Buenos días a todas ya todos.
Probablemente nada ha dañado a las expectativas fincadas en la democracia como la corrupción asociada al ejercicio del poder y la impunidad con la que se conducen quienes aprovechan sus responsabilidades públicas en beneficio personal.
La corrupción y la impunidad, dos de los grandes problemas nacionales de nuestro tiempo, son prácticas que están corroyendo a la sociedad mexicana y que poco a poco están mermando la convivencia social, la cohesión social, como le llama la CEPAL, de nuestro país. La gravedad de cómo se perciben estas conductas son retratadas por Transparencia Internacional, como se acaba de mencionar por parte de Arely Gómez, en uno de los informes más recientes y difundido hace algunas semanas.
De acuerdo con dicho informe en México el 51 por ciento de los entrevistados señalan haber pagado sobornos o entregado algún tipo de regalo a funcionarios para acceder a documentos o servicios básicos como los hospitalarios o los escolares.
Este dato es congruente, por desgracia, con los resultados del Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México, en el que el 66 por ciento de la población considera que las leyes se respetan poco o nada; y que el 61 por ciento de quienes fueron víctimas de algún delito no lo denuncian.
Los datos anteriores reflejan claramente que la corrupción y la impunidad tienen un carácter transversal en nuestra vida pública, y que por ello combatirlos requiere de la concurrencia de múltiples instituciones y organizaciones.
De ahí la importancia de que en las reformas constitucionales y legales diseñadas desde 2014 se haya perfilado el entramado institucional de tres sistemas que exigen la colaboración entre instituciones y organizaciones de la sociedad: el Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización.
En cada uno de estos sistemas las leyes respectivas confieren atribuciones nacionales a las autoridades que están a la cabeza de cada uno de esos sistemas. Les definen objetivos específicos y les establecen facultades tendentes hacia la estandarización de criterios.
Así, el Sistema Nacional de Transparencia tiene como propósito garantizar el derecho a la información pública de los ciudadanos.
El objetivo del Sistema Nacional Anticorrupción es identificar conductas de los servidores públicos que se aparten del marco de la ley y sancionarlas.
Y el Sistema Nacional de Fiscalización tiene la finalidad de revisar que los recursos del Estado se ejerzan conforme a lo programado y que se cumplan los fines propuestos para cada institución.
El diseño de estos sistemas es indudablemente una consecuencia derivada de la evolución de la transformación en clave democrática del último cuarto de siglo.
Sin embargo, desde mi perspectiva tenemos que reconocer que esos sistemas constituyen una reacción tardía en nuestra transición que arrancó su dimensión electoral hace 27 años.
El desfase en el diseño en el entramado institucional de los sistemas de transparencia, anticorrupción y fiscalización favoreció que la alternancia experimentada en todos los niveles como posibilidad real en una sociedad democrática. Democracia no significa alternancia, pero sí significa que exista la posibilidad real de la alternancia, evidenciar a los casos de malversación de los recursos públicos y aquellos donde el ejercicio del poder se dio buscando beneficios partidistas o personales.
De hecho, si revisamos los casos más sonados de corrupción en nuestro país en los tiempos recientes podemos encontrar casi siempre una constante: todos surgieron de gobiernos, o de denuncias en gobiernos en donde se experimentó la alternancia.
Esto no significa, insisto, que la alternancia tenga como objetivo la persecución del poder ejercido indebidamente, sino que contribuye a elevar el contexto de exigencia de los gobernantes.
La alternancia como una expresión de la democracia, la posibilidad de ésta, insisto, lo que posibilita es que el poder se ejerza en público de manera transparente y con criterios para ello, y que los ciudadanos cuenten con mecanismos de rendición de cuentas.
El compromiso ciudadano corre paralelo a la construcción institucional y esto no podemos soslayarlo, el así llamado empoderamiento ciudadano de célebre memoria en los informes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina, resulta fundamental en la construcción de un sistema democrático.
No es casual que Norberto Bobbio defina a la democracia como el ejercicio del poder público en público, a la luz del sol, y en donde ese público presencia, discute, y exige a las autoridades.
No es casual que esta definición coincida con los tres ejes transversales, los ejes fundamentales, en los que la estrategia nacional de cultura cívica se articula: verdad, diálogo, y exigencia.
Sin el desarrollo de un sistema democrático como el que se ha logrado construir en México a lo largo de dos décadas, con todos los pendientes que todavía adolece, habría sido imposible imaginar reformas constitucionales que garantizaran, entre otros, el derecho a la información de las y los ciudadanos.
Naturalmente, las exigencias de rendición de cuentas no sólo incluyen el ejercicio del poder, sino que abarcan también la forma en la que se obtienen. Combatir la corrupción en el contexto electoral, es decir, cuando el poder en las democracias se recrea, resulta fundamental.
De ahí, la importancia que las atribuciones que la reforma de 2014, ésta en materia electoral, le ha llevado al INE en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos.
Llevamos tres años de desarrollo de ese sistema, y aunque todavía hay fronteras por alcanzar, creo que es posible afirmar que el modelo de fiscalización vigente hoy en día permite una mayor claridad sobre el origen y destino de cada peso que ingresa a la competencia electoral y que deja huella en la vía pública o el sistema financiero. Pero vuelvo a insistir, también aquí hay fronteras importantísimas por alcanzar.
Permítanme concluir subrayando la importancia del acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil, así como de la academia, en los trabajos y la colaboración institucional en los sistemas nacionales de transparencia, fiscalización, anticorrupción, y también sobre todo en los tiempos que corren, del sistema nacional electoral.
Tres años del Instituto Nacional Electoral como autoridad rectora del Sistema Nacional de Elecciones destaca la importancia de fortalecer los mecanismos de colaboración y facilitar la comprensión de los criterios y lineamientos emitidos para que cada institución desde el ámbito de su competencia sea garante de la protección de los derechos de los ciudadanos.
Estoy convencido que la sinergia de instituciones y organizaciones de la sociedad puede generar un círculo virtuoso que elimine los ámbitos de opacidad que dan lugar a la corrupción y a la impunidad. Creo que este seminario es un ejemplo, sólo uno de una colaboración virtuosa, insisto, que tiene muchos frutos todavía por dar.
Para combatir eficazmente la corrupción y la impunidad es necesario atender, estoy convencido, el tema de una todavía incipiente cultura cívica, no porque la corrupción sea un dato cultural, un fenómeno cultura, no coincido con esa idea, sino porque la cultura democrática es y debe ser por definición refractaria a la corrupción, por ello, debo reiterar la necesidad de construir una política de Estado en materia de cultura cívica, de manera horizontal, plural y con objetivos de largo plazo.
En el Instituto Nacional Electoral estamos haciendo lo propio con el ENCCÍVICA que no es una estrategia del Instituto Nacional Electoral, sino que desde el Instituto Nacional Electoral pretendemos que sea una estrategia, insisto, de Estado en donde aquí no sólo tengan cabida los roles institucionalmente definidos, sino también la participación de la sociedad.
Empoderar a los ciudadanos significa que estos estén conscientes de su rol en los procesos de decisión democrática, y esto pasa por hablarse con franqueza, con la verdad, dialogar respetuosamente y de manera incluyente, el diálogo; y finalmente, exigir a las autoridades, pero también exigirse así mismo, la democracia pasa por una red de exigencias recíprocas.
Concluyo agradeciendo la invitación para participar en este foro, y destacando su importancia, no sólo para reflexionar en el contexto actual sobre los factores que incide en la corrupción y en la impunidad en sus lamentables efectos en la convivencia social, en la convivencia democrática, sino para conocer herramientas, también, que podrían ayudarnos a darle sustentabilidad a nuestra democracia y erradicar esas prácticas que merman el poder civilizatorio que supone dicha forma de gobierno y de su componente esencial, aunque por supuesto no único, las elecciones.
Prácticas que hoy afectan gravemente, hay que reconocerlo nuestra convivencia ciudadana.
Muchas gracias.
Versión estenográfica de la participación del Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, en la inauguración del 6to Seminario Internacional «Poder, Corrupción e Impunidad: Una agenda con enfoque de derechos», realizada en el hotel Sheraton María Isabel, de la Ciudad de México
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