El 14 de julio se presentaron al Consejo General del Instituto Nacional Electoral el dictamen consolidado y el proyecto de resolución de los informes de ingresos y egresos de las campañas electorales, así como las quejas vinculadas a las mismas, con respecto a los procesos electorales ordinarios 2016-2017 y a los procesos extraordinarios en Oaxaca y Tlaxcala. No obstante, en la sesión de reanudación del 17 de julio, los acuerdos y las decisiones tomadas no sólo se circunscribieron a temas relativos a la fiscalización, sino también a la agenda de derechos humanos en el marco del proceso electoral 2017-2018.
Al respecto, el contexto político y electoral que vivimos da testimonio de la amplia experiencia con la que cuenta esta autoridad electoral, referente a una especial vocación para incentivar una sana convivencia social, así como una apertura total para que la ciudadanía haga suyos los asuntos de toma de decisiones.
La construcción de estos escenarios ha sido posible derivado de nuestro actuar basado justamente en el respeto a los derechos humanos, dentro de los cuales se encuentran los políticos, lo cual implica hacer efectivo el principio de progresividad en la búsqueda de una protección más amplia de las ciudadanas y los ciudadanos, para garantizar la maximización de sus derechos durante los procesos electorales federales y locales en el país.
Lo cierto es que el principio pro persona se ha venido implementando en el INE en espectros tendientes a abarcar espacios cada vez más amplios de acción. Por lo que, en esta línea narrativa, fue aprobado el cronograma de actividades para la elaboración de un protocolo que sirva para adoptar las medidas que garanticen el derecho al voto de las personas cuya expresión de género no coincida con la información contenida en su credencial para votar. Ya que para todas y todos nosotros es necesario establecer acciones que, desde el ámbito de nuestras atribuciones, garanticen el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía, particularmente en este caso el ejercicio del voto, sin que sean objeto de exclusión las personas de grupos que se encuentren en situación de vulnerabilidad, como aquellas que tienen una expresión o identidad de género que no acate los mandatos sociales tradicionales.
Para nadie es novedad que dentro de las políticas del Instituto Nacional Electoral se encuentra, de manera fundamental, aquella dirigida a suprimir cualquier tipo de discriminación, pues representa una tarea imprescindible que conforma nuestra agenda institucional, y que tiene como base los instrumentos legales y normativos nacionales así como los tratados internacionales de los que nuestro país es parte.
Con ello, el mensaje que debemos mandar a la ciudadanía es muy claro: el fortalecimiento democrático es nuestro desafío y nuestro compromiso más grande como autoridad electoral en el país, y más todavía cuando esta tarea es una ocupación constante, permanente y que siempre debe estarse alimentando de decisiones transcendentes cuando estamos en vísperas de vivir las elecciones más competidas y más grandes en nuestra historia democrática.
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