Aunque las leyes electorales mexicanas establecen con claridad cuándo comienzan formalmente las contiendas por cargos de elección e inclusive sancionan severamente los actos anticipados de campaña, muchos políticos encuentran resquicios legales para promover su imagen pública y tomar ventaja antes de tiempo. Algunos dirigentes utilizan los tiempos de radio y televisión asignados a sus partidos para difundir su nombre, voz, rostro y mensaje; servidores públicos de todos los niveles y colores partidarios hacen publicidad de acciones y servicios de gobierno para construir su futura candidatura en forma más o menos velada; legisladores aprovechan la ocasión de sus informes para hacerse propaganda personal, inclusive a veces sin informar gran cosa de su labor legislativa; otros aspirantes a cargos de elección, con o sin partido, se las ingenian para colocar su imagen personal en las pantallas o la vía pública con cualquier pretexto. Muchos de ellos quieren ser candidatos y casi siempre es notoria su intención, pero todos se cuidan de no llamarse abiertamente tales, porque la ley prohíbe que lo sean antes de tiempo.
Son muchas las voces que reclaman a las autoridades electorales, pero especialmente al INE, poner freno a esas prácticas. De hecho, las quejas más frecuentes y formales provienen de los partidos y sus militantes, que no quieren que los otros partidos y militantes les tomen ventaja haciendo precisamente lo que aquéllos también hacen o intentan hacer. Cada actor político invocará la libertad de expresión y su derecho u obligación de informar de sus acciones públicas para propagar su nombre e imagen, y el mismo exigirá a la autoridad que impida que los otros lo hagan porque la ley lo prohíbe o debería prohibirlo. Se crea así un juego de acusaciones mutuas que enrarece la competencia aún antes de que ésta se inicie formalmente.
La autoridad electoral, a su vez, se siente compelida a regular ese juego de todos contra todos, porque uno de los principios de nuestro sistema electoral es la equidad en la contienda. La libertad de expresión es consustancial a la democracia y a la competencia electoral, pero debe conciliarse con reglas que impidan que nadie tome ventajas indebidas. Tal conciliación no es fácil, menos aún, cuando las leyes no son suficientemente expresas para fijar con precisión los límites a la libertad de expresión que requiere la equidad deseable. Si la autoridad privilegia la libertad de los actores políticos para moverse y difundir sus dichos y hechos, puede tachársele de omisa; si se empeña en regular esas manifestaciones para proteger condiciones equitativas para la competencia, se le puede acusar de censora o de exceder sus facultades. La ley otorga al INE muchas atribuciones para organizar elecciones y fiscalizar los ingresos y gastos de los partidos, pero le da pocas facultades expresas para regular las acciones de gobiernos y servidores públicos que puedan hacer inequitativa la competencia electoral.
Recientemente, el Consejo General del INE aprobó dos acuerdos con lineamientos que buscan crear condiciones equitativas para la ya cercana contienda electoral de 2018: uno, para regular la aparición de dirigentes y voceros partidistas en los tiempos oficiales de radio y televisión, y otro, conocido coloquialmente como cancha pareja, para regular la propaganda de autopromoción de servidores públicos y la adquisición de espacios de publicidad por aspirantes a cargos de elección antes de iniciarse los periodos de pre-campaña. El propósito es justo si queremos tener elecciones equitativas, no viciadas de antemano por el uso de recursos públicos para favorecer a funcionarios y legisladores, o por campañas apenas disfrazadas de otros aspirantes políticos. Sin embargo, muchos se sintieron afectados en sus intereses y recurrieron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a impugnar los acuerdos del INE.
Hay quienes han dicho repetidamente que las decisiones del INE para regular la propaganda gubernamental o la publicidad de aspirantes electorales tienen la intención de perjudicar a determinados personajes o a gobiernos de un color partidario en particular. Pero la cantidad y variedad de actores que impugnaron el acuerdo de cancha pareja desmienten con elocuencia esa presunción. Fueron en total 352 los recursos de impugnación que se interpusieron, provenientes de cinco partidos en cuanto tales, 183 diputados, 52 senadores, la Presidencia de la República, ocho gobernadores, 16 presidentes municipales, 23 empresas difusoras de radio o televisión y algunos particulares con aspiraciones políticas. Esa multitud de impugnantes está pintada de todos los colores partidarios, y motivada por diversos intereses políticos y económicos. No puede decirse que el INE pretende limitar a unos en beneficio de otros. Más bien, se hace evidente que son muchos y muy diversos los que quieren incidir en las elecciones antes de que se inicien las campañas electorales.
La Sala Superior del TEPJF revocó por mayoría el acuerdo del INE, porque consideró que este organismo se excedió en sus facultades reglamentarias hasta invadir facultades reservadas al Poder Legislativo. En particular, los magistrados juzgaron que el artículo 134 constitucional, que prohíbe la propaganda personalizada de los servidores públicos, sólo puede ser reglamentado por el Congreso de la Unión. Muy bien; es su facultad. Lo malo es que los legisladores debieron cumplir esa tarea desde 2008, y no lo han hecho. La cancha que el INE quería poner pareja, en beneficio de todos, tal vez no resulte tan pareja.
Las decisiones del TEPJF tienen que ser acatadas por el INE y éste así lo hará. Pero el INE no declinará de su compromiso con la equidad en la contienda. Ejercerá todas sus atribuciones, conforme a la ley y dentro de los límites que le imponga el Tribunal Electoral, para propiciar condiciones de libertad y equidad para todos los contendientes. Espero que actores políticos y periodistas no sigan exigiendo al INE hacer lo que la ley y los jueces no le permiten.
De cualquier forma, el INE está y seguirá trabajando para garantizar una contienda limpia, para que los poderes públicos no intervengan indebidamente en las elecciones y, por encima de todo, para que los ciudadanos mexicanos puedan votar en libertad y con la confianza de que sus votos serán contados fielmente para determinar el rumbo político del país.
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