Gracias por la invitación para estar en este importante panel donde me siento muy orgulloso de estar con la doctora Kurczyn, con mi amigo don José Luis Gutiérrez Espíndola, y con el señor Presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal, moderados por nuestro amigo Francisco Morales. Muchas gracias a todos por su presencia.
Este tema de la construcción de una nueva cultura de educación cívica se ha dado en el marco, como bien lo han mencionado ya mis antecesores en la palabra, de un enorme, pues una desconfianza que los ciudadanos han mostrado con relación al funcionamiento de las instituciones públicas.
Lo que la ENCCÍVICA hoy día está planteando es básicamente encontrar mecanismos de que el ciudadano pueda, de nueva cuenta, colocarse frente a las instituciones públicas, exigirles cuentas de cómo están realizando sus actividades, y encontrar los nuevos mecanismos de relación que debe de haber entre los ciudadanos y las instituciones públicas.
Yo sostengo y coincido aquí con lo que se ha dicho, que sería importante que en los diálogos, en el eje de la Verdad que plantea la Estrategia de Cultura Cívica, pueda sentarse un día un Procurador de Justicia frente a un público de ciudadanos y les pueda explicar por qué la gran mayoría de ellos piensa que no se debe denunciar la comisión de un ilícito o por qué los procedimientos son demasiado tortuosos, o por qué nadie hace nada sobre el particular.
También me parece que, particularmente las instituciones electorales, que hoy día estamos al frente de las elecciones federales y locales, tendríamos que colocarnos de cara a los ciudadanos para explicar detalles como los ocurridos en las elecciones recientes del estado de Coahuila donde el Conteo Rápido nos presenta ciertos rangos de votación donde la mayoría se la da al Partido Acción Nacional o el mayor rango de votación lo tiene el Partido Acción Nacional; y el Programa de Resultados Preliminares y los cómputos le entregan a un candidato distinto, al del PRI, los resultados mayoritarios.
Esa parte me parece que genera ciertos esquemas de confusión entre los ciudadanos y las instituciones, en este caso electorales, tienen que sentarse a explicar esas cuestiones.
Yo creo que tenemos un entorno propicio para ello, la evolución del México reciente en los últimos 20 años da cuenta de un andamiaje institucional y procedimental que permite hacer eso, la parte de transparencia y acceso a la información pública creo es un gran logro después de la emisión de la legislación federal en el 2002, y de toda la emisión de las legislaciones de acceso a la información pública que se dio en el ámbito de las entidades federativas entre el propio año de 2002 y el 2007, en una primera etapa de promulgaciones de esas legislaciones.
El acceso a la información pública se ha convertido, en mi opinión, en un instrumento privilegiado para que los ciudadanos conozcan información respecto a cómo trabajan las instituciones, pero también se ha colocado como una de las exigencias vitales para que las instituciones coloquen información en las páginas de acceso a todo el público por la vía del internet.
Esa parte es fundamental y yo también creo que la última reforma que se hizo en esta materia colocando a muchas instituciones que no estaban como sujetos obligados de la Ley de Acceso a la Información Pública se ha convertido en una gran cosa.
Ahora los partidos políticos están obligados también de manera directa, los sindicatos, y de manera especial, las universidades, también se han abierto a estos espacios que antes estaban cerrados para ese propósito.
La lucha, por ejemplo, en materia de acceso a la información que tienen los partidos políticos no ha sido sencilla.
En el año de 2007 incluimos en la ley electoral por primera vez un apartado para que los partidos tuvieran información disponible para los ciudadanos y que no solamente se entregara a través de los informes que les entregaban a las autoridades electorales. Aquí hubo una gran disputa a lo largo de muchos años respecto de a si los partidos deberían ser sujetos obligados directos o indirectos.
Muchas legislaciones locales e incluso la federal en una buena parte de su tramo de existencia los reconoció como sujetos obligados de manera indirecta. Ahora no, esa parte se terminó, por eso sostengo enfáticamente, también, que los partidos políticos deben colocarse de frente a los ciudadanos para explicar varias cosas.
Uno, cómo le hacen, por ejemplo, para decidir quiénes son sus dirigentes en los procesos internos que tienen los partidos, cómo le hacen para seleccionar a los candidatos, qué hacen con el financiamiento público en tanto el financiamiento público es la vía primordial de recursos que tienen los propios partidos.
También creo que en el ámbito de las autoridades gubernamentales, en el ámbito nacional, en los locales, en los municipales, esta misma obligación debe reproducirse. Si un Presidente Municipal, de acuerdo al presupuesto que tiene asignado opta por impulsar la construcción de salones de escuela y no un tramo de carretera o bien obras de electrificación o de alcantarillado, debe explicar por qué, debe haber algunas razones.
Hay, evidentemente, una serie de situaciones vinculadas a la cuestión de la corrupción y esos temas solamente pueden quedar, digamos en claro, cuando estas autoridades van y presentan la información de manera clara de qué está pasando con cada uno de los pesos que se entregan por la vía del presupuesto que se tiene asignado para el funcionamiento de estas instituciones.
¿Qué les preocupa a las autoridades electorales? También impulsando un enorme esfuerzo a nivel nacional para que todos en el ámbito gubernamental, en el ámbito de los órganos autónomos, en el ámbito de los partidos, en el ámbito de la academia, de las organizaciones sociales, empresariales, podamos converger en un esfuerzo nacional para impulsar una nueva cultura cívica del ciudadano.
Nosotros no queremos ciudadanos cuyo rol en la democracia se circunscriba exclusivamente al ejercicio del voto. Esa es una parte vital de la democracia política, pero no se agota ahí, el ciudadano tiene que tener un esquema de control sobre el ejercicio del poder, y particularmente de revisión sobre el ejercicio del presupuesto público.
Hay muchas cosas que nos faltan hacer. ¿Tenemos el andamiaje? Sí. ¿Tenemos instrumentos normativos? También. En el 2011 hemos incorporado en la Constitución a partir de esa reforma la connotación de los derechos humanos en sustitución de la categoría de las garantías individuales.
También hemos establecido el principio pro persona para que las autoridades judiciales y administrativas cuando resuelvan diferendos lo hagan beneficiando con la norma que mejor le reditué a una persona en ese diferendo. Esas cuestiones están ahí, me parece que hay que explotarlas de manera correcta.
¿Qué es lo que sigue? En la opinión de nosotros sigue construir todos los indicadores que van a permitir medir cómo es el ejercicio de las instituciones públicas, independientemente de la materia que tengan.
Yo sí creo que los foros de diálogo que nosotros hemos convocado para que podamos darle cumplimiento a la Estrategia Nacional de Cultura Cívica no debe circunscribirse a un esquema de conferencias donde tengamos algunos especialistas y hablemos de estos temas.
Creemos que las organizaciones sociales nos pueden ayudar a colocar a los ciudadanos frente a las instituciones públicas y a las instituciones públicas, a los servidores que estamos frente a las instituciones públicas frente a esos ciudadanos para ejercer el principio de la rendición de cuentas.
Esa parte nos parece fundamental, pero también creemos, insisto, que en un esquema social como el que nosotros tenemos en donde recientemente el CONEVAL o el propio INEGI han dicho que más del 50 por ciento de las familias mexicanas subsisten con un salario mensual de 3 mil pesos, es muy complicado que los ciudadanos estén pensando establecer esos esquemas de control hacia las instituciones públicas.
¿Cómo le hacemos para mediar en esa parte? Es justamente lo que tenemos que hacer todos en conjunto, y buscar juntos la solución para poder lograr un esquema de funcionamiento mucho más armónico.
Yo no creo que los temas de la corrupción le den para poder continuar en esa lógica al Estado Mexicano, son ya demasiado graves estos problemas que se están enfrentando.
Son muy graves también los cuestionamientos que se dan en términos de confianza hacia las instituciones de carácter público. Pienso de manera autocritica lo que está pasando con nosotros. La semana pasada el Reforma aludía a una encuesta en donde nos daban 34 por ciento de confianza con elecciones locales recientes.
Hoy ya por lo menos otro medio nos dice 36 por ciento, pero siguen siendo niveles bastante bajos en términos dela credibilidad. Más grave es en mi opinión otros niveles de credibilidad hacia los partidos políticos o hacia las instancias de gobierno que el Informe País reflejó en un 94 por ciento de incredulidad de los ciudadanos frente a estas instituciones.
No creo que los puntos de referencia de instituciones públicas como la Iglesia sean aquí puntos que sirvan para empaliar un poco el problema de la credibilidad en las instituciones.
La Iglesia no tiene problemas, es el dogma de la fe y se acabó, aunque se meten más en política que los políticos, por cierto, pero es un hecho que nosotros estamos tratando de integrar este enorme esfuerzo para tener una idea distinta de lo que debe ser un ciudadano, y de lo que debe ser fundamentalmente la cuestión del cumplimiento del principio de rendición de cuentas en una sociedad como la que estamos viviendo.
Dejo aquí esta primera intervención señor moderador.
Muchas gracias.
(Segunda Intervención)
Gracias.
Pues yo tengo amplias coincidencias con lo expresando tanto por la Comisionada como por el maestro José Luis Gutiérrez Espíndola, pero quisiera plantear varias cuestiones que en el ámbito de la vida electoral nos preocupan a nosotros.
Creemos, efectivamente, que tenemos que tener una ciudadanía en condiciones distintas para participar en la vida de la democracia mexicana y fundamentalmente, en la toma de las decisiones, por eso sí creemos que muchos de los temas vinculados a las elecciones tienen que darse a partir de un esquema distinto.
Ahora se va a poner en marcha en las elecciones locales del 2018 el tema de la reelección, y en la exposición de motivos de la reforma constitucional que dio motivo a la reelección o que fundamenta la reelección, se aludió a la necesidad de que se hiciera una evaluación del funcionamiento de los servidores públicos y de los legisladores que tienen opción a la reelección.
Pero esa evaluación de ese funcionamiento sólo se puede hacer a partir de ciertas herramientas. Cómo le hace un ciudadano para saber si un diputado local, que son en algunos estados donde se pueden reelegir o un presidente municipal donde también se pueden reelegir ahora, hizo bien su trabajo. Bueno, pues teniendo toda la información respecto de esa gestión, es justamente lo que decía ahora la Comisionada.
Si logramos generar en las instituciones públicas lo que en el argot del acceso a la información pública se conoce como la información socialmente útil y le ponemos a los ciudadanos los datos de manera muchos más precisa para que puedan hacer esa evaluación será mejor el trabajo, y ahí es donde la sinergia con instituciones de otra naturaleza como las organizaciones sociales, las empresariales, las académicas es donde puede, en mi opinión, funcionar.
Debates, como los que se tienen ahora, donde se plantea si el financiamiento público de los partidos políticos se puede o no disminuir, también se tienen que dar de cara a los ciudadanos, en mi opinión, es un tema que tiene varias aristas que deben ser aclaradas y tienen que ser corregidas en la regulación.
En México el único presupuesto que nunca se discute absolutamente para nada, porque no es posible hacerlo, es el de los partidos políticos, y esa fórmula legal me parece que no es conveniente, más allá de si la postura de Kumamoto es correcta o no, o de si se tiene que hacer de una u otra manera. Pero ninguna institución que reciba recursos por la vía pública debe de tener blindados los esquemas de cálculo de ese presupuesto, en ese caso el financiamiento público de los partidos políticos.
Otros detalles que me parecen también necesarios de ser aclarados para poder ir avanzando en el esquema de recuperación de confianza ciudadana está en no colocar estructuras normativas que hagan muy difícil separar las atribuciones de unas y otras instituciones.
En el debate de las elecciones del pasado 4 de junio, el entramado social no reconoce que hay atribuciones que le corresponde a los órganos electorales de los estados y otras que le corresponden al Instituto Nacional Electoral, pareciera que el Instituto Nacional Electora es la única institución de carácter electoral responsable de esa organización electoral en el ámbito federal y local, y creo que eso mismo le puede ocurrir al INAI, por ejemplo, con los temas vinculados al acceso a la información pública respecto de sus símiles en los estados de la propia República.
Creo que tenemos que tener bien claro ese tipo de cuestiones, o centralizamos de manera definitiva en ciertos modelos, o continuamos con estructuras administrativas que están dispersas a lo largo del país, y que atienden tramos específicos de la organización electoral en unos y en otros casos.
Creo también que hay ciertas consideraciones que también tienen que resolverse, como son: las líneas de interpretación judicial, que dejan a la, digamos, a la confusión de la sociedad muchos temas.
Pienso en una decisión que toma la autoridad electoral en un sentido y el Tribunal la corrige en otro. No porque el Tribunal no tenga facultades para hacerlo, eso también lo quiero decir con toda claridad, los tribunales juegan un papel de control de legalidad, pero en el ámbito social eso genera ciertas confusiones, y obviamente no genera esquemas adecuados de credibilidad en las instituciones de carácter electoral.
Nos preocupan también situaciones vinculadas a los niveles de participación en las elecciones, si hacemos una retrospectiva nos vamos a dar cuenta cómo en elecciones intermedias los porcentajes de participación de los ciudadanos han venido disminuyendo.
En 91 en una elección intermedia sólo para Diputados y para la renovación de la mitad de la Cámara de Senadores participó el 67 por ciento de la Lista Nominal. En la elección intermedia del 2003, varios años después, solamente participó el 41.8 por ciento del electorado.
En una elección Presidencial el record está en el 94, con el casi 77 por ciento. Mientras que en una elección de la transición, por ejemplo, de la alternancia política en el 2000, hay un 63 por ciento con Fox, y un 62 más o menos con Calderón, o con Peña más o menos igual un 62 por ciento de la Lista Nominal. Esos porcentajes de votación han disminuido.
Hay otros elementos que también hay que ponderar a la inversa porque situaciones como las que se dieron en Guerrero donde los ciudadanos ven amenazada la posibilidad de la organización de las elecciones, colocan la participación ciudadana muy por encima de la media de lo que fue la elección del 15, 47 por ciento fue el promedio nacional, mientras que en Guerrero, con toda la problemática que hubo en esa entidad federativa se colocó por el 56 por ciento. Casi 10 puntos arriba de la media nacional.
Entonces, hay comportamientos distintos de los ciudadanos mexicanos, de las personas mexicanas que están colocadas frente a la forma en que las instituciones públicas actuamos.
Creo que lo que tenemos que hacer es otra vez colocarnos de frente con ellos, hacer una exposición clara de las cosas que se realizan desde las autoridades administrativas, judiciales, de gobierno, legislativas, y obviamente someternos al rigor de esa crítica y asumir la parte de las propuestas que tengan los ciudadanos en el ejercicio de las actividades que le corresponden a cada quién, pero particularmente en la definición de las políticas públicas.
Esa parte es la que me parece a mí central en estos esquemas.
Versión Estenográfica del Consejero Electoral Marco Antonio Baños en el panel de especialistas de la Mesa “Cultura Cívica y Empoderamiento Ciudadano”, realizada en el marco del 12° Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos de México, que se llevó a cabo en el centro de exposiciones y congresos UNAM, 29 de Junio de 2017
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