La semana pasada el Consejo General del INE aprobó un conjunto de normas que decidimos denominar reglas de “cancha pareja”. Con ellas lo que pretendemos es impedir que la capacidad de contratación o adquisición de propaganda por los aspirantes a una candidatura distorsione la equidad de las elecciones federales y locales de 2018.
El proceso electoral es un periodo de varios meses que arranca, de acuerdo con la ley, en la primera semana de septiembre del año anterior a la elección. Con el inicio de dicho proceso se activan formalmente y de manera paulatina las facultades del INE para organizar la elección. Sin embargo, tienen que pasar algunos meses (hasta finales del año) para que inicien las precampañas, es decir, el periodo en el que los partidos políticos realizan sus procedimientos de selección de candidatos, o en el que los aspirantes a ser registrados como candidatos independientes recaban los apoyos ciudadanos necesarios que establece la ley.
La idea que inspira a las reglas de “cancha pareja” es que, desde que arranca un proceso electoral y hasta el inicio de las precampañas, nos encontramos en un periodo de prevención especial de la equidad electoral, en el cual resulta pertinente que ninguno de los aspirantes a un cargo de elección popular realice tareas de proselitismo pagadas con recursos públicos o privados.
Esta decisión se tomó por parte del INE porque el Tribunal Electoral le mandató emitir una serie de reglas que regularan en qué condiciones y bajo qué modalidades podían aparecer en los tiempos de radio o de televisión que corresponden a los partidos políticos sus dirigentes y voceros.
El problema es que, si el INE le imponía restricciones a los dirigentes de los partidos, era pertinente regular también el uso de mecanismos de promoción pagada por parte de otros actores tendiente a posicionarlos de cara a una contienda electoral.
En esencia, las reglas que aprobó el Consejo General pretenden evitar que aquellas personas que van a buscar el voto popular como candidatos (ya sean de partido o independientes) utilicen, durante los meses que van del arranque del proceso electoral (es decir, del próximo 8 de septiembre) y hasta el comienzo de las precampañas, recursos públicos o privados, para obtener con ello alguna ventaja que contravenga el principio constitucional de equidad en las elecciones.
De esta manera se evita que en el periodo mencionado, por ejemplo, funcionarios públicos que no tienen una obligación legal de presentar un informe de labores en una fecha determinada —como ocurre con los legisladores— utilicen la posibilidad de publicitar sus informes para posicionarse de cara al electorado (con lo que se evita esa práctica que en la víspera de las precampañas federales generó tanta polémica en 2014, cuando los legisladores de un partido encadenaron durante meses publicidad pagada de sus presuntos informes). Más aún, si un funcionario que debe presentar su informe en una fecha determinada —como ocurre con los gobernadores— aspira a un cargo de elección popular en las próximas elecciones, tiene que renunciar a realizar la publicidad del mismo, porque ello se entenderá como que renuncia a participar en la contienda electoral por algún cargo.
En síntesis, todo el que aspira a ser candidato, desde que arranca el proceso electoral, tendrá que abstenerse de realizar cualquier gasto en cualquier medio, que esté encaminado a posicionarlo de cara a la ciudadanía; no importa que se trate de un servidor público federal o local, un dirigente o un militante de un partido político, o bien un ciudadano. Las reglas que se aprobaron valen para todos.
En caso de que haya alguna propaganda de ese tipo luego del 8 de septiembre, el INE le preguntará al beneficiario si aspira a algún cargo, de no ser así, la promoción puede continuar, en caso contrario deberá suspenderse de inmediato. Y en caso de que se mienta al INE, es decir, que se niegue en primera instancia una aspiración política y luego esa persona se registre como precandidata, o bien inicie la recolección de apoyos ciudadanos para convertirse en candidato independiente, los gastos realizados se computarán como gastos de precampaña y se sumarán para verificar que no se rebasen los topes correspondientes y, en su caso, se contarán además como actos anticipados de precampaña, que son sancionables.
Vale la pena hacer algunas precisiones adicionales:
Las reglas que se tomaron por el INE no tienen ningún destinatario específico, no fueron pensadas y redactadas para afectar o beneficiar a alguna persona o partido político. Se trata de reglas neutras e imparciales que se le van a aplicar a toda aquella persona que aspire a un cargo de elección popular.
- No son reglas que limiten la libertad de expresión. Ésta está garantizada, lo único que se regula es el dinero, es decir, los recursos usados para promover a aquellas personas que buscan ser candidatos. También está garantizada la tarea noticiosa de los periodistas, que podrán realizar entrevistas a cualquier político o personalidad pública, siempre y cuando ello no suponga un pago. El dinero es una cosa, la libertad de expresión otra.
- Tampoco se regulan las redes sociales (como equivocadamente han sostenido algunos en estos días). El uso de los mecanismos de comunicación en internet seguirán siendo tan libres como hasta ahora. Lo único que está prohibido es pagar para promoverse o hacer publicidad en línea. De nuevo, lo que se busca regular es el dinero, no la posibilidad de expresarse.
- Finalmente, hay quien ha sostenido que el INE llegó tarde a tomar estas decisiones porque hay quienes llevan mucho tiempo haciendo una promoción de su persona. No, no llegamos tarde, el propósito de las reglas aprobadas no es regular la vida política en todo momento, sino simplemente durante los procesos electorales. Fuera de éstos las reglas que aprobó el INE no aplican. La razón es simple: cuando arrancan formalmente los procesos comiciales toda la vida política orbita en torno a las elecciones, y por ello es pertinente cuidar la equidad en la contienda. Antes no, fuera de los procesos electorales creemos que es pertinente que la vida política fluya sin restricciones.
- La decisión que tomamos, estoy seguro, afecta muchos intereses; pero el convencimiento en la pertinencia de esas reglas lo refleja el amplio consenso que tuvo entre los consejeros electorales. Es probable que por esa decisión vengan nuevos embates contra el INE en los próximos días; son los costos de actuar con independencia y autonomía frente a las fuerzas políticas y a los muchos intereses que están en juego durante las elecciones.
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