En cada jornada electoral, los partidos políticos tienen derecho a contar con representantes de casilla, para que vigilen que la organización, votación, cómputo y escrutinio de votos en cada una se haga de manera correcta. También, los partidos pueden designar representantes generales —una suerte de coordinadores de los representantes de casilla. Es una práctica común que los partidos den algún tipo de retribución a estos representantes. Antes de la reforma político-electoral de 2014, por costumbre y sin ninguna norma legal que lo mandatara, los partidos reportaban estos pagos dentro de sus informes de gasto ordinario, y no en los de campaña (como éstas terminan 3 días antes del día de la elección, no se consideraba que sus gastos pertenecieran al periodo de campaña). Así, al llegar la reforma de 2014, el legislador quiso plasmar esta interpretación en ley. Sin embargo, esto cambió cuando la Suprema Corte resolvió una acción de inconstitucionalidad, y determinó que estos gastos deben considerarse como de campaña. La lógica detrás de esta decisión es que son gastos de campaña todos aquellos que se hacen en torno a una elección.
Otro de los cambios de la reforma de 2014 —que creó al INE— fue la centralización de la fiscalización. Es por esto que se ha buscado reforzar la rendición de cuentas. Al respecto, uno de los puntos más polémicos es justamente la estructura de representantes generales y de casilla. Lo que el INE está haciendo —al trabajar para mejorar la fiscalización de los gastos en estructura de representantes— cumple un doble cometido: por un lado, acatar una resolución de la Suprema Corte; por otro, transparentar y dar certeza sobre el gasto que los partidos ejercen el día de la jornada electoral.
En esta batalla, el siguiente paso es determinar cuánto gastan los partidos políticos en estructuras de representantes, lo que no es tarea fácil. Hay representantes que se ofrecen voluntariamente a trabajar sin remuneración; también, hay quienes trabajan sólo recibiendo alimentos y bebidas el día de la elección, pero también hay quienes reciben un pago por su trabajo. La acreditación de representantes que vigilen las casillas es un derecho que tienen partidos y candidatos, pero debe fiscalizarse —sobre todo porque gran parte de los movimientos se hacen en efectivo.
Lo anterior fue motivo de que el INE modificara las reglas de comprobación de gastos de estructura de representantes. Ahora, se exige a los partidos que recaben una constancia que demuestre que los representantes voluntarios aceptaron trabajar sin remuneración. De no presentarla, se asumirá que los representantes fueron pagados y que el gasto correspondiente no fue reportado. El INE se ha visto en la necesidad de reforzar estos mecanismos, a fin de crear los incentivos para que los partidos reporten verazmente los gastos que efectúen el día de la jornada electoral. Las decisiones que se tomen sobre este tema tendrán un impacto significativo en los dictámenes que el Consejo General discutirá mañana.
Si bien es cierto que lo que el INE está haciendo ahora es obedecer el mandato constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también es verdad que al hacerlo está respondiendo a una preocupación importante de la opinión pública: no es cuestión menor que la gente vea que el día de la elección haya manejos tan altos de efectivo en la casilla a la que va a votar. El INE debe encontrar la forma de transparentar este gasto para darle credibilidad a la fiscalización de las campañas.
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RESUMEN
