Hace unos días, el semanario Desde la Fe (órgano de difusión de la Arquidiócesis Primada de México) arremetió en una editorial contra todos los partidos políticos, acusándolos de obtener recursos públicos “desorbitados”, calificando la fórmula que define su financiamiento como “mañosa treta que pone en duda la naturaleza y espíritu de la Reforma Electoral”, ley “inmoral” que el Congreso debe modificar, a juicio de esa publicación religiosa.
Sin duda son muchas las voces fuera de la Iglesia que lejos de reproches espirituales o morales, de manera legítima, coinciden con que es necesaria una revisión al cálculo de financiamiento público que se destina a las actividades de partidos, en que se deben discutir cambios diversos a las leyes electorales. Hasta ahí todo bien. Muchas de esas posturas críticas han sumado simpatía y demostrado que existen alternativas legislativas para racionalizar el presupuesto a partidos sin privatizar la política. La reciente Ley Kumamoto en Jalisco avalada por la SCJN es un buen ejemplo.
Una deliberación ciudadana, política y legislativa bastante intensa sobre este asunto es más que deseable, pero hasta este momento no había sido una discusión en manos de ministros del culto. No debe serlo según la Constitución vigente, donde se establece que está prohibido censurar leyes desde el púlpito o desde la propaganda y publicaciones de carácter religioso.
La religión y la política no son una buena mezcla a juicio de la Carta Magna. En una democracia, las libertades de culto y expresión deben garantizarse sin duda, pero es un hecho también que la historia antigua y reciente nos muestra que son igualmente válidas las fronteras que impiden abrir resquicios al fundamentalismo, el cual siempre gana terreno cuando la vida política, las leyes, los gobiernos o la impartición de justicia se conducen a partir de la fe y no a partir del Derecho y los principios del Estado laico.
El Artículo 130 constitucional prohíbe por eso que las iglesias y ministros de culto hagan política electoral, prohíbe a ministros de culto “oponerse a las leyes” del hombre o pronunciarse en favor o en contra de partidos y candidaturas a través de sus publicaciones. Es una disposición textual y vigente que puede discutirse o modificarse, pero que hoy no puede ignorarse.
Lo que hace el semanario Desde la Fe no es un conjunto de críticas equiparables a las hechas por cualquier otro medio de comunicación.
Hemos visto en elecciones recientes cómo desde el activismo religioso se pide no votar por partidos que promueven leyes favorables al matrimonio igualitario, cómo se persigue y estigmatiza la libertad sexual con una mano y con otra se ignoran, encubren o censuran escándalos de pederastia que requieren acciones y castigos en el ámbito jurídico y no sólo en el espiritual.
Las normas que nos rigen dicen que no es correcto sugerir en un órgano oficial de carácter religioso que se abroguen leyes vigentes o que no se aprueben las que protejan derechos de grupos vulnerables como los homosexuales, discriminados por estigmas durante décadas.
En las leyes terrenales no pueden imponerse los preceptos de las leyes divinas, de ahí que exigir que no se vote por partidos que en opinión de ciertos jerarcas religiosos impulsan normas “inmorales”, es una vía riesgosa. Hay muchas llamadas de atención sobre el impacto de esa intromisión que es una realidad y que ha ido creciendo en tiempos electorales.
En el 2016 el mismo semanario Desde la Fe se subió a la cruzada en contra de cualquier iniciativa de ley favorable a la libertad sexual. El discurso que pedía combatir matrimonios igualitarios encontraba en esa publicación un argumento adicional, en donde la diversidad sexual no podía tener cobijo legal, entre otras cosas, porque “el ano” tenía sólo la misión biológica de “expeler”.
En realidad no es una posición generalizada de “la Iglesia” esta penosa conducta, sino de algunos de sus representantes que optan por no respetar la Constitución defendiendo, en cambio, una supuesta función única del ano en marcos jurídicos. En contraste, son omisos cuando se trata de condenar oportunamente a pederastas religiosos.
Es absolutamente válido cuestionar los recursos que reciben los partidos, incluso abrir un debate sobre los derechos que como ciudadanos tienen los ministros de culto, pero a punto de iniciar proceso electoral es muy importante prevenir que los principios de laicidad vigentes no sean letra muerta.
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