Ante los terremotos que han dejado cuantiosas víctimas y damnificados en el centro y sur del país, dirigentes de diversos partidos coincidieron en la necesidad de renunciar de manera parcial o total a recursos públicos que les son entregados por ley para campañas electorales o actividades ordinarias durante éste o el próximo año.
El financiamiento a institutos políticos proviene del erario público, y por lo tanto, no implica una donación privada o individual de cada militante, sino una propuesta para reasignar dineros públicos en lo que es prioritario. Estamos en emergencia nacional, en medio de una tragedia inmensa que requiere sumar esfuerzos de todas y todos, buscar formas para ayudar a la población afectada por los sismos del 7 y 19 de septiembre y hacerlo de la manera más expedita. Los fondos son indispensables para actividades de rescate, servicios médicos, reconstrucción de inmuebles, alimentos y una larga lista de urgencias.
Por la vía de acuerdos excepcionales es posible tomar medidas en esa ruta de reasignación presupuestal. Las prerrogativas etiquetadas para un fin partidista pueden canalizarse así, con un acuerdo inmediato en cosas distintas, por vías institucionales. Ahora es intrascendente debatir los aspectos técnicos o jurídicos de si pueden o no darse recursos, porque sí se podrá y se va a realizar respetando esos márgenes de ley, apostando por el sentido común que está primero con las víctimas sin margen a dudar. El INE no será obstáculo sino aliado y facilitador para que todos los partidos que promueven esta medida la concreten.
Así lo haremos ya, cortando cualquier tramo burocrático que obstaculice el flujo de recursos, pero garantizando su transparencia, apelando a la vigilancia ciudadana, a la honestidad intelectual, a la ética de actores políticos que no pueden permitirse la tentación de convertir el desastre en un foro propagandístico de engaño y simulación. No pueden jugar al quién da más, quién menos, quién es el que da por bueno y quién por malo. Ahora no es el momento, los recursos son públicos, aplaudo la decisión de quienes ya anunciaron las aportaciones, todas son útiles, todas son necesarias.
En el año 2009, el IFE puso los tiempos oficiales en radio y televisión al servicio de la emergencia sanitaria de la influenza, lo hizo en acuerdo formal y el TEPJF validó el criterio para utilizar un recurso público etiquetado para un fin, en otro que era más importante en esa coyuntura.
Hoy nadie puede ignorar la situación que vive México. Salir a las calles de la capital basta para ser testigos de una realidad que nos obliga a tomar otro rumbo en muchos sentidos. No volverá la normalidad pronto, de hecho nunca volveremos a ser los mismos.
Hoy hay todavía personas llenas de dolor, muchas entre los escombros, miles sin hogar de la noche a la mañana.
La desgracia mostró un rostro de ciudadanas y ciudadanos que como hace 32 años salen de forma espontánea, participan, se organizan solos y solas, brindan apoyo día y noche con sus propios recursos, con sus manos. Ese trabajo voluntario en cadenas humanas se funde con militares, marinos, bomberos, topos, estudiantes, empresas e iglesias. Las instituciones públicas, los partidos, los gobiernos tenemos que estar a la altura de esa ciudadanía y la vara es alta, muy alta.
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RESUMEN
