Muchas gracias, Consejero Baños. Colegas, permítanme intervenir en este punto.
Una de las herramientas que utilizó el Estado Mexicano para estimular el pluralismo político en los últimos 20 años, ha sido el financiamiento público.
Desde la Reforma de 1993 en que se establecieron las primeras reglas para el financiamiento público de los partidos políticos en la ley, se definió un modelo mixto de financiación de la política, con el propósito de asegurar condiciones mínimas para la competencia electoral, contribuir a la transparencia de los recursos invertidos en la política y asegurar el predominio de los recursos públicos sobre los privados para evitar que los intereses particulares que subyacen a las aportaciones privadas, inevitablemente, distorsionen las contiendas y las prioridades de quienes eventualmente asumirán un cargo de representación
Para ello, se establecieron reglas para los topes de gastos de campaña, límites al financiamiento de los particulares y se definieron las fuentes prohibidas de recursos.
Estas reglas se estrenaron en los comicios de 1994 y permitieron conocer, por primera vez, cuánto gastaron los partidos en las contiendas de ese año. Esa información, a su vez, permitió que en su momento y previo a la reforma de 1996, el entonces Presidente Ernesto Zedillo declarara, que las elecciones en las que había sido elegido habían sido legales, pero claramente inequitativas.
De ahí que uno de los propósitos de la Reforma de 96, fue contribuir a la equidad de las contiendas clarificando las reglas del financiamiento público, mismas que en lo esencial se mantienen hasta la fecha.
En primer lugar, una distribución equitativa como ya lo señalaba el Consejero Baños, del 30 por ciento de la bolsa de recursos destinados a financiar a la política por el Estado, de manera igualitaria, y 70 por ciento conforme a la votación obtenida.
En segundo lugar, distinguir el financiamiento ordinario del destinado a las campañas.
En tercer lugar, crear mecanismos para calcular los topes de gasto.
Y finalmente la creación de una Comisión de Fiscalización del Consejo General con estructura y funciones permanentes, que en un lapso desapreció, pero hoy como saben está reintroducida por la Reforma de 2014.
Como se puede apreciar en esta apretada recapitulación, las disposiciones vigentes para definir el financiamiento público son muy similares a las de aquel México, el de hace 20 años.
Ha habido cambios, sin lugar a dudas, el más importante, el fundamental es el que ha llevado a establecer en la Constitución el mecanismo, la fórmula que el Instituto Nacional Electoral instrumenta para determinar el cálculo de la bolsa total de dinero a repartir.
De entonces a la fecha, sin embargo, el país ha cambiado sustancialmente. Hoy tenemos un sistema de partidos plural y competitivo, la alternancia es una posibilidad real en cada contienda, ya que esta queda en manos de los electores, no ha habido una sola elección en la que los votantes no hubieran tenido la posibilidad de escoger al menos, entre dos candidatos antes de emitir su sufragio y contamos con disposiciones en materia de transparencia y rendición de cuentas que hacen de la actividad electoral uno de los ámbitos más vigilados y escrutados de la vida pública del país.
Además, contamos con un modelo de fiscalización que permite transparentar el origen y destino de cada peso que se utilice en las contiendas, permite conocer quiénes son los proveedores de cada partido, candidato o coalición, así como detectar eventuales omisiones cometidas.
Claramente el México de hoy, y basta una hojeada al mapa de la representación política es mucho más plural que el de 1996.
El pluralismo está enraizado en la sociedad mexicana y en sus estructuras. Este es ya una característica distintiva de nuestro país y nadie, por muy crítico que seamos de los avances de la vida democrática podría imaginar hoy en día una elección sin competencia.
Sin embargo, el Proyecto de Acuerdo que está en nuestra consideración para aprobar los montos de financiamiento público que ejercerán los partidos políticos nacionales en 2018, tanto para actividades ordinarias como de campaña y actividades específicas me parece que ha suscitado diversos cuestionamientos en días recientes en los medios de comunicación.
Es natural, el Anteproyecto de Acuerdo ha estimado o estima, con base en la fórmula establecida en la Constitución, y en esto quiero ser enfático. El monto de dinero que se está aprobando, que se va aprobar, que se propone aprobar hoy, no es una determinación arbitraria del Instituto Nacional Electoral, sino es simple y sencillamente la aplicación de una fórmula de cálculo de la bolsa de dinero público que se ha pactado, que ha generado un consenso político y que se ha plasmado en la Constitución.
Este Anteproyecto, este monto que asciende, como decía el Consejero Baños a 6 mil 745.9 millones de pesos para actividades permanentes y de campaña, implica el monto, hay que decirlo, más alto de la historia que el Estado mexicano destinará a financiar la política.
A este, además, hay que sumar el que recibirán las fuerzas políticas y eventualmente los candidatos que consigan los requisitos legales para contender como candidatos independientes por la vía del financiamiento público estatal.
Estas cifras han, naturalmente, generado una intensa reflexión. Una intensa controversia. Y hay que reconocerlo, en días recientes, en semanas recientes ha habido una discusión en el ámbito público que ha llevado, incluso, a plantear la necesidad de modificar la fórmula de cálculo del monto de los recursos y consecuentemente el monto de los recursos que destina el Estado a la política.
Quiero ser enfático en un posicionamiento personal que reiteradamente he vertido en este Consejo y en otros medios: Soy un defensor del financiamiento público y estoy claramente convencido de la pertinencia, de la preeminencia del financiamiento público sobre los recursos privados que puedan allegarse los partidos políticos.
Sin embargo, creo que es pertinente, sobre todo en los contextos actuales en los que el descrédito de la política, el descrédito de la institucionalidad pública, constituye una de las fuentes, tanto fuente como consecuencia, en general, del descontento con el funcionamiento de nuestra democracia, no podemos ser ajenos a esas reflexiones, no podemos ser ajenos a la necesidad que se ha planteado desde muchos ámbitos de discutir con amplitud, con objetividad, con serenidad, cuáles son los montos pertinentes que debemos destinar como sociedad a financiar la política.
Insisto, es indispensable mantener la lógica de preeminencia, desde mi punto de vista, del financiamiento público; el financiamiento público genera y es la base para propiciar condiciones de equidad, para generar autonomía de la política frente a los intereses privados o eventualmente ilegales, pero creo que ha llegado el momento de discutir con serenidad, insisto, con objetividad, la pertinencia de una racionalidad del propio financiamiento.
Este es el monto con el que iremos a las Elecciones de 2018, pero al cabo de las mismas me parece que es pertinente que haya una amplia discusión nacional, sin atavismos, para atender lo que es un legítimo reclamo de la propia sociedad.
Este Instituto, sin lugar a dudas, debe convertirse en un eje que convoque a la discusión, a esa discusión, y a eso nos comprometemos hacia el futuro.
Versión estenográfica de la intervención del Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, en el punto 2 de la sesión extraordinaria del 18 de Agosto de 2017, en el que se establecen las cifras del Financiamiento Público de los partidos políticos Nacionales y de gastos de campaña del conjunto de candidaturas independientes para el ejercicio 2018
-o0o-