La atención y tensión política de estos días está concentrada, de forma natural, en el desenlace de las elecciones del 4 de junio.
En Coahuila, dos candidatos se dicen ganadores de la gubernatura mientras que los datos iniciales que generó la autoridad electoral no permitieron saber a quién favorece la votación: el conteo rápido estimó para los dos punteros intervalos que se “cruzan” —en ese caso cualquiera puede ganar— y la duda no la despejó el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
En el Estado de México, también los dos más votados se dicen ganadores, y aunque la estimación del conteo rápido presentó porcentajes de votación que no se “tocan” y perfilan una tendencia a favor de la coalición liderada por el PRI, hecho que fue confirmado por el PREP que reunió 97.67 por ciento de las actas de casilla, el partido Morena no ha reconocido el resultado y pide el recuento de la votación.
Con menos visibilidad pública, pero con indudable importancia local, se dieron elecciones muy cerradas en diversos municipios de Veracruz y Nayarit.
Esta incertidumbre, ¿es el síntoma de una crisis? Me parece que el diagnóstico corresponde, más bien, a elecciones altamente competidas, de final de fotografía, obviamente con alta electricidad política en el ambiente, que exigen que los procedimientos para transparentar y dar certeza al resultado final de cada elección se apliquen con todo rigor y precisión. La buena noticia es que esas herramientas existen y son las que se están aplicando en este momento.
Nuestro marco legal dice que los cómputos oficiales, los únicos con validez para determinar ganadores y perdedores, inician el miércoles siguiente a la jornada electoral y así ocurrió ayer. En los cómputos en consejos distritales o municipales se contrasta cada acta de escrutinio de cada casilla —el domingo el INE instaló el 100 por ciento de las 34 mil 75 casillas programadas—, y si los partidos detectan alteraciones o inconsistencias, pueden pedir la apertura del paquete electoral y el recuento de los votos. Sí, vale reconocer que la ampliación de las causas de recuento se debe a la exigencia de “voto por voto” de 2006. Ahora han de volverse a contar los sufragios, de acuerdo con el artículo 331 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuando: el paquete electoral se reciba con muestras de alteración, los resultados de las actas no coincidan, se detecten alteraciones evidentes en las actas, si no llega el acta, existan errores o inconsistencias evidentes en las actas, si el número de votos nulos es mayor a la diferencia entre primer y segundo lugar, cuando todos los votos depositados sean a favor de un mismo partido. Como se ve, prácticamente se abrirá todo paquete que tenga alguna inconsistencia de datos o genere duda fundada.
Los representantes de partidos políticos y candidatos independientes, están presentes en los cómputos y ahí, en cada consejo municipal o distrital se verificará el resultado de cada casilla. Luego, se hace la suma, el cómputo y así, paso a paso, con vigilancia y certeza, se construye el resultado final. En ese sentido la elección no ha concluido y los derechos de revisión de cada actor político están a salvo y ejerciéndose.
Entonces no estamos inmersos en una crisis electoral, sino instalados en la ruta legal prevista ante comicios cerradísimos porque la gente así lo decidió con su voto. Eso sí, no es un escenario apto para los ansiosos.
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RESUMEN
