PRIMERA INTERVENCIÓN
Bueno, yo quiero comenzar también haciendo los agradecimientos debidos por la invitación.
En primer lugar quiero agradecer a la AMIJ que durante mucho tiempo fue mi casa y me permitió después de terminar la carrera de derecho y especializarme en el derecho electoral, redescubrir el derecho agrario, el derecho laboral, derecho administrativo y demás a lo largo de más de dos años de o prácticamente dos años de conducción de un programa. Quiero gradecer de veras muchísimo, me siento en casa y entre amigos.
Y en ese sentido a su Secretario Ejecutivo y en orden, al ministro Pardo y al Secretario Ejecutivo de la asociación, al magistrado Maitret la invitación.
Y por supuesto, la distinción de poder estar con mí respetado y admirado y querido Ministro Presidente y con un recién adquirido amigo y colega de faenas político- judicial.
Agradezco además muchísimo la oportunidad porque aunque podría parecer poco atípico que entre tres distinguidos fundadores esté quien preside un órgano administrativo, en realidad, para todo efecto práctico el Instituto Nacional Electoral es un órgano impartidor de justicia aunque administrativo y en primera instancia.
El Tribunal Electoral que juega el rol que ya mencionaba el magistrado Indalfer Infante es un órgano que se activa solamente a petición de parte, y por lo tanto, si no hay una controversia pues es el Instituto Nacional Electoral quien tiene que dividir y arbitrar la contienda.
Y tiene razón el Ministro Pardo y ésta es parte de los problemas del propio diseño, que la resolución de una controversia es prácticamente imposible que un juzgador quede bien con todos. Pregúntenselo al INE.
El problema es que el Instituto Nacional Electoral funge para todos los efectos como una primera instancia en la resolución de las controversias a cargo de un órgano administrativo, que no judicial, aunque los procedimientos se rigen bajo todas las formalidades del procedimiento.
Pero además, aunque esto ocupa en primera medida la tensión el propio Instituto Nacional Electoral tiene la función de realizar las elecciones.
Y eso, lo digo con toda franqueza, al cabo de prácticamente 20 años de la instauración del modelo que determina una modificación del estado vigente, es probablemente la principal fuente de erosión, en términos de credibilidad de la autoridad administrativa electoral, porque el órgano que tiene que dividir controversias en donde siempre queda uno mal con otros, decía, Eduardo Galeano, un fantástico cuento sobre el fútbol, particularmente el rol del árbitro, que el árbitro está condenado a ser el más odiado, el siempre silbado, porque siempre queda mal con todos.
Con quien gana, gana a pesar del árbitro y con quien pierde, pierde por culpa del árbitro.
Pero además, cuando es el árbitro el que tiene que organizar las elecciones, digamos entramos en un coctel delicado, tal vez en una futura reforma electoral la labor de resolver controversias debería estar en donde debe estar, creo yo, es decir en instancias jurisdiccionales; y la tarea de organizar y desplegar, digámoslo así, todas las garantías para que el voto se viva en libertad y cuente, esté en manos del órgano.
Pero este es el modelo que hemos tenido y ha sido un modelo exitoso para encausar a pesar de la conflictividad retórica, pública que los procesos electorales traen consigo, y que es casi inevitable, porque son los espacios de contienda por el poder político.
Es un modelo que ha funcionado y que ha permitido no solamente el transitar de la resolución de los asuntos de las controversias políticas a partir de una venturosa, digo yo, judicialización de las mismas, ha permitido que la conflictividad política no se desborde, y esto, creo que es un dato importante.
Más alá de la controversia, más allá del discurso en la calle no ha habido violencia derivada para resolver la disputa por el poder como la historia ya no tan reciente, afortunadamente, del país nos había enseñado.
No le estoy dando la vuelta porque estoy simple y sencillamente haciendo un contexto porque, digamos, porque me parecía importante (inaudible) al margen de lo que los que me antecedieron han puesto sobre la mesa.
Agregaré esto más y voy directo a la respuesta.
No solamente la independencia se construiría por vía en un contexto en el que cada vez más estamos viendo a pesar de los avances del estado democrático constitucional, que todavía tiene muchísimos pendientes, siguen existiendo, parafraseando a Bobbio, muchísimas promesas incumplidas de la democracia, y eso en buena medida está alimentado el descrédito de la forma de gobierno democrático en nuestro país.
Es alarmante el salto de un año al otro del 10 por cierto que el Latinobarómetro revela, un estudio que se presentó apenas hace unas semanas. El 10 por ciento en incremento del descontento con la democracia en nuestro país, lo que por cierto tiene una paradoja porque no hay ningún país en América Latina que haya invertido tanto en su proceso de democracia como el nuestro.
Dicho esto, creo que no sólo la independencia se gana en momentos en los que existe la tendencia cada vez mayor, a pesar de los avances democráticos y de control de poder, del poder de avasallar a los órganos que lo controlan.
Hay muchas rutas, hay muchas maneras, hay muchas preocupaciones en la construcción del sistema nacional electoral. Ahora se pone en evidencia al nacionalizar las elecciones, sobre todo en el ámbito local, no sólo la independencia se construye día a día, sino que también la confianza de la que tanto el Ministro Presidente como el Ministro hablaba, la confianza se construye día a día, y en los tiempos que hoy corren y esto vale para las autoridades electorales administrativas-jurisdiccionales, pero también para los órganos impartidores de justicia, todos los que estamos aquí reunidos.
En tiempos de desconfianza, de un incremento cada vez mayor de la desconfianza, que está trayendo como consecuencia una erosión muy peligrosa de las instituciones en su conjunto, la construcción de la confianza no se puede pretender como algo dado, como algo construido, impuesto, o tasado desde la Constitución.
La construcción de la confianza se construye día a día a golpe de sentencia, a golpe de resolución administrativa. Y sobre todo se construye propiciando el escrutinio público de la tarea que hoy realizamos.
Insisto, creo que la mejor manera de enfrentar el proceso electoral, de enfrentar este momento crítico para la vida institucional del país, tenemos que propiciar no solamente la apertura de nuestras decisiones, de las razones que están detrás de nuestras decisiones, sino también alimentar el escrutinio público y la construcción de un contexto de exigencia hacia nosotros respecto del que eventualmente tenemos (inaudible).
Y voy al punto concreto. La construcción a lo largo de 20 años de una democracia paritaria ha sido resultado, debo reconocerlo aquí, de un empuje entre una instancia desde los tribunales electorales, pero también desde las instancias administrativas, es decir, desde los órganos electorales.
Cito dos ejemplos para no extenderme. El primero es la decisión haya en 2002 cuando por primera vez se estableció en la reforma del COFIPE en aquel entonces de, digamos, de cuotas, 70/30 entonces, pero sobre todo que las listas proporcionales tuviera que haber al menos dos integrantes, dos candidatos de un género distinto al otro en rango de cinco, el Instituto Nacional Electoral construyó un criterio que es el que hoy prevalece y está reconocido en la ley, es decir, el criterio de cremallera. Hombre, mujer; hombre, mujer; hombre, mujer en la construcción de las listas plurinominales.
Y luego esto se expandió por el Tribunal pero se acuñó por la legislación. Otro ejemplo es el así llamado caso coloquialmente conocido como “Las Juanitas”, en donde el Tribunal Electoral mandató que para cumplir las cuotas las fórmulas de propietario y suplente, tenían que ser del mismo género.
Hoy en día esto ya está reconocido en la propia legislación. Pasamos de la cuota a la paridad, pero el criterio de hombre, hombre; mujer, mujer, en cada fórmula nace desde la acción de las autoridades, en este caso jurisdiccionales, y después el legislador (inaudible)
El constituyente introdujo un criterio de paridad en la última reforma y el Tribunal Electoral la potenció, traduciendo esa paridad no solamente en la lógica vertical sino también en la lógica horizontal que hoy en día prevalece y que el INE está, desde luego que órganos electorales de los estados en su ámbito de competencia están obligados a la misma.
Hace falta mucho. El miércoles pasado, no quiero elucubrar y que haya la molestia que esto haya generado, se haya traducido en la reducción presupuestal de la que fuimos objeto en esta madrugada, tomamos una decisión que potencia, y por supuesto, seguramente se anunció así que aunque no han presentado la impugnación, nos avisaron que va a llegar el asunto de su conocimiento, tomamos una decisión para dar un paso más allá.
Cuatro medidas fundamentales tomamos justo el viernes. Le agradezco magistrada la pregunta. Primero, decidimos que en las listas dado que la paridad ya tuvo un efecto en Cámara de Diputados pero todavía no en el Senado, decidimos que la lista plurinominal de candidatos plurinominales al Senado que es única, en esta ocasión, si bien tiene que seguir la lógica legal de la cremallera, en esta ocasión estará encabezada por mujeres para todos los partidos políticos.
En segundo lugar determinamos dado que la paridad, por primera vez se aplica en el Senado, que en la votación de mayoría relativa, cada partido tiene que presentar como saben ustedes dos fórmulas por cada estado, en cada estado tiene que haber una fórmula de mujeres y una de hombres con sus respectivos suplentes del mismo género, de modo tal que a nivel nacional haya, pero además que a nivel nacional en 16 estados la primera fórmula tendrá que ser de mujeres y en otros 16 de hombres, de modo tal que la paridad se concreta en todo el país en todas las formas,(inaudible) y además tiene que presentarse el principio de estado de ganadoras.
En tercer lugar, establecimos que las cinco listas plurinominales de diputados, cada una para para cada una de las cinco circunscripciones, tendrá que haber tres de un género y dos del otro género, con lo que garantizaremos al menos que el primer lugar de al menos dos listas este encabezada por mujeres, y luego, evidentemente, va a haber una lógica de cremallera.
Y finalmente aunque no tiene que ver con mujeres o tiene que ver sí a mitades, por primera vez establecimos que dado que la ley nos mandata a tratar de maximizar en la distritación, la configuración del distritos indígenas, logramos a pesar de que hay una dispersión de la migración, logramos mantener en 28 respecto de 300 el número de distritos indígenas, establecimos por primera vez, siguiendo un poco la lógica de progresividad, en el 40 por ciento de los distritos, es decir en 12, los partidos políticos tendrán que postular a candidatos indígenas, por supuesto valga la premisa establecida en la Constitución y reconocida por la Corte y establecida en los convenios, en las normas internacionales del principio de auto adscripción para definir quién es indígena.
Y por último, dentro de esas 12 fórmulas que tendrán que ser, digamos, en la que tendrán que postular a los candidatos indígenas, seis tendrán que ser mujer y seis tendrán que ser hombres, pero.. (aplausos).
Moderadora: Muchas Gracias doctor
SEGUNDA INTERVENCIÓN
Ya lo decía el Magistrado Pardo, conocedor como nos lo ha demostrado, de la evolución; es una construcción vamos, histórica, que ha buscado precisamente, o que se entiende solamente del paso de la solución política por sacarlo de órganos políticos de las disputas políticas a, digamos, esta lógica de judicialización.
Yo creo que hay otro elemento, primero, estamos aquí no producto de una ocurrencia, sino producto de una decisión histórica que ha venido configurando el sistema electoral en los últimos 30 años.
Pero creo que hay un elemento, un componente adicional que creo que es el que ayuda a explicar esta, digamos, este modelo bi-instancial en el que, no hay ninguna resolución del órgano administrativo que no pueda ser impugnada.
Y es que la misma evolución del sistema electoral, en buena medida marcada, por esto que es el elemento básico de comprensión de las reglas barrocas, abigarradas reglas, criterios administrativos y jurisprudenciales que hemos construido.
¿Qué es la desconfianza? Nuestro sistema electoral; y eso explica, es muy difícil internacionalmente explicar nuestro sistema electoral, que por cierto, otra paradoja, es admirado y es punto de referencia.
Y nosotros siempre hacemos de lo electoral como panacea digámoslo así, de todos los males, y esto explica por cierto, la sobre carga de atribuciones y de responsabilidades que tenemos los órganos electorales.
Nuestro sistema electoral, está digamos tratando permanentemente; todos los criterios que se han construido se han hecho, precisamente, con tal de inocular la desconfianza.
Y el alimento, pongo un dato, digámoslo así, porque esto es un dato contraste con lo que ocurre en los sistemas electorales. Y lo cuento como una anécdota, el año pasado fui invitado como observador al Brexit, y en algunas de las casillas, por cierto instaladas y a cargo de funcionarios públicos que permanentemente elección tras elección cumplen esa función, pues ya están capacitados para que los cambiamos; nosotros tenemos que ir a buscar ciudadanos cada vez, nadie sabe hoy quien va a ser el funcionario público, funcionario de casilla del próximo año, etc.
A un cierto punto en la tarde se acabaron las boletas electorales en la casilla en la que estaba. Uno de los funcionarios, se vota en jueves, día hábil, tomó una boleta y dijo “ahorita vengo” y yo siempre exagero “se está llevando la boleta”.
Si eso ocurre en México, nulidad cantada, y regresó a los 10 minutos después de haber ido a un centro de fotocopiado, por más boletas.
Esa es la diferencia que perdón que lo diga con este caso así, que puede parecer hasta jocoso, porque es la diferencia del sistema electoral como ocurre en general en el mundo, fundado en el principio de la confianza y uno que por el contrario está centrado en el principio de la desconfianza y que explica en buena medida la evolución y la necesidad de judicialización de los proceso electorales.
Esa desconfianza ha traído como consecuencia, o más bien, como uno de los ejes articuladores, el tratar de acotar la discrecionalidad en los órganos electorales.
Es decir, precisamente en virtud de la desconfianza, la evolución desde 1990 de la tesis y los criterios, ha sido hecha o teniendo en mente que la discrecionalidad esté los más acotada posible, donde hay discrecionalidad por parte de la autoridad electoral inevitablemente hay una merma del principio de certeza, porque no existe claridad en torno a la actuación de los propios funcionarios.
Por eso tenemos una responsabilidad compartida, el INE y el Tribunal Electoral, mayúscula que es la consistencia en nuestras actuaciones.
No hay peor alimento a la desconfianza que la falta de claridad respecto de cómo vamos a actuar los órganos electorales, que la falta de claridad ante determinada disputa, es decir, es previsibilidad de nuestras actuaciones, y en primera instancia de la nuestra, de la de la administrativa y por supuesto, de la salas del Tribunal a revisar nuestras actuaciones, es el ancla, digámoslo así de estabilidad en la conducción de esos procesos políticos que son las elecciones.
Entonces, lo digo como órgano administrativo, qué bueno que toda decisión del Instituto Nacional Electoral puede ser revisada. No sé si eso diga, si el de Hidalgo piense lo mismo.
Porque a nosotros nos da un margen, precisamente, de actuación con la certeza de que no tenemos la última palabra.
Sin embargo, creo, lo dejo sólo anotado, que en esta búsqueda de controles, en la que tal vez nos hemos excedido y de prohibiciones y limitaciones en la que tal vez nos hemos excedido es, desafortunadamente creo, propiciamos que la litigiosidad sea instalada en la conducta de todos los actores políticos.
Y eso es un asunto importante, no es un asunto nuevo, lo estamos viendo ya. Desde hoy todos los partidos políticos están construyendo la narrativa para que, en caso de ser necesario, de no verse favorecidos por el voto, se active. Y no hay elección, no hay una elección cerrada en México que termine, la noche de la elección, con el reconocimiento a la derrota por quien es derrotado.
Toda elección cerrada y si quieren apostar pasen y apuéstenle a eso, va a terminar judicializándose porque el efecto no querido de toda esta construcción ha sido la litigiosidad, y creo que no debemos estar orgullosos, lo digo yo, tenemos que estar orgullosos de la capacidad de resolver asuntos que tienen las salas del Tribunal, pero no de la cantidad de asuntos que llegan al Tribunal.
Yo aspiraría a que la justicia electoral fuera más o menos como ocurre en el ámbito de justicia constitucional interamericana.
Casos que llegan son pocos, emblemáticos donde se fijan esos criterios de actuación para el propio órgano electoral.
Pero el sistema, desafortunadamente, está en una lógica de incrementar y proceso electoral, tras proceso electoral crece el número de demandas y eso no abona para la confianza, en su conjunto del sistema y por supuesto alimenta a lo que hoy estamos padeciendo y que estamos en una discusión, una plática muy cerrada con el Tribunal Electoral tratando de resolverlo.
La percepción en gran medida construida, de que entre los dos órganos electorales existe una pulla y una confrontación.
En tiempos de la elección más compleja en nuestra historia, creo que es algo que tenemos que atender y que tenemos que, digámoslo así, contrarrestar, desmontándolo.
TERCERA INTERVENCIÓN
¿Qué puede esperar el ciudadano del Tribunal Electoral (inaudible)?Una actuación apegada a la ley y respetuosa de los principios constitucionales que rigen esta materia y articular por lo que aquí, quienes integramos esta mesa, esta sala, se ha dicho, en particular el principio, o los principios de independencia y certeza.
Pero me atrevo a decir que no basta y que no podemos conformarnos con esta declaración cuasiformando (inaudible).
Necesitamos un escrutinio público intenso, tan duro como sea necesario, pero tan efectivo como sea posible.
Las decisiones electorales tenemos que ser sensibles y nutrirnos de la crítica, pero la crítica que nos ayude a mejorar nuestras funciones.
Finalmente en una democracia la participación ciudadana no se reduce solamente a emitir el voto, en elecciones con los candados, los blindajes en términos de equidad, de transparencia, certeza, garantía.
La participación ciudadana en democracia, supone también una ciudadana que luego de votar no se olvida de lo público y mucho menos de la actuación de las autoridades encargadas de la salvaguarda de la democracia.
Una ciudadanía que nos escrute, que nos siga, que nos exija, es indispensable. Pero sobre todo una ciudadanía que asuma que en México, con todo, a pesar de toda la estridencia y el ruido medio ambiental, por decirlo así, existe, porque nos hemos pasado más de tres décadas construyendo procedimientos electorales que tienen el objetivo de blindar las elecciones y las condiciones para que el voto sea libre.
Esa cadena de confianza que articula la concepción de un proceso electoral en la que cada eslabón antes de cerrarse puede pasar por el tamiz y el juicio jurisdiccional.
Es, digámoslo así, la base para que en México, los ciudadanos tengan confianza de que su voto sea respetado y acudan a las urnas.
Lo que ocurrido en los últimos tres años, luego de la última reforma, me parece que es la mejor forma más allá de lo que dice en el calor, en el fragor de la discusión electoral, de que el voto en México cuenta.
En estos tres años hemos tenido el número de alternancias más alto de la historia del país en un periodo similar, y no es que la alternancia sea la condición de la democracia.
La democracia tiene como condición, eso sí, que existan condiciones reales para que eventualmente, si así lo deciden los ciudadanos en las urnas, haya alternancia sino no.
Pero de que ha habido alternancia, en 24 elecciones de gobernador en 14 hubo alternancias, y ojo, eh, todos los partidos políticos, todos los partidos en el espectro se han visto beneficiados con este hecho. Es la mejor prueba de que en México el voto cuenta.
Y termino con lo que mencionaba el magistrado, porque me parece, no solamente como menaje ante ustedes, sino además por profunda convicción, es lo que debemos hacer y es lo que debemos comprometernos de cara a la ciudadanía, de cara frente al mayor reto electoral de nuestra vida democrática, las elecciones del 18.
Y es dialogar. La Suprema Corte de Justicia federal ha pugnado, sobre todo después del 2011, la lógica de un diálogo entre cortes.
Creo que, no somos una corte, y a pesar de que somos un órgano de justicia administrativa, creo que el diálogo entre el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral es fundamental para enfrentar este desafío, no porque ese diálogo sea la base sobre la que el Tribunal Electoral va a ejercer su función de control de legalidad y constitucionalidad de nuestros actos, sino porque debe serlo así para luego tener claridad de cuál es la ruta de la política judicial que el Tribunal Electoral está construyendo, que es un elemento de certeza.
El INE no goza, y al contrario, se erosiona cada vez que una resolución del INE es revocada por el Tribunal, y hay muchos que lucran de ese hecho a pesar de que es algo normal en un Estado de derecho que es constitucional.
Por supuesto que no queremos que nos revoquen sentencias o resoluciones, pero para que ello pueda efectivamente incurrir y servirnos como guía orientadora en nuestro trabajo, necesitamos conocer la política jurisdiccional del Tribunal y no sólo a partir de los criterios que se forman en la sentencia, sino de una discusión y un atraco que nos permite intrincar, déjenmelo decirlo de esta manera, conocer cuál es la vocación garantista, formalista, etcétera, del propio Tribunal porque esto nos dará certeza en las elecciones.
Y por otro lado, para nosotros es fundamental que el Tribunal Electoral y agradezco los muchos ejemplos que podrían ponerse aquí en ese sentido, en los que el Tribunal Electoral es sensible más allá del expediente, del contexto en el que el expediente se da.
Porque si bien, no me atrevería a decir otra cosa frente a tantos Magistrados y Jueces, si bien las resoluciones se tienen que centrar en los elementos del expediente, en la materia político electoral, el ver sólo el expediente puede poner en riesgo el sistema democrático.
Porque somos anclas de estabilidad política a pesar de todo. Porque a pesar de lo que no está en expediente, digamos no está, entender, comprender el contexto del expediente, de cómo se dio el caso, por qué, cuáles son las razones de la decisión del Instituto, cuál es el contexto en el que ocurren por ejemplo circunstancias que pueden poner en riesgo una nulidad, la nulidad de una elección, tienen que ser conocidas por el Tribunal.
La sentencia del Tribunal, siempre, siempre, invariablemente se va a acatar, pero en la medida en que el Tribunal tenga más elementos, que muchas veces digamos el propio expediente no da y sí lo da el contexto en el que inevitablemente el INE, es una decisión de trabajo tiene que, conoce porque trabaja con las manos en el lodo, en el campo, es darle elementos para que la justicia electoral en México sea mucho más (inaudible).
Y la clave de eso es la que dijo el Magistrado Pardo, diálogo, diálogo y más diálogo.
Versión estenográfica de la intervención del Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, en la XII Asamblea General Ordinaria “Jueces y Democracia”, de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, Realizada En Esta Ciudad
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