Pese a la irrupción del internet y las redes sociales que ganan espacio a pasos agigantados y al nutrido paisaje de medios impresos tradicionales que sin duda mantienen influencia y exponen todos los días distintas tendencias y visiones sobre un mismo hecho, la industria de la radio y la televisión mantiene un papel estratégico por su penetración general. Es clave en el ámbito electoral su alcance masivo que, acorde al Inegi, roza 100% de presencia en hogares mexicanos.
Se trata de plataformas privilegiadas para ejercer la libertad de expresión, pero también para que la ciudadanía use su derecho a saber de las cosas públicas, para que tome decisiones informadas sobre asuntos tan relevantes como elegir gobiernos o valorar ofertas políticas en juego antes de acudir a las urnas. De ahí que la falta de cobertura informativa, la ausencia de datos disponibles durante las campañas, incluyendo por supuesto la deliberación crítica libre que hagan periodistas o analistas sobre actores partidistas y candidaturas, lastima principalmente a audiencias, a las y los electores que se quedan sin información completa.
El modelo electoral de nuestro país establece a partir de esa preocupación, desde 1993, un mandato para que la autoridad electoral construya, antes de cada elección federal, un acuerdo con la industria de la radiodifusión en donde se concreten compromisos éticos generales, sugerencias para llevar a cabo esas coberturas de contiendas políticas procurando equidad, reflejar las alternativas que representa cada candidatura sin que se obligue a noticiarios o se les imponga una agenda editorial que milimétricamente destine los mismos segundos a todas las opciones y partidos, las mismas críticas o adjetivos.
La base de los llamados lineamientos de noticiarios está en el artículo 160 de la Legipe y ahí queda claro que no deben afectar la libertad editorial de comunicadores y medios, al contrario, pide expresamente que se consulte a organizaciones de concesionarios públicos, privados, de uso social o comunitario y también a las que agrupan a profesionales de la comunicación, todo a efecto de perfilar postulados que conciten acuerdo y se adopten voluntariamente para cumplirlos al momento de realizar coberturas informativas. Así por ejemplo, en el 2015 se logró consenso en que era deseable una cobertura noticiosa en medios masivos que no discriminara por cuestión de género a ninguna candidatura, que buscara equidad y no soslayar la visión de alternativas de partidos menos fuertes electoralmente que participan junto a los más grandes buscando el voto, en apostar siempre por la veracidad de lo que se difunde, promover debates, no trasgredir la vida privada de candidatas y candidatos, tener apertura para réplicas que precisen datos falsos o inexactos y evitar así confusión o zonas de silencio en detrimento de las audiencias.
De eso se tratan los lineamientos que deben estar concluidos antes del 20 de agosto de este año y que a su vez serán referente para otro ejercicio no coercitivo y fundamental, que es el monitoreo de espacios que difunden noticias, el cual arroja fotografías constantes sobre qué noticiario dedica más o menos tiempo a qué partido o candidato durante precampañas y campañas. De esa forma, se da oportunidad a la sociedad de conocer si hay o no pluralidad en uno u otro programa, si en su libre definición de contenido se optó por cubrir poco o mucho a una candidatura y no a otra durante las elecciones.
Las condiciones de libertad en los espacios informativos son necesarias, pero el peor escenario es que esa libertad se decantara por el silencio, por no cubrir elecciones. Sin cobertura, sin discusión pública, se renuncia a contextos deliberativos robustos que pongan por delante información al alcance de toda la población. Es verdad que no habrá partidos ni candidaturas independientes en busca de respaldo popular durante el proceso comicial del 2018 que no tengan garantizados segmentos para difundir mensajes en cada señal de radio y televisión (son 2,898 emisoras en total), que eso les permitirá poner sobre la mesa su oferta de gobierno o representación legislativa en los famosos spots, pero no basta la recepción unidireccional de contenido, en cualquier democracia, la deliberación necesita periodismo crítico, análisis y debate permanente en todas las plataformas de comunicación y contraste de posturas.
Existe una corresponsabilidad de medios, política y árbitros electorales para impulsar ese entorno de competencia informado, con cobertura libre, sin vacíos, sin omisiones que afectarían a la población y a la calidad democrática.
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RESUMEN
