Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos.
En primer lugar agradecer la convocatoria de la Fundación Kofi Annan y la hospitalidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores y a Mari Carmen Alanís por este gran esfuerzo en coordinación de este importante evento.
Obviamente el concepto de integridad electoral nos obliga a pensar más allá de los que son procesos de organización de las elecciones y más allá obviamente del día mismo de ir a depositar un voto en una urna, y este tipo de eventos en donde podemos ver las experiencias de otros países son extremadamente importantes para advertirnos de los riesgos que podemos estar corriendo como otros países.
Si bien la historia de los últimos 30 años en México no tiene parangón con lo que acabamos de escuchar de boca de Mercedes, de lo que sucede hoy en Venezuela, o lo que Alejandra nos narra de esta historia compleja larga ya en Colombia, y empezamos a ver en nuestro país algunos fenómenos que no conocíamos.
Por ejemplo lo recientemente en el 2015, primeros síntomas de boicot a las elecciones, ya de una manifestación directa de boicot a las elecciones, tal vez por razones muy plausibles o justificadas en términos de insuficiencias sociales o de promesas de campañas políticas incumplidas, pero que antes de utilizar el proceso electoral como una forma de buscar opciones de gobierno u opciones política, utilizan al momento mismo de las elecciones como una forma de presión, ya sea para obtener algunas mejores condiciones de vida o para llamar la atención.
Pero también hemos vivido en los últimos años, si bien fenómenos focalizados en México, pero sí de incidencia de la delincuencia para llevar al poder en ciertas poblaciones claves, sobre todo en el tráfico de droga o en el sembradío de droga, ciertas autoridades a través de los propios procesos electorales, pero por eso la formación de esta mesa y la experiencia que podemos compartir con institutos nacionales diversos, creo que es de extrema importancia.
El tema es complejo, podría llevarnos mucho tiempo y para no abusar del mismo permítanme leer algunas reflexiones sobre lo que, desde mi punto de vista, es justo de México.
El concepto de integridad electoral nos da la oportunidad de reflexionar sobre el diseño electoral mexicano y el contexto social político y cultural que se despliega. Como todos sabemos las elecciones celebradas con integridad no son suficientes para mejorar por sí mismas la calidad de los gobiernos, en consecuencia al menos en México, tampoco han sido el vehículo para mejorar las condiciones materiales de vida de la sociedad en general, y valga decirlo, son precisamente el contexto en el que se organizan las elecciones.
Sin embargo, no dejamos de reconocer que los procesos electorales llevados a cabo con pulcritud y credibilidad organizados y sancionados por autoridades legítimas y prestigiadas, representan una base necesaria para que se estimule con rigor el juego democrático que posibilita el proceso de poder por la vía pacífica.
Para comenzar con el tema que nos han convocado, la prevención y el control de la violencia relacionada con las elecciones desde la perspectiva de la integridad, conviene repensar unas claves de nuestra historia democrática y el contexto social en el que se ha desarrollado.
Recordemos la gran transformación que vivió el Estado Mexicano y su política en la última década del siglo XX cuando logramos la transición democrática mediante causes institucionales, no fue como en otras regiones, resultado de una revolución o una dictadura, mecanismo que dio cabida a la representación y gobernabilidad reales fue justamente la vía electoral.
Desde 1977 hasta 2014 la dinámica reformista de modelo electoral mexicano ha sido una constante en la construcción democrática, lo constatan 11 reformas constitucionales y legales a lo largo de este breve periodo.
Hoy podemos decir, luego de al menos dos décadas de vivir en normalidad democrática, el paisaje político se pinta de todos colores, tenemos nueve partidos políticos nacionales y 32 partidos locales con registro respaldados por un robusto sistema de partidos que garantiza la equidad en las contiendas.
Desde 1989, cuando por primera vez hubo alternancia en un gobierno estatal, en este caso en el estado de Baja California en el Norte del país, han cambiado los partidos en el gobierno de los estados 52 veces.
Sólo hay cinco de las 32 entidades en que se divide la geografía electoral del país, no se ha experimentado la alternancia de ningún partido político.
Pese a todo lo anterior, una vez en el gobierno las fuerzas políticas no han conseguido resolver los problemas que aquejan a nuestra sociedad, en ese sentido, sin pretender que la discusión electoral esté superada, debe entenderse que resulta inaplazable la construcción de las condiciones materiales mínimas de bienestar que exige y merece la sociedad, incluso para dar condiciones adecuadas al trabajo de la autoridad electoral, para no hablar de aquellas que eviten la fragilidad democrática.
Vean ustedes, según datos de la última revisión de la pobreza que realiza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política y Desarrollo Social, en 2014 México tenía más de 55 millones de pobres, 46.2 por ciento de su población, de los cuales más de 11 vivían en pobreza extrema.
Debe decirse que en México la transición nos hizo pensar que la alternancia resolvería nuestros profundos males, habría más empleo, mayor crecimiento económico, mayor cobertura educativa, impartición de justicia efectiva, menos corrupción y un largo etcétera.
Lo dramático del caso mexicano es que se instaló la democracia sin conseguir el desarrollo que tanto anhela nuestra sociedad.
Así, las condiciones materiales de vida de los mexicanos han tenido un doble y pernicioso efecto en nuestra idiosincrasia actual. Por un lado, han contribuido a pervertir y a descomponer el entramado social y la convivencia cotidiana enmarcada por el indeleble sello de la corrupción, somos, según la OCDE el país con el índice más alto de corrupción de los que integran esa organización en nuestra región.
Por otro lado, las precarias condiciones materiales han producido un efecto desmoralizador y han enrarecido el ánimo social, exacerbado la desconfianza, destruido el interés de participar en los asuntos públicos y reproducidos masivamente la desesperanza.
Los resultados de una encuesta nacional sobre calidad en la ciudadanía encargada por el Instituto Nacional Electoral y titulada Informe País arrojan datos muy preocupantes.
Por ejemplo: menos de la mitad de los encuestados dijo confiar en las instituciones y organizaciones políticas y sociales, sólo 36 por ciento confía en el gobierno federal, y 30 por ciento en sus gobiernos locales.
La experiencia mexicana plantea una paradoja, hemos logrado consolidar un sistema democrático y tiene como principal respaldo a una de las maquinarias electorales más complejas y con mayores facultades en el mundo que ha podido garantizar que cada voto cuente y se cuenten bien, y una participación y una pluralidad de partidos en condiciones equitativos de competencia logrando innumerables ejemplos de alternancia política y representación partidista.
Sin embargo, la sociedad pareciera estar cada vez más alejada de los partidos, de las instituciones, de la toma de decisiones públicas, a la gente no le interesa participar porque cree que su participación no tiene ningún efecto positivo en su vida cotidiana, no ha experimentado la recompensa social que debería reportar una activa y recreativa entidad civil.
Este escenario de descontento social, ha sido el perfecto caldo de cultivo para el surgimiento de una serie de males que no hemos sabido enfrentar de manera efectiva, la violencia es quizás el más perturbador de todos.
Suele pensarse que la violencia está exclusivamente vinculada al multimillonario negocio del narcotráfico, que en los últimos 12 años, desde que el gobierno federal declaró la guerra contra el mismo, ha acumulado un saldo alrededor de 120 mil muertos y 30 mil desaparecidos.
Pero cierto es que la violencia en México tiene varias caras, además del crimen organizado vivimos inmersos en una permanente conflictividad social que se manifiesta aquí y allá, en bloques carreteros, la toma de espacios públicos, la vandalización de instalaciones gubernamentales, los linchamientos, y por supuesto está la delincuencia común: asaltos, robos, violaciones, etc.
Recurro nuevamente al Informe País, solo para ofrecer algunos datos de la experiencia cotidiana del ciudadano común, uno de cada cuatro encuestados dijo haber sido víctima de la delincuencia, de ellos 61 por ciento no denunció el delito y más de la mitad que si lo hicieron creen que su denuncia no sirvió de nada, más aún 6 de cada 10 ciudadanos consideran que la ley se respeta poco o nada.
Esto no se resolverá con las elecciones, lo que requiere el país es un mejor desempeño de sus gobiernos, del compromiso de todos los actores sociales: empresarios, medios de comunicación, organizaciones civiles, etcétera, para involucrarse en la vida pública de manera mucho más intensa, permanente, no coyuntural comprometidos en una (inaudible) honesta.
Hace falta construir una cultura cívica que posibilite transformar nuestra convivencia social, el INE ha entendido la promoción de la cultura cívica como un eje central para abonar a la integridad electoral a conseguir una verdadera transformación y que además involucra a las instituciones democráticas.
Por eso, además de trabajar intensamente en mejorar nuestro trabajo técnico electoral, hemos detonado una política pública para hacer un llamado a la conciencia que convoca a todos los sectores de la sociedad en este esfuerzo de construir un futuro mejor.
Hace años este esfuerzo colectivo no admite ser un supuesto México atraviesa una coyuntura crítica para definir el futuro del país, estamos en la antesala de una elección en que se renovarán 3 mil 416 cargos de elección popular, incluidos todos los cargos federales así como nueve gubernaturas locales, hemos dicho mucho de que se trata de la elección más grande y compleja que se haya organizado nunca antes en México, pues comprenden elecciones locales, 30 de las 32 entidades del país.
En el INE no tenemos duda, habrá elecciones libres, legales, transparentes, equitativas, que podrán ser vigiladas en cada una de sus etapas, con resultados verificables en todo el país.
El problema que enfrentamos, donde se encuentra el verdadero riesgo, no es en el trabajo técnico para organizar elecciones, ni siquiera en el abigarrado diseño electoral, necesitamos un pacto, compromiso de todos los actores para atender la paradoja que nos mantiene inmersos en el círculo vicioso del que no logramos escapar, y cuando me refiero a todos, somos todos, no sólo las autoridades electorales.
Mientras los grupos al frente del aparato estatal no avancen en resolver con eficiencia la desigualdad, la inseguridad, el acceso a la educación, a servicios de salud de calidad, entre una larga lista de derechos que hoy en día se encuentran vulnerados, la democracia será una idea y el contexto electoral seguirá acompañado por un potente riesgo de violencia.
Aquí, aunque importante y necesario, lo que se logre con elecciones técnicamente bien organizadas seguirá siendo insuficiente. Muchas gracias.
Versión estenográfica de la intervención del Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, en el Tercer panel de discusión “Prevención y control de conflictos de la violencia relacionada con las elecciones”, realizado en el marco de la Conferencia Integridad Electoral en América Latina, realizada en la Secretaría de Relaciones Exteriores.
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