El 25 de noviembre de cada año se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
La Asamblea de las Naciones Unidas estableció esta fecha para recordar el brutal asesinato de las hermanas Mirabal, activistas políticas que se opusieron al régimen represor que gobernó República Dominicana por 30 años; crimen ocurrido en 1960 por órdenes del dictador Rafael Leónidas Trujillo.
Este fatal acontecimiento constituye una muestra de la extrema violencia que se ejerce contra las mujeres, sobre todo cuando participan en política, lo cual, lamentablemente, sigue aconteciendo.
Hasta 2017 se siguen reportando casos de mujeres que son víctimas de amenazas contra ellas y sus familiares, agresiones (de toda índole, físicas, verbales y hasta sexuales) y también han sido asesinadas (Gisela R. Mota Ocampo, presidenta municipal de Temixco, Morelos, fue asesinada en enero de 2016, pocas horas después de asumir el cargo), esto simplemente por pretender ocupar un cargo de elección popular y aportar a la vida democrática de nuestro país.
Si son candidatas, lo que se busca es que abandonen la candidatura o no ganen la elección; si logran obtener el triunfo, con estos actos de intimidación se pretende que no asuman el cargo o que renuncien al mismo.
Debemos poner atención en este fenómeno, porque en 2018 se renovará el mayor número de cargos de elección popular en la historia de nuestro país, un total de 19 mil 134 cargos: Presidencia de la República, 500 diputaciones federales y 128 senadurías; también se celebrarán elecciones en 30 entidades federativas: en nueve se renovará la titularidad del Poder Ejecutivo local, se elegirán 972 diputaciones locales, mil 596 presidencias municipales, 16 alcaldías en la Ciudad de México, mil 716 sindicaturas, 12 mil 547 regidurías, mil 649 juntas municipales y/o concejales; y se deben postular mujeres en la mitad de las candidaturas, según el principio de paridad entre los géneros reconocido desde 2014 a nivel constitucional, siendo previsible que aumente la violencia política en su contra, sobre todo cuando compitan por cargos a nivel municipal.
Para prevenir, el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales debemos dar seguimiento a las mujeres candidatas y establecer vínculos de confianza con ellas para que alerten de cualquier amenaza o incidente que eventualmente las ponga en peligro para así evitar que se concreten casos de violencia.
Además, las mujeres deben denunciar cualquier acto de violencia política, para ello se cuenta con el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género, que el pasado 23 de noviembre se actualizó con el fin de incrementar su eficacia.
El reto mayor es concientizar a la sociedad de que la violencia no es el costo que deben pagar las mujeres por participar políticamente; de ahí la importancia de la campaña difundida en redes sociales con la etiqueta #NoEsElCosto, que lanzó Inmujeres y el Instituto Demócrata para Asuntos Internacionales.
La democracia mexicana se fortalecerá cuando se logre erradicar la violencia política en contra de las mujeres para ello debemos sumar todos los esfuerzos posibles de las instituciones del Estado mexicano y de la sociedad en su conjunto.
El INE empuja estos esfuerzos y rechaza cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres.
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RESUMEN
