acuerdo con este informe la corrupción es para la población de América Latina, el cuarto problema más importante y vista por país es el problema fundamental para el 31 por ciento de los brasileños, el más importante para el 20 por cierto de los colombianos, para el 19 por ciento de los peruanos, para el 15 por ciento de los dominicanos y para el 13 por ciento de las y los mexicanos.
De ahí que las notas periodísticas sobre corrupción de gobernadores, de presidentes municipales, de presuntos sobornos a empresas estatales, que trascienden las fronteras de una nación y corren ominosamente por casi todo el continente, están mandando un mensaje de impunidad e insensibilidad de políticos y servidores públicos que en nada ayudan a la convivencia democrática y que agravan la percepción respecto de esa relación tensa, a la que hacíamos referencia, la relación entre dinero y política.
Para dimensionar el impacto que los escándalos de corrupción tienen en la vida democrática basta recordar el caso de Brasil, en donde de 2015 a 2016, justamente el periodo en donde las investigaciones sobre el así llamado “Lava Jato” han provocado un cisma en la vida política, pero también empresarial de ese país.
El apoyo por la democracia se desplomó, solo en ese periodo 22 puntos porcentuales. Caída que ubicó a esa nación como el segundo país con el menor apoyo por la democracia en toda nuestra región.
En el caso de México el dinero invertido en la política ha sido uno de los objetivos transversales de las reformas electorales, que nos han permitido transitar de un sistema de partido hegemónico a un sistema como el que hoy tenemos de partidos plural y cada vez más competitivo.
El modelo de financiamiento de la política que se ha confeccionado con dichas reformas, además de haberse diseñado inicialmente para contribuir al fortalecimiento del pluralismo ha perseguido tres propósitos fundamentales: inyectarles certeza y, por ende, transparencia a los montos invertidos en las elecciones. Dos, contribuir a la equidad en las condiciones de la competencia. Y tres, evitar que los intereses que gravitan en el dinero, los particulares, me gusta siempre decir que financia desde el ámbito privado de la política nunca hace filantropía, orienten indebidamente el desarrollo de los procesos electorales.
Por eso la apuesta histórica por el financiamiento público, es una apuesta que creo que vale la pena reivindicar.
En este modelo de financiación de las elecciones, el predominio de los recursos públicos sobre los privados, supone que cuando se trata de la disputa por el poder político, repito, la filantropía no existe y que la única salida para garantizar equidad en las condiciones, es la transparencia y la regulación y, por supuesto, la auditoría; es decir, la vigilancia.
De ahí la importancia que en las reformas de 2007-2008 a la que hacía referencia ya Jacqueline y la última, la de 2014 tuvo en ellas el diseño de un modelo de fiscalización que tiende a la exhaustividad, que otorga transparencia y certeza sobre los recursos que transitaron por el sistema financiero, así como de aquellos que dejaron huella en la vida pública.
Sin embargo, pese a que el Sistema Integral de Fiscalización, por cierto un sistema que ha sido premiado internacionalmente, ha permitido conocer con un detalle nunca antes visto, los recursos invertidos en la competencia electoral, la creciente competitividad de las elecciones recientes, las de este año por ejemplo, subrayaron la necesidad de volver a discutir el tema del dinero para los partidos políticos y los montos que desde las arcas públicas se destinan para obtener los poderes públicos a través de las urnas.
Así, las elecciones locales de 2017 destacaron la necesidad de evitar que los recursos públicos ajenos a las prerrogativas se utilicen para la propaganda política o con fines electorales y en generar, discutir cómo hemos venido construyendo el modelo de, no sólo de financiamiento, sino también de control de los ingresos y gastos de los partidos.
Por ello, es necesario de cara a 2018 seguir reflexionando sobre los factores que eventualmente alteran la integridad de las contiendas, el acceso desigual al dinero, el uso indebido de los recursos públicos para apoyar alguna fuerza políticas o candidato, así como las formas novedosas que ha adquirido la compra y la coacción del voto.
Es por ello que pensando en el 2018, necesitamos crear un contexto de exigencia que inhiba la intervención indebida de los actores políticos durante el proceso electoral y que la vigilancia permanente de la sociedad se convierta en un dique para todas aquellas organizaciones, candidatas o candidatos o incluso servidores públicos o gobernantes que pretendan distorsionar el curso de las contiendas federales y locales de 2018.
Este Seminario, es en buena medida el resultado de un compromiso público que en el Instituto Nacional Electoral hicimos hace algunos meses. En agosto pasado, justo cuando aplicamos la fórmula constitucional para determinar el financiamiento público a los partidos políticos, un financiamiento que en el ámbito federal para el próximo año, entre gastos ordinarios y gastos de campaña alcanza los seis mil 800 millones de pesos y que si se suma al financiamiento público, que por la vía de los erarios locales se inyecta a la política, suma o rebasa los 12 mil millones de pesos destinados a la política.
En ese momento señalamos la pertinencia no solamente de reivindicar la necesidad del financiamiento público, el rol del financiamiento público en la construcción de contiendas más equilibradas, más democráticas, más equitativas, sino también la necesidad de revisar o de replantearnos, de pensar si los montos que estamos dedicando a la política son los correctos o eventualmente tienen que replantearse.
Bajo una convicción: No podemos, en un tema tan sensible, improvisar. Resulta indispensable que toda decisión que se tome en esta materia esté acompañada de una amplia reflexión, una reflexión, si se puede, comparada que es justamente la que en su momento subyació al compromiso que hoy nos tiene aquí en la realización justo de este Seminario.
Se planteó incluso la pertinencia de discutir la relación dinero y política después de las elecciones, y en el INE tuvimos la convicción, tenemos la convicción de que es justo de cara a las elecciones entre otras cosas para que este pueda ser un momento de reflexión durante ese periodo fundamental de discusión pública que antecede el voto y que son las campañas electorales cuando este tema tenía que discutirse.
Esa es la importancia del evento que hoy estamos celebrando. Por una parte la suscripción de la carta de intención con el Comité de Participación Ciudadana que encabeza el Sistema Nacional Anticorrupción, que nos permitirá, como ya decía Jacqueline, establecer vínculos para que el INE y dicho Comité intercambiemos información sobre el uso adecuado de los recursos públicos que estimulen la contribución de los servidores públicos a la integridad de las elecciones, y permitan incluir a la sociedad en la construcción de las elecciones bajo la premisa de que las elecciones si bien suponen responsabilidades de algunos entes, el INE en primera instancia es también una responsabilidad colectiva.
Se trata de que este intercambio de información abone a la vigilancia en el cumplimiento de las prohibiciones establecidas en la Constitución a propósito del uso de recursos públicos hacia fines electorales, o bien de promoción personalizada.
Por cierto, creo que es una buena noticia que la Suprema Corte de Justicia hace algunas semanas haya resuelto en una histórica sentencia en la que se determinó una inconstitucionalidad por omisión que haya establecido el mandato para el Congreso federal para que antes del arranquen de las campañas electorales, y finalmente después de 10 años de omisión legislativa regule el Artículo 134 y las prohibiciones en esta materia.
Por otra parte, estoy seguro que este foro proporcionará elementos de juicio, datos y experiencias para enriquecer el debate sobre el financiamiento que el estado mexicano destina a la competencia electoral. Para contribuir a ese debate quisiera solamente poner sobre la mesa tres ideas.
Primero, es comprobable que la Reforma Constitucional y legal de 204 duplicó el financiamiento público como decía que reciben los partidos políticos, o en todo caso lo incrementó de manera consistente ya que la fórmula que se utiliza para el cálculo a nivel federal se incluyó en las legislaciones de las entidades federativas para estimar dichas prerrogativas, lo que, insisto, llega una cifra para el próximo año exorbitante de 12 mil millones de pesos.
Segundo, la estandarización de la condiciones para la competencia electoral que constituye uno de los propósitos del Sistema Nacional de Elecciones, hoy se ve todavía afectada por la heterogeneidad con la que se definen los topes de gasto en el ámbito local para las contiendas locales que están en manos de los congresos de los estados.
En tal sentido me parece es absurdo que si se tienen criterios uniformes para auditar el dinero a cargo del INE, si tenemos una sola autoridad encargada de revisar el financiamiento y los gastos de las campañas a nivel federal, y también de las campañas locales con los mismos criterios que es el INE, se tenga una disparidad tan grande en la definición de los topes de gasto de campaña de una entidad a otra, o de estas comparadas con lo federal.
Y tercero, las alternancias a nivel federal y subnacional evidencian que el pluralismo político no solo se ha fortalecido en los 40 años, sino que cursa todos los ámbitos electorales del país, situación que podría cuestionar los muertos de las prerrogativas para gastos de campaña que reciben los partidos políticos.
En un contexto, y esto llamo la atención en el que el tema del dinero y su relación con las elecciones ha sido particularmente enfático y subrayado como uno de los grandes temas a resolver, estoy hablando de los últimos tres años, casualmente es el mismo periodo en el que ha habido un número de alternancias en el ámbito local y de las elecciones federales realizadas, las de diputados, más alto en un periodo similar de nuestra historia.
Es decir, sí hay que ocuparnos del tema, de la difícil relación del tema que media entre dinero y política, pero también hay que reconocer que éste no es un tema necesariamente determinante y que en México quienes gobiernan al final del día lo deciden con su voto los propios ciudadanos.
Permítanme concluir destacando que desde mi perspectiva el financiamiento público sigue siendo indispensable para la transparencia y la equidad en la competencia económica, pero eventualmente el monto que se destina a la política debería revisarse y esto supone analizar con seriedad las necesidades de gasto que tienen los partidos políticos; disminuir sin más el financiamiento público no necesariamente traerá como consecuencia una disminución de las necesidades de gasto.
Y en un contexto tan delicado como el que vive el país, me parece que es indispensable que no pongamos a los partidos políticos a buscar dinero de donde sea, porque seguramente habrá quienes están dispuestos a financiar la política y no necesariamente lo hacen con una vocación o convicción democrática.
No basta la transparencia y la rendición de cuentas con las que los partidos están ejerciendo el dinero que reciben del Estado mexicano, debido a las exigencias del modelo de fiscalización, lo que importante y hacia donde tenemos que avanzar, me parece, es que los partidos sean reconocidos por la sociedad como instituciones útiles para la vida democrática.
Si los partidos no se multiplican en términos de sus vasos comunicantes con la sociedad, difícilmente mejorarán su percepción en los estudios de opinión pública y el dinero que reciban seguirá siendo severamente cuestionado.
No me extiendo más, agradezco sinceramente a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, en particular a su Presidenta, nuestra querida Jacqueline Peschard, por su interés para participar en este evento y firmar la Carta de Intención que acabamos de suscribir.
Agradezco también, a nombre de las consejeras y los consejeros electorales, a todas y cada uno de los ponentes sus aportaciones para la organización del evento que hoy iniciamos y su disposición para participar en los trabajos de este Foro.
Estoy seguro que de las deliberaciones que se den en este espacio podremos obtener ideas relevantes para el futuro perfeccionamiento de la democracia mexicana y para que, de cara al proceso electoral más grande de nuestra historia se puedan generar las sinergias que eviten que el dinero público y privado, lícito o presuntamente ilícito, distorsionen la competencia por los poderes públicos en las urnas el próximo 1º de julio del próximo año.
Muchas gracias.
Versión estenográfica de la intervención del Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, durante la inauguración del Seminario Internacional Política y Dinero: Democracia Vs Corrupción, llevado a cabo en el auditorio de la institución
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