Se decía que ya que con esta resolución, con este acatamiento, se cierra un capítulo de la evolución de la fiscalización.
El nuevo modelo de fiscalización derivado de la reforma 2014 y que tendrá, como se ha mencionado aquí, su prueba de fuego en 2018, cuando tendremos que enfrentar como institución fiscalizadora el desafío más grande en esta materia en la historia de esta institución, por la cantidad de campañas que se van a realizar simultáneamente y consecuentemente por la cantidad de campañas que van a tener que ser auditadas en un único ejercicio nacional de fiscalización.
Ha sido un tema en el que la construcción no solamente de las normas, sino también de las capacidades de auditoría y de los propios criterios ha tenido una lógica incremental.
Un ejemplo, solo un ejemplo evidencia esta lógica incremental, y por cierto, que habla de la capacidad, de la creciente capacidad de auditoría que ha desplegado este Instituto Nacional Electoral.
En 2016 habiéndose realizado 14 elecciones locales el Instituto Nacional Electoral logró detectar en campo poco más de 17 mil 500 testigos de gasto, lo que nos permitió compulsando con la información que entregaron los partidos políticos, determinar un monto de cerca de 77 millones de pesos de gastos no reportado por el conjunto de fuerzas políticas, que en su momento fueron, no solamente señalados, sino debidamente sancionados.
En 2017, con solo cuatro elecciones, en lugar de 14, la capacidad de identificar el gasto en campo aumentó sustancialmente. Son más de 75 mil testigos de gasto los que el sistema de monitoreo logró detectar y reportar.
Y esto nos llevó a determinar que en las cuatro elecciones que se realizaron en este año, el monto de gastos no reportados por el conjunto de partidos políticos ascendió a más de 250 millones de pesos, que también fueron debidamente identificados y sancionados.
Esto habla de una lógica incremental, tanto en las capacidades de auditoría como, insisto, en la lógica de la misma reglamentación que regula esta materia.
Paulatinamente a lo largo de estos tres años y medio el Instituto Nacional Electoral no solamente emitió un nuevo Reglamento de Fiscalización, sino que el mismo ha sido sometido a una serie de revisiones, de actualizaciones, de modificaciones, para hacer que la pinza fiscalizadora, el músculo fiscalizador de la autoridad electoral se fuera robusteciendo frente a las irregularidades y los intentos de evasión de la auditoría que los actores políticos han tenido.
Es cierto, lo reconocí aquí la semana pasada cuando se aprobaron los Dictámenes del Gasto Ordinario 2016, que los propios partidos políticos han ido mejorando sus capacidades de control, de presentación, de reporte del gasto a la propia autoridad electoral.
Hoy, al cerrarse este capítulo, tenemos ya, como se mencionaba, todos los elementos y los criterios para enfrentar el desafío de la fiscalización de 2018.
Es cierto, y coincido, como decía el Consejero Nacif, que este ejercicio ha ido planteándole a la autoridad electoral nuevos elementos, desafíos, que a partir de los criterios y las resoluciones del Tribunal Electoral tenemos no solo que acatar, sino que instrumentar.
Se han incrementado los estándares de comprobación en la lógica del Tribunal Electoral, que vamos a instrumentar y que ya estamos desde ahora, en los que estamos, avanzando.
Los criterios, esta exigencia, digamos, de formalidades que el propio Tribunal Electoral nos ha venido planteando, no van a hacer de la próxima una fiscalización menos robusta, sino todo lo contrario. Nosotros nos estamos adaptando y justamente hemos entrado ya en contactos, en pláticas, próximamente firmaremos convenios con administradores globales de redes sociales para evitar que con formalismos se impida la determinación de los gastos que en redes sociales se están haciendo.
Vamos a acatar y a cumplir los estándares que el Tribunal Electoral nos ha planteado, pero vamos a hacer una fiscalización todavía más robusta que la que hicimos este año.
No quiero obviar un hecho, así como ha sido una lógica incremental también en las campañas de este año vimos el mayor retraso que hasta ahora se ha presentado en los reportes de parte de todos los partidos políticos, de sus ingresos y gastos en el Sistema de Fiscalización.
Eso fue en su momento detectado y sancionado, pero evidencia no solo, me parece, y eso puede ser entendible, pero no es justificable, no solamente una mala administración de las cuentas de las distintas campañas en el reporte, sino eventualmente también una lógica de complicar la propia fiscalización.
Lo señalamos en su momento, unos días antes, apenas un par de días antes que terminaran las campañas cerca del 60 por ciento de los candidatos no habían reportado operaciones en el Sistema de Fiscalización y el 40 por ciento de las operaciones se reportaron a responder el oficio de errores y omisiones, con lo cual se acotó la capacidad de fiscalización.
Sí, vamos a la fiscalización más exhaustiva de la historia, más grande de la historia, pero también a la más exhaustiva y eso va a implicar una responsabilidad que desde la institución le vamos a exigir a todos y cada uno de los actores que participen en las precampañas y en las campañas electorales por venir.
Vamos a incrementar los mecanismos de transparencia para evidenciar en tiempo real y que la propia ciudadanía tenga un elemento de juicio adicional de quiénes son aquellos candidatos que no están cumpliendo con su obligación de reportar en tiempo real, porque eso nos complica como autoridad la fiscalización.
Y con independencia de que sean errores contables o que haya un dolo, es la propia ciudadanía la que tiene que formarse un juicio de cara a la emisión de su voto de cómo están actuando quienes aspiran a gobernar este país.
Sí, tenemos una lógica, de una experiencia que tenemos que traducir en las pautas, en los propios criterios que tendrán que ajustarse y que van, como lo hemos hecho siempre, a retomar estos parámetros que el Tribunal Electoral haya planteado.
Pero eso también se va a traducir en una exigencia nunca antes vista a los partidos políticos, porque al final del día la fiscalización no es sólo una responsabilidad de la autoridad electoral, sino que es una responsabilidad compartida en donde los sujetos fiscalizados, partidos y candidatos tienen una obligación que cumplir y la historia revela que, así como la autoridad electoral tiene que mejorar sus estándares de fiscalización, los procedimientos tal como lo ha señalado el Tribunal Electoral, también los partidos políticos tienen que tener una responsabilidad incremental.
La buena llegada a puerto de la democracia mexicana en estas elecciones también pasa porque los partidos políticos mejoren su compromiso democrático, que como lo ha enseñado la fiscalización hasta ahora no ha sido, necesariamente, la altura de las expectativas.
Versión estenográfica de la intervención del Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, en el punto único de la Sesión Extraordinaria del 29 de noviembre de 2017, relativo al cumplimiento de las sentencias emitidas por la Sala Superior del TEPJF, respecto de los expedientes SUP-RAP-687/2017 Y SUS ACUMULADOS SUP-RAP-688/2017, SUP-RAP-689/2017, SUP-RAP-692/2017, SUP-RAP- 694/2017 Y SUP-JDC-904/2017; SUP-RAP-719/2017 Y SUS ACUMULADOS SUP-RAP-723/2017, SUP-JDC- 1026/2017, Y SUP-RAP-728/2017
-o0o-