Muchas gracias, es un honor compartir la mesa con los colegas que la integran.
Yo quiero en esta intervención, aterrizar las reflexiones sobre resiliencia y los riesgos para la integridad electoral al caso mexicano, no puede ser de otra manera, y menos todavía faltando apenas unos 23 días para que arranque el proceso electoral más complejo y grande de la historia del país.
Parto de una premisa. El sistema electoral de México ha avanzado a la par de los desafíos y de las distintas necesidades que se han enfrentado y que se le han planteado a la sociedad y a la política a lo largo de las últimas tres décadas al menos.
Es decir, el nuestro, la construcción de nuestro sistema electoral ha sido un proceso paulatino y gradual que ha sido en buena medida modelado y construido, planteado a partir de un amplio debate público y de una intensa discusión en sede parlamentaria, pero no sólo entre las fuerzas políticas.
Este proceso gradual, paulatino, largo y sedimentario, es decir, acumulativo, se ha articulado a través de varias y grandes reformas electorales a lo largo -insisto- de prácticamente las últimas cuatro décadas.
Estas reformas han ido enfrentando distintos desafíos que tienen que ver uno y otro con la construcción de un sistema electoral y de un sistema democrático cada vez más robusto, o si se quiere, si se me permite, cada vez más integral desde la perspectiva de la integridad electoral.
En una primera instancia, la necesidad ineludible era la de abrir el sistema de partidos al pluralismo político, así como la representación política. La ruta seguida desde los años 70 y los años 80 en este sentido, nos han permitido transitar, desde este punto de vista, de un país monocolor con la hegemonía de un partido político, que por cierto llevó a Giovanni Sartori a identificar el caso mexicano como el ejemplo de los sistemas de partido hegemónico, y por otro lado, la representación proporcional como una punta de lanza para abrir poco a poco la representación política al creciente pluralismo.
En un segundo momento, las preocupaciones se centraron en crear instituciones y procedimientos electorales que garantizaran por un lado la secrecía, pero por otro lado, la libertad y el efectivo peso, el efectivo valor del voto.
Esto era indispensable a principios de los años 90 para poder transitar hacia un sistema electoralmente democrático.
Y finalmente, el que ha ocupado las preocupaciones, el tema que ha ocupado las preocupaciones en los últimos 20 años, es tratar de ir generando poco a poco condiciones de equidad más equilibradas en la competencia por el poder político.
Por un lado, el dinero estableciendo reglas de la financiación, pero también, controles sobre la misma y, por el otro lado, la regulación que desde hace más de una década existe en materia de acceso a los medios de comunicación y las prohibiciones al respecto han sido justamente los ejes a través de los cuales paulatinamente se han creado condiciones de equidad en la competencia.
Cada proceso electoral, y esta es una premisa que creo que se conjuga con la idea de que la integridad no es algo que llega de una vez y se queda para siempre. Cada proceso electoral presenta, desde este punto de vista, desafíos y retos para la institucionalidad democrática, porque, hay que reconocerlo, ninguna elección es igual, idéntica a las que le antecedieron.
Cada reforma, por otro lado, genera también nuevas expectativas. La última de ellas, la de 2014, además de fortalecer las capacidades, y en buena medida, concentrar atribuciones electorales en el Instituto Nacional Electoral en materia de fiscalización y como el órgano responsable de crear los criterios, de generar los criterios y los procedimientos, sistematizados, estandarizados y homogenizados para las elecciones locales, la reforma de 2014 también trajo consigo la expectativa de generar mayores controles en el dinero, pero no sólo, aunque particularmente en el dinero, que fluye a las campañas electorales, ya no sólo federales, sino particularmente a las elecciones locales.
Si la dimensión local constituyó buena parte del terreno del desafío que se quiso enfrentar con la reforma de 2014.
Las tres rondas de procesos electorales que se han realizado con el sistema vigente, las elecciones concurrentes con la federal de 2015, las de 2016 y la de 2017 son, digamos, un ejemplo claro de cómo las capacidades no sólo en la interpretación de la autoridad electoral, sino la resiliencia de la misma autoridad electoral poco a poco ha venido con esta lógica acumulativa, desplegándose.
Poco a poco, en este sentido, se han mejorado las capacidades y los procedimientos institucionales y se ha abonado al fortalecimiento de la democracia a nivel local.
Dos ejemplos de los anterior, me parece que son elocuentes y en buena medida irrefutables.
Hasta ahora se han realizado 24 elecciones de gobernador y en 14 de ellas ha habido alternancia. Nunca antes en un periodo de tres años en elecciones locales había habido tantas alternancias en el plano de las elecciones de gobernador como en los últimos tres años.
Y por supuesto, bajo la premisa de que las elecciones de 2017 todavía están en una fase de calificación, así que estas cifras dependerán de lo que diga el Tribunal Electoral y podrían, eventualmente, moverse.
En segundo lugar, esto creo que es un ejemplo de cómo esta reforma y la instrumentación paulatina de la misma se ha traducido también en un fortalecimiento del pluralismo y de la competitividad electoral.
Las diferencias entre el primero y segundo lugar de todas las elecciones de gobernador que se han realizado en los últimos tres años nunca habían sido tan cercanas, tan bajas.
Y el otro ejemplo es el de la fiscalización. Las capacidades de la autoridad electoral, del INE como órgano responsable exclusivo de fiscalizar las cuentas de los partidos, tanto en las campañas federales como en las campañas locales, se han incrementado paulatinamente bajo una lógica de aprendizaje y perfeccionamiento institucional, que es de alguna manera, también, la capacidad de resiliencia de la propia autoridad para hacer frente, por cierto, a cada vez más sofisticadas estructuras y estrategias financieras de los partidos políticos y de los contendientes para ocultar gasto electoral a las autoridades electorales.
Así, permítanme un comparativo de esta mejora, un comparativo de un año a otro, de 2016 a 2017, el año anterior, en 14 elecciones locales el INE auditó alrededor de mil 600 millones de pesos. Hoy, este año, con sólo cuatro elecciones locales, se auditaron mil 250 millones de pesos, proporcionalmente la capacidad de auditoría del INE se incrementó.
Voy más allá, el año pasado, en 14 elecciones el INE logró detectar lo que llamamos 17 mil 500, de los que llamamos testigos de gasto; es decir, pruebas recabadas en el trabajo de campo que evidencian un gasto y que tiene que ser respaldado, sustentado, documentado por los partidos políticos.
Este año, en sólo cuatro elecciones logramos mejorar la capacidad de recabar eso que es indispensable para compulsar, para evidenciar el gasto, lo que ocurre en la calle, lo que vemos durante las campañas en el día a día de las campañas, logramos recopilar cerca de 79 mil testigos de gasto.
Es decir, en cuatro elecciones frente a 14, logramos mejorar sustancialmente la capacidad de recabar evidencia -digamos- de gasto durante las campañas.
Y esto trajo como consecuencia, que el año pasado el INE pudiera identificar-repito- en 14 elecciones, 77 millones de pesos de gasto no reportado frente a los más de 230 millones de pesos que hasta ahora se han identificado, hay algunos procedimientos que están en curso y que con toda probabilidad estimamos aumentarán el gasto no reportado al orden de los 350 millones de pesos en sólo tres elecciones.
Esto se ha derivado, por supuesto, en un incremento sustantivo de las multas a los partidos políticos.
Ahora, la base de la resiliencia de una autoridad electoral, desde mi punto de vista, a tres años de instrumentación de la reforma de 2014 y del nacimiento del Instituto Nacional Electoral, me parece que se centra en dos rubros fundamentales, no son los únicos, de nueva cuenta, pero son fundamentales.
Uno, y en esto quiero ser enfático, es la indispensable vocación autocrítica que deben tener las autoridades electorales y de las que depende su capacidad de adaptación y de aprendizaje institucional a los nuevos retos, demandas y expectativas que elección a elección se ponen sobre la mesa.
Desde este punto de vista hacer un corte de caja de la actuación que hemos tenido las autoridades electorales en las elecciones de este año resulta indispensable para identificar, por un lado, lo que se hizo bien y fortalecerlo de cara al próximo ciclo electoral, e identificarlo lo digo sin medias tintas, identificar lo que no se hizo bien, lo que se hizo mal para tratar de corregirlo, y ese es justamente en las que estamos.
Y en segundo lugar la capacidad de escucha de la crítica, porque esta es indispensable para una mejora continua, ayer se señalaba por varios expositores cómo la construcción de un proceso electoral no puede pretenderse sea sólo una responsabilidad de las autoridades electorales que juegan un rol fundamental sin lugar a dudas.
Pero hay un conjunto de responsabilidades de una multiplicidad de actores cuyo contexto de exigencia reciproco resulta indispensable para que las elecciones tengan esa vocación de resiliencia y consecuentemente vean en los problemas un área de oportunidad de mejor continua.
Ayer lo dije y hoy lo reitero, bienvenida la crítica tan intensa y fuerte como sea necesario, pero ojalá tan objetiva como sea posible. Es la critica que pone datos que subraya, digamos, elementos, que evidencia, digámoslo así las fallas de la autoridad electoral, la que le sirve a la autoridad electoral para tratar de mejorar.
Y vuelvo a subrayarlo, bienvenida la crítica, es más, hoy es tan indispensable y necesaria porque el tiempo para ajustar reglas, para corregir procedimientos y eventualmente, digamos, para prepararnos de mejor manera a los futuros procesos electorales resulta indispensable.
Los datos que la crítica aporte, si la autoridad electoral no se ensimisma, son indispensables para la mejora, necesitamos datos tanto como necesitamos la crítica.
Es en esa lógica como vamos a 2018 y me acerco al final.
2017, como decía, nos deja una cantidad de experiencias, vimos una serie de fenómenos que no se habían presentado antes y que, enrarecieron el ambiente y que generaron una polémica que no se había tenido el año pasado, no quiero decir que el año pasado no hubo polémica poselectoral, porque de 12 elecciones de gobernador hubo alternancia en ocho, pero es un dato que hay que dejar subrayado.
Hoy la alternancia, aunque los proceso todavía tiene que calificarse, ha ocurrido en una de tres elecciones, insisto, pero esta historia no se termina hasta que el Tribunal Electoral no resuelva en definitiva.
Estas elecciones nos dejan enseñanzas como ha sido subrayado y discutido ampliamente en el ámbito público, hay temas en los que, por cierto, ante las omisiones del Poder Legislativo que se han identificado como fuentes de problemas y que han sido fuente de discrepancias, como por ejemplo, la ausencia de regulación legal, al principio de imparcialidad al que están obligados los servidores públicos, o la falta de una regulación secundaria a la propaganda gubernamental personalizada que está prohibida por la Constitución, es fuente permanente de problemas.
Y hay que decirlo, frente a lo que nos viene, frente a estas omisiones del legislador, como base de ese aprendizaje y de la exigencia que se ha generado, que se le ha generado al Instituto Nacional Electoral, hoy estamos tomando la iniciativa.
Hemos aprobado en las últimas semanas y se incrementará esta producción de regulación en las próximas, una serie de decisiones, una serie de reglamentaciones que debo decirlo con toda franqueza, creo que son necesarias, pero que no gustan.
Y uno de esos ejemplos es lo que hemos denominado el acuerdo “Cancha Pareja”, esto es, hemos planteado que en los meses, a partir del arranque del proceso electoral y hasta el inicio de las contiendas internas de las elecciones, digamos que se darán, de las designaciones que se darán en el periodo de precampañas, a finales de este año; ningún funcionario público o personaje público, que aspire a un cargo de elección popular puede hacerse proselitismo mediante el uso de dinero público o privado o recurso público que sea, porque la etapa del arranque del proceso electoral, nos mete, hemos considerado, en un periodo especial de prevención especial de la equidad de la contienda electoral de cara al arranque de la misma.
Bueno, este acuerdo no ha gustado. Y está abierto, venturosamente la ruta de la impugnación.
La fiscalización también nos deja enseñanzas, un tema polémico de las campañas de este año fue por ejemplo el uso de tarjetas en las que se prometía el cumplimiento de una prebenda, de un programa, de un beneficio en caso de que el oferente ganara la elección.
Fue objeto de una discusión intensa en el Consejo General, en algún caso, objeto de amonestación, de sanción. Bueno hemos decidido y estamos por reglamentar el punto que el próximo año no habrá ninguna otra tarjeta en la elección más aquellas que tiene en su mano y en su potestad de ejercer el árbitro electoral.
O bien la regulación de los programas sociales. Este año el uso de los programas sociales fue un tema controversial, hemos decidido emitir reglas para evitar el uso o la tentación del uso electoral de los programas sociales, por primera vez antes de que las elecciones comiencen, para que la sociedad civil, los medios de comunicación, las universidades, puedan auditar el ciclo presupuestario que se detonará en los próximos meses y en donde se tiene que sustentar el ejercicio o la sustanciación de los programas sociales.
Insisto, ¿esto no gusta? No, no gusta. ¿Afectamos intereses? Claro que afectamos intereses.
Las autoridades electorales inevitablemente afectan intereses, el día de hoy terminará la posibilidad de que se impugne el acuerdo “Cancha Pareja” y las últimas cifras que tengo es que ha habido 105 impugnaciones en contra de este acuerdo provenientes de los más distintos actores; desde legisladores federales y locales, hasta presidentes, algunos presidentes municipales, pasando por partidos políticos, medios de comunicación e incluso las consejerías jurídicas de dos estados y de la Presidencia de la República.
Pero la resiliencia electoral supone una lógica de aprendizaje de diálogo pero sobre todo de firmeza en el ejercicio de la toma de las decisiones como base, insisto, de la resiliencia institucional.
El INE, sobre estas bases, está listo para arrancar el proceso electoral dentro de 23 días. El proceso electoral más grande de nuestra historia y eso significa tomado decisiones, decisiones que en ocasiones afectan intereses, no podría ser de otra manera, es el rol inevitablemente de la autoridad electoral, cuando tiene que vigilar el cumplimiento de las normas y sancionar la violación de las mismas por parte de los actores.
Termino subrayando solamente una de las ventajas de nuestro Sistema Electoral que es producto de esa construcción de décadas y que hoy constituye un elemento, no solamente de legalidad, sino justamente de fortaleza institucional; la gran ventaja es que no hay ninguna de las decisiones del árbitro, o para decirlo al revés, todas las decisiones del Instituto Nacional Electoral son, y que generan alguna controversia que generan algunas incomodidad, son susceptibles de ser impugnadas ante el Tribunal Electoral.
El INE está haciendo y va seguir haciendo su trabajo, bajo la premisa de que todas sus decisiones son impugnables y eso es una ventaja, insisto, de diseño que vale la pena enfatizar.
Muchísimas gracias.
Versión estenográfica de la intervención del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, en el segundo día de la Conferencia «Integridad Electoral en América Latina», realizada en la Secretaría de Relaciones Exteriores
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