El 30 de septiembre se habrá cumplido el primer ciclo completo de integración de 18 institutos electorales estatales; el procedimiento puede no ser perfecto, pero es transparente y con márgenes de discrecionalidad muy estrechos
Este martes 12 de septiembre el Consejo General del INE designó a 53 consejeros electorales de los Organismos Públicos Locales (OPL) de 18 entidades federativas. La gran mayoría de esos nombramientos corresponde al relevo escalonado de los consejos de esos organismos, previsto en la reforma electoral de 2014: de seis consejeros electorales y un presidente, tres consejeros fueron nombrados entonces por tres años para que, al terminar éstos, fueran relevados por consejeros que en adelante serían designados por siete años.
De esta forma, el próximo 30 de septiembre se habrá cumplido el primer ciclo completo de integración de 18 institutos electorales estatales, además de cubrirse algunas vacantes generadas por motivos diversos. (Cabe aclarar que los consejeros y consejeras designados para Zacatecas asumirán su cargo hasta enero de 2018 conforme a la fecha en que fueron nombrados en 2014). El año próximo deberán hacerse designaciones análogas para 13 OPL, más las eventuales vacantes que se presenten.
Estas designaciones tienen importancia no sólo porque se cumple un mandato de ley. Importan, en primer lugar, porque los consejeros recién nombrados se integrarán a órganos colegiados que ya están funcionando y serán los responsables de conducir las elecciones locales de 2018. Se incorporarán a un tren que ya está en marcha, e inyectarán frescura y nuevos equilibrios internos.
Tales designaciones importan también porque reafirman algunos de los principios y las reglas que el INE ha adoptado para seleccionar y designar a consejeros de los OPL: convocatoria abierta, para que todos los ciudadanos interesados y que cumplan los requisitos de ley puedan participar; evaluación objetiva de conocimientos y aptitudes, a cargo de instituciones académicas de prestigio; cumplimiento del principio de paridad de género; entrevistas personales a los aspirantes por varios consejeros del INE, transmitidas en tiempo real y disponibles para el público; atención a observaciones por parte de los partidos políticos; selección colectiva y análisis de perfiles por parte de los consejeros del INE, con cédulas de evaluación que justifican su decisión, y finalmente, deliberación y votación en el Consejo General.
El procedimiento puede no ser perfecto, pero es transparente y con márgenes de discrecionalidad muy estrechos.
Vale la pena explicar el sentido de la regla de equidad de género, adoptado por el Consejo General del INE desde las primeras designaciones de 2014. Responde a la convicción de que la vida social e institucional será mejor en la medida en que se haga efectiva la igualdad de derechos y de oportunidades para hombres y mujeres. Para remontar la herencia de muchos siglos de discriminación y exclusión de la mayoría de las mujeres de la vida política, no basta la igualdad ante la ley; son necesarias acciones afirmativas para compensar desventajas estructurales y ancestrales, a fin de igualar gradualmente el punto de partida.
En 2014, de 108 puestos de consejeros designados, 57 fueron mujeres y 51 hombres; de 18 presidencias de consejo, 10 fueron para mujeres y ocho para hombres. Poco después, en ese año, también se designó al OPL de Zacatecas, en el que se nombraron tres mujeres y cuatro hombres, uno de ellos como presidente. Los nombramientos de 2015 siguieron un patrón semejante. Y de las designaciones de 2017 (incluyendo las de Colima, que se anticiparon un poco a fin de cubrir la vacante en la presidencia), 28 fueron para mujeres y 29 para hombres. A partir del próximo 1 de octubre, habrá en el conjunto de OPL de todo el país 95 consejeras, 97 consejeros, 14 presidentas y 18 presidentes.
La experiencia ha demostrado la bondad del principio de equidad de género. Las mujeres están aportando su capacidad al igual que los hombres. No hay hasta ahora ninguna evidencia de que las cualidades necesarias para la función de consejero se distribuyan en magnitudes diferentes entre los sexos.
Y con una perspectiva de mediano plazo, puede decirse que con la adquisición de habilidades en la práctica, se está formando una generación de consejeras y funcionarias electorales que demostrará con resultados que la política y la función pública, al igual que muchas otras esferas de la vida, no tienen por qué reservarse como ámbitos preferentemente masculinos.
Los sucesivos procesos de designación de integrantes de los consejos de los OPL van dejando enseñanzas que permitirán mejorar los criterios y procedimientos. Una de esas enseñanzas es que el examen de conocimientos (primer filtro de aptitud para el cargo), por su elevado contenido de derecho electoral favorece a abogados y funcionarios electorales, en detrimento de otras especialidades y experiencias profesionales y sociales.
Es cierto que los consejeros deben conocer las normas de los procesos electorales, pero las funciones directivas del cargo requieren también de otras habilidades que bien pueden ofrecer profesionales de otras áreas. Habrá que valorar, sobre todo, la capacidad y el carácter para tomar decisiones, construir acuerdos y ejercer el cargo con independencia.
Que sean bienvenidos los ciudadanos de disciplinas profesionales y experiencias diversas, si su vocación es servir a la democracia con imparcialidad e independencia. Oportunamente deberán diseñarse otros instrumentos de evaluación para trazar el perfil más idóneo de los futuros consejeros y consejeras electorales.
Los OPL cuyos consejos se renuevan parcialmente con estas designaciones tienen la oportunidad de combinar venturosamente la experiencia de los tres años anteriores de los presidentes y consejeros que continúan en sus cargos, con sangre fresca e ideas nuevas. Deberán revisar sus rutinas de trabajo, que si bien son necesarias en general para el funcionamiento de las instituciones, también pueden ser perniciosas porque perpetúan deficiencias o vicios que ya no se perciben por quienes los practican.
La ceguera de taller debe superarse con una prudente apertura a la crítica y la innovación. Especialmente los presidentes de los consejos deberán ser sensibles a las propuestas e iniciativas de los nuevos consejeros y consejeras; brindarles toda la información necesaria, sin regateos, y saber que los consensos se construyen con razones y argumentos, no con unanimidades forzadas o simuladas.
La inmensa tarea de conducir en 2018 las elecciones federales y las locales en 30 entidades federativas requiere una coordinación eficaz entre el INE y los OPL, con respeto a las atribuciones de cada organismo y, por encima de todo, con un alto sentido de responsabilidad política. Esta renovación parcial de los consejos de los organismos locales deberá fortalecer esa responsabilidad.
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