A lo largo de poco más de dos décadas la fiscalización se ha convertido en un pilar del sistema electoral mexicano que responde a dos razones centrales: a) al principio de rendición de cuentas que supone el múltiple propósito de inhibir conductas ilícitas, transparentar los ingresos y gastos de partidos y candidatos, y b) contribuir a la equidad electoral garantizando que se respeten los límites al gasto autorizados para evitar que el flujo de recursos económicos sea determinante de una elección.
La natural tensión que existe entre dinero y política es la principal causa del mandato constitucional para controlar los ingresos y gastos de las campañas, y explica que en la reforma de 2014 se haya instituido un nuevo paradigma en esta materia que se dejó en manos del INE, y que fijó parámetros mucho más estrictos para los partidos políticos en el reporte de sus operaciones financieras.
Entre ellos, que la contabilidad se reporte en tiempo real; que los ingresos y gastos se plasmen en un sistema informático; el plazo de 45 días para concluir la labor fiscalizadora y la eventual nulidad de las elecciones.
El nuevo modelo se ha venido perfeccionando con el paso del tiempo, y es posible sostener que la fiscalización de 2017 es la más robusta desde 2014. Van algunos ejemplos:
a) En 2017 el INE auditó 1,258 millones de pesos de cuatro elecciones ordinarias; frente a los 1,612 millones de 14 elecciones en 2016.
b) En 2017 recabó durante las campañas electorales el número de testigos de gasto más alto de la historia (para compulsar la información presentada por los partidos): 78,613; dato que contrasta con los 17,445 testigos de 2016 y con los 40,066 testigos de 2015. Pasamos de 3.1 testigos de gasto por candidato en 2015 a 24.1 testigos por candidato en 2017.
c) Finalmente, el monto de gasto no reportado (es decir, el que con ánimo de ocultamiento o por error no es informado por partidos y candidatos al INE, y que es el resultado de la actividad de investigación de la autoridad electoral), hoy es mucho mayor. El dato es elocuente: mientras que en las 14 elecciones de 2016 se detectó un gasto no reportado por 77.3 millones de pesos, en las 4 de 2017 el monto no reportado detectado es de 364.2 millones de pesos. Estamos hablando de un incremento de 471% de un año a otro a pesar de que fueron menos cargos en disputa.
Ante estos datos de la robustez de la fiscalización, es necesario hacer una precisión de suma importancia: el INE es responsable de fiscalizar las cuentas electorales de los partidos y candidatos a nivel local; pero no determina los topes de gasto de campaña (que son determinados por los congresos locales) ni las consecuencias de la fiscalización en el proceso de calificación de las elecciones (que es competencia exclusiva de los Tribunales).
Esto es lo que explica que en las elecciones de gobernador los topes sean tan diferentes: en Estado de México son 285 millones de pesos (con un listado nominal de 11.3 millones de electores); en Coahuila de 19.2 millones y en Nayarit de 20.5 millones de pesos (aunque su listado nominal sea 2.5 veces más grande que el de Coahuila).
Tales disparidades son más evidentes si se considera el tope de gastos de campaña por elector: mientras para la elección presidencial de 2018, se ha estimado un tope de 427 millones de pesos que implica 5 pesos por elector (con un padrón de 87 millones de electores) el tope de gasto del Estado de México en 2017 fue de 25 pesos. Esto es ¡5 veces más alto que en una contienda presidencial! Esas incongruencias son el resultado de decisiones tomadas por las fuerzas políticas representadas en cada uno de los Congresos locales y plasmadas en sus leyes, no por el INE.
Esto es relevante porque en días recientes se ha abierto una intensa discusión sobre la posibilidad de que se anulen algunas elecciones como consecuencia de la fiscalización.
Pero esta expectativa no corresponde con las atribuciones que en el sistema electoral tiene el INE, que únicamente es responsable de determinar con precisión a cuánto ascienden los recursos recibidos y gastados en cada campaña, los reportados y los no reportados, sin tomar en cuenta las consecuencias que ello supone, ni las decisiones que competen a otras autoridades y poderes locales.
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