Tal vez el cambio social más significativo del siglo XX fue la incorporación masiva de las mujeres a la vida económica fuera del ámbito doméstico y la conquista progresiva de derechos antaño reservados a los hombres. El motor inicial de ese cambio, durante el siglo XIX, fue la industrialización, la multiplicación de las escuelas públicas y, en general, la expansión de las libertades civiles y políticas. Las dos guerras mundiales aceleraron la participación de las mujeres en la industria y en labores de retaguardia de las acciones bélicas. Las mujeres se fueron haciendo más necesarias y visibles en la economía, la educación, la cultura y, más tarde, en la política.
Gradualmente, la política dejaría de ser “cosa de hombres”; los derechos ciudadanos se fueron extendiendo a las mujeres, convertidas también en ciudadanas. En todas las esferas de la vida social las mujeres lucharon por más derechos, libertades y oportunidades, y la vida de las sociedades cambió para bien.
En las sociedades democráticas, basadas en las libertades y la igualdad de derechos, tenía que llegar a percibirse como una anomalía inaceptable la exclusión de la mitad de la población de muchos ámbitos de la vida pública. De ahí que -gracias a luchas sociales y esfuerzos admirables de mujeres feministas-, los parlamentos y gobiernos hayan promovido diversas “acciones afirmativas” de género, normas y políticas que buscan compensar y revertir las desventajas que por muchos siglos se impusieron a las mujeres.
En la esfera de la política, muchos Estados han adoptado las llamadas “cuotas de género”: un mínimo de representación obligatoria de mujeres en órganos legislativos y otras instancias públicas. La modalidad de las reglas de equidad y el tamaño de las cuotas varían mucho entre los países, pero casi todos tienen un propósito común: atenuar la reproducción de la desigualdad ancestral entre los sexos.
En México también se han adoptado acciones afirmativas semejantes y los resultados de las mismas son notables, particularmente en los últimos veinte años. La Legislatura de la Cámara de Diputados federal que se integró en 1997 contó con 12 por ciento de mujeres, cuando la ley sólo recomendaba (no obligaba) a los partidos a postular una proporción no menor a 30% de las candidaturas de un mismo género. Esta proporción se hizo obligatoria poco después, y en 2014 se estableció la paridad de género obligatoria en casi todos los cargos de elección popular. Después de las elecciones de 2015, en la Cámara de Diputados hay una presencia de 43% de mujeres. Una norma igual se estableció para las candidaturas al Senado (que se aplicará por primera vez en 2018), en los congresos locales y en las planillas de regidores y regidoras de los municipios. Inclusive, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictó en 2015 el criterio de “paridad horizontal” en los municipios, lo cual significa que la paridad debe aplicarse también a las candidaturas a las presidencias municipales que los partidos postulan dentro de un mismo estado.
Pero como el peso de la tradición machista es grande y la tentación de darle vuelta a la ley es fuerte, las cuotas de género establecidas han enfrentado obstáculos a su aplicación efectiva. Hace unos años se hicieron famosas las “diputadas Juanitas”: algunos partidos postulaban mujeres a puestos legislativos para cumplir la cuota de género, pero, una vez que llegaban al cargo, las diputadas renunciaban y sus suplentes, que casualmente eran hombres, ocupaban el asiento. Fue necesario estipular en la ley que las fórmulas de candidatos propietario y suplente tenían que ser del mismo género.
Otra forma de evadir parcialmente la efectividad de las cuotas de género ha sido postular candidatas preferentemente en distritos o municipios donde su partido tenía pocas probabilidades de ganar. Para prevenir esa práctica, la ley electoral ordena a los partidos determinar criterios que eviten asignar candidaturas de un mismo género en distritos donde hayan obtenido los porcentajes más bajos en los comicios anteriores. Por su parte, el Tribunal Electoral precisó reglas para hacer efectivo ese propósito, que consisten en garantizar la paridad de género dentro de cada “bloque de competitividad electoral” (alta, media y baja). En las próximas elecciones federales y locales, los efectos de las nuevas reglas seguramente se reflejarán en una presencia femenina más elevada en las cámaras y los ayuntamientos.
El criterio de paridad de género está ganando rápidamente carta de naturalización en otros ámbitos de la vida pública. Por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral estableció desde 2014 la paridad en los nombramientos de consejeros y consejeras de los Organismos Públicos Locales (autoridades electorales de los estados). La misma regla se aplica para designar a los integrantes de los Consejos Locales y Distritales del INE, que conducirán las elecciones federales en las entidades federativas.
No obstante estos avances en la equidad entre los sexos, aún falta mucho por hacer. Es notable que en nuestros días, sólo un Poder Ejecutivo de las entidades federativas esté en manos de una mujer: Claudia Pavlovich, de Sonora. De hecho, en toda la historia de México sólo nueve mujeres han sido gobernadoras; la primera fue Griselda Álvarez, de Colima, en 1979). De las 18 secretarías de Estado del gobierno federal, sólo tres son encabezadas por mujeres; de 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia, sólo dos son mujeres; en el propio INE, de 11 consejeros electorales (incluido el presidente), cuatro son mujeres.
Decir que resta mucho por hacer en igualar la representación política de mujeres y hombres no debe inducir a pensar que es poco lo que se ha hecho. En el ranking mundial de la representación parlamentaria de las mujeres, México pasó del sitio 31 en 1997, al séptimo en nuestros días (después de Ruanda, Bolivia, Cuba, Islandia, Nicaragua y Suecia). Vale la pena insistir. El mundo es mejor desde que las mujeres han ganado más libertades, derechos y oportunidades. Y ese logro y lo que falta por hacer deben interesar también a los hombres.
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RESUMEN
