En nuestro país el objetivo que persigue la fiscalización es claro: transparentar el ejercicio del dinero invertido en la política, vigilar que se cumplan las prohibiciones y límites legales y, con ello, garantizar las condiciones de equidad en la contienda. De ahí que se haya convertido en un pilar del sistema electoral mexicano, y sin duda en un factor del que depende la credibilidad de las elecciones.
Hasta antes de 1993 las reglas que regulaban las finanzas de los partidos políticos habían sido pocas e insuficientes. Desde entonces ha corrido mucha agua bajo el puente. A partir de la reforma de 2014, los controles por parte del INE son cada vez más robustos y eficaces, a pesar de las estrategias contables e intentos de los contendientes para escapar al ojo auditor de la autoridad.
Los hechos me parece que hablan por sí mismos, y pongo dos datos: 1) en 2017 el INE auditó 1,258 millones de pesos de cuatro elecciones ordinarias, frente a los 1,612 millones de 14 elecciones en 2016, y 2) en 2017 el INE recabó 78,613 testigos de gasto durante las campañas electorales, que representan el número de testigos de gasto más alto de la historia (para compulsar la información presentada por los partidos); dato que contrasta con los 17,445 testigos de 2016 y con los 40,066 testigos identificados en 2015. Esto significa que la competencia electoral derivó que pasáramos de 3.1 testigos de gasto por candidato en 2015 a 24.1 testigos por candidato en 2017.
De manera paralela la equidad que se ha venido construyendo en las dos últimas décadas ha provocado elecciones cada vez más competidas. Dos ejemplos recientes lo evidencian: en Coahuila el margen de victoria en 2011 fue de 25%, mientras que en 2017 fue escasamente de 1.53%; en el Estado de México, en 2011 la diferencia entre el primer y segundo lugar fue de 40%, en tanto que en 2017 dicho margen disminuyó al 2.99%.
Más aún, en las 24 elecciones de gobernador que se han realizado desde 2015, se han concretado 14 alternancias. Es evidente, hoy las elecciones son más equitativas, son más transparentes y más vigiladas que antes.
Indudablemente la evolución de la competencia electoral ha sido la brújula que ha orientado el diseño del modelo de fiscalización para transparentar el dinero que se usa en las contiendas, y ha contribuido a que el modelo sea más robusto con la experiencia, los recursos técnicos y las atribuciones conferidas al INE.
Estamos claros de que no habrá fiscalización que sea suficiente ni dictámenes que dejen a todos los actores políticos y sociales satisfechos. Hay cuatro factores que debemos reconocer están detrás de las percepciones sobre las labores de auditoría e investigación financiera que hace el INE:
1) La desconfianza en instituciones públicas y partidos que priva en muchos sectores de la sociedad;
2) Que cualquiera que sea el resultado de la fiscalización siempre habrá uno o muchos que queden insatisfechos con los resultados;
3) Que las decisiones que en este tema tome el árbitro invariablemente serán juzgadas desde distintos enfoques e intereses, y
4) Que cada vez las normas son más complicadas y difíciles de comprender para muchos.
Pero si logramos desprendernos aunque sea un poco de esos factores, tal vez podamos coincidir en algo: que la fiscalización de hoy es más profunda que antes; que el trabajo de auditoría que debe realizar el INE en 45 días ha favorecido a una mayor transparencia de los ingresos y gastos involucrados en la competencia democrática; que ha exhibido públicamente las operaciones de los partidos con sus proveedores y que ha contribuido a que cada vez más personas puedan conocer cómo se gasta el dinero invertido en la política. Y lo más importante, todo eso se ha logrado sin menoscabar el derecho de audiencia que exigen las buenas prácticas y el debido proceso de los sujetos obligados, sin que nunca se haya comprometido la autonomía de la autoridad electoral.
RESUMEN
